Este domingo los ecuatorianos votan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A la hora de definir si Ecuador marcará el regreso del correísmo o la continuidad de la derecha, un aspecto clave será el futuro financiero del país. Desde hace dos años, el cerco de la austeridad y de la deuda se ha estrechado. El ganador de la contienda tendrá la delicada tarea de enderezar una economía sobre la cual pesa la sombra de la deuda.
Doblemente golpeados en los últimos años por la pandemia y los recortes presupuestarios, los ecuatorianos deben escoger este domingo quién, entre el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, tomará el relevo presidencial. Unos 13,1 millones de electores están llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular mandatario Lenín Moreno, cuyo período de cuatro años concluirá el 24 de mayo.
La austeridad será un factor determinante en la balanza de los electores.
“Ecuador se encuentra con los niveles más altos de deuda de su historia reciente”, dice a RFI el economista y profesor de la Universidad Central de Ecuador, John Cajas Guijarro. “El país adquirió con el Fondo Monetario Internacional en el año 2019 un primer acuerdo que no llegó a concretarse y que incluso se suspendió porque varias medidas no llegaron a implementarse. Una de ellas fue justamente la que motivó las protestas en octubre de 2019 que fue el retiro de los subsidios a los combustibles. Llegamos a otro acuerdo en el 2020, el más grande de la historia del país: 4000 millones de dólares que ya fueron entregados. Entonces, los dos candidatos, van a verse obligados a renegociar ciertas partes de ese acuerdo para aliviar los pagos que tiene que hacer el Ecuador. En los cuatro años del próximo gobierno, se tienen que pagar 40.000 millones (de dólares) de servicios de la deuda pública. Es un monto demasiado fuerte”.
Arauz, delfín del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), desde el sur de Quito disparó contra el gobierno del mandatario Lenín Moreno, al que acusó de haberse "vendido a los banqueros" tras haber llegado al poder impulsado por el correísmo.
Por su parte, Lasso, un exbanquero conservador, sostuvo que la nación "vive ahora la mayor crisis de su historia: sanitaria, económica, de valores y de seguridad ciudadana".
"En la campaña los discursos siempre han dominado por encima de las estrategias concretas"
“Si gana el candidato Arauz, lo que se esperaría es que se mantenga el acuerdo con el FMI, pero probablemente se estiren o se relajen lo más que se puedan las condiciones”, dice Cajas Guijarro.
“Y hacer lo que también hizo Correa, que es acudir a otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha sido otro financista importante. Porque, para completar el contexto ecuatoriano, China, por ejemplo, que es un acreedor del país, ya desde hace varios años no ha dado financiamiento al Ecuador. Tal vez con Lasso se pueda acceder a más financiamiento. Esas son las dos posibilidades que se ven en el ambiente. Pero en la campaña los discursos siempre han dominado por encima de las estrategias concretas”.
La falta de estrategia ha llevado a los ecuatorianos a una realidad dramática, apunta el economista.
“Antes de la pandemia, cada habitante del país tenía en promedio un ingreso anual de 6300 dólares”, dice Cajas Guijarro. “Con la llegada de la crisis de coronavirus ese ingreso cae a, más o menos, unos 5500 dólares por habitante. Según datos y estimaciones oficiales, de cada 10 trabajadores sólo tres se pueden considerar en pleno empleo y con un salario mayor al básico”.
La deuda externa pública de Ecuador, con 17,4 millones de habitantes, creció de 26.897 millones de dólares (27% del PIB) en mayo de 2017 a 45.199 millones (45% del PIB) en enero pasado, de acuerdo al Banco Central.
El periodo corresponde al del gobierno saliente de Lenín Moreno, que alegó el despilfarro de Correa, su exaliado y antecesor, para endeudarse con el FMI y emitir bonos.
Además de reglas de austeridad, el FMI impuso a Ecuador más impuestos, medidas anticorrupción, el aumento del IVA y una ley que dé independencia al Banco Central. El plan apunta igualmente a que el país reduzca hasta el 57% el peso de la deuda total sobre el PIB, incluida la interna, que asciende ahora a 63.885 millones de dólares (63% del PIB).
El programa de ajuste incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que detonó la protesta indígena de 2019 que dejó once muertos y unos 1.300 heridos.
Moreno, que termina su mandato hundido en la impopularidad, debió dar marcha atrás, con lo que incumplió lo pactado, y ante la crisis pandémica el país está abocado a una renegociación del acuerdo.
De su lado el FMI, a través de su director para las Américas, Alejandro Werner, anticipó que "el Fondo siempre está abierto a modificar los programas".
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