Tras un dramático aumento de los asesinatos en un solo fin de semana el mes pasado, la reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele fue rápida y extrema.
Envió a los soldados a los barrios pobres para acorralar a miles de personas que, según él, eran miembros de pandillas, y luego los hizo desfilar ante las cámaras de noticias en ropa interior y esposados.
Tuiteó fotos de detenidos que habían sido golpeados y ensangrentados por las fuerzas de seguridad, sugiriendo que "tal vez se habían caído" o "estaban comiendo papas fritas y se mancharon con ketchup".
Y empezó a dar a los presos del país dos comidas al día en lugar de tres, advirtiendo que, si la violencia continuaba, "juro por Dios que no comerán ni un grano de arroz".
Es un aspecto distinto para Bukele, que en los últimos meses se ha centrado en presentarse ante el mundo como un moderno innovador tecnológico en busca de convertir a El Salvador en un paraíso de la criptomoneda.
Bukele no sólo está adoptando ahora las técnicas de mano dura de los líderes latinoamericanos del pasado, sino que está yendo mucho más allá, utilizando la ola de homicidios -que dejó 87 muertos en tres días- como pretexto para suspender las libertades civiles y atacar a la prensa.
En los últimos días, Bukele y sus seguidores en la Asamblea Legislativa ordenaron un estado de excepción que restringe la libertad de asociación, suspende la norma de que los detenidos sean informados de sus derechos en el momento de la detención y niega a los presos el acceso a los abogados.
Ahora los sospechosos pueden permanecer detenidos durante 15 días sin cargos, en lugar de sólo 72 horas, lo que significa que la gran mayoría de los detenidos recientes aún no han visto a un juez. El Congreso también autorizó penas de prisión de hasta 15 años para los medios de comunicación que difundan mensajes de las pandillas, un estatuto vagamente redactado que los activistas de la libertad de prensa temen que Bukele utilice para reprimir a sus críticos de los medios.
"El aumento de los homicidios no debería ser una justificación para la suspensión total de los derechos", dijo Ruth López, directora de anticorrupción de la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal.
Desde que asumió el cargo en 2019, Bukele y sus aliados en el Congreso no han dejado de acumular poder. Se han hecho con el control de la Corte Suprema, han sustituido al fiscal general por un aliado de Bukele y han destituido a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores, una purga que, según Human Rights Watch, ha dejado "prácticamente sin instituciones independientes capaces de supervisar al poder ejecutivo".
Que Bukele utilice la oleada de homicidios como pretexto para consolidar aún más el poder no es una sorpresa para muchos de sus críticos, que creen que puede estar preparándose para permanecer en el cargo más allá de 2024, cuando se supone que debe dejar el cargo, ya que la Constitución de El Salvador prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos.
Pero también dicen que puede haber otro motivo para su nueva postura de dureza contra el crimen: desviar la atención del creciente fracaso de su experimento con las criptomonedas.
"Esto no es una política pública ni parte de un plan de seguridad", dijo López. "Esto es una total improvisación basada en las relaciones públicas y en el pulido de su imagen".
El año pasado, Bukele sorprendió a muchos en El Salvador cuando impulsó una propuesta en la Asamblea Legislativa que convertía el bitcoin en moneda de curso legal junto al dólar estadounidense.
La medida fue elogiada por los evangelistas globales de la criptomoneda, pero preocupa a los economistas y a los prestamistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que ha indicado que no dará a El Salvador un préstamo a menos que se aleje del bitcoin.
En respuesta, Bukele anunció un "bono bitcoin" de 1.000 millones de dólares, el primero de su clase. La oferta, que ha sido criticada por los bancos tradicionales, estaba prevista para marzo, pero se ha retrasado indefinidamente. Esta semana, Bukele se retiró de una aparición prevista en una importante conferencia de criptodivisas en Miami, citando "circunstancias imprevistas en mi país que requieren mi presencia a tiempo completo".
La guerra de Bukele contra los presuntos miembros de las pandillas comenzó a finales del mes pasado tras tres días seguidos de intensas matanzas. Según las autoridades, el segundo día, el 26 de marzo, murieron 62 personas, lo que lo convierte en el día más violento de este siglo en el país.
Las pandillas de El Salvador, que surgieron en la década de 1990 después de que Estados Unidos comenzó a deportar a miles de inmigrantes que habían sido condenados por delitos, se han aprovechado durante mucho tiempo de la sociedad, extorsionando a los propietarios de pequeñas empresas en muchas regiones.
En 2018, el país promedió unos nueve asesinatos al día, una caída significativa en comparación con apenas unos años antes, cuando había 17 homicidios diarios. Bajo el mandato de Bukele, esa media cayó a unos cuatro.
Bukele ha dado crédito a su llamado plan de control territorial, un programa de seguridad cuyos detalles nunca ha revelado.
Pero los periodistas de investigación y los funcionarios estadounidenses explican la drástica reducción de los homicidios de forma muy diferente, diciendo que la administración de Bukele ha negociado con las bandas para reducir los asesinatos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente sanciones contra el viceministro de Justicia de Bukele y un alto asesor presidencial por haber llegado a un acuerdo con los líderes de la MS-13. Las sanciones se produjeron a raíz de un reportaje del sitio de noticias de investigación El Faro que reveló pruebas del pacto, incluidos informes de reuniones encubiertas en prisión entre funcionarios y líderes de las pandillas.
Bukele ha negado con vehemencia esas afirmaciones.
Muchos en El Salvador suponen que el estallido de violencia de finales del mes pasado fue una señal de la ruptura de la tregua.
En la represión posterior, el ejército ha establecido puestos de control en los barrios pobres y la policía ha recibido la orden de detener y cachear a cualquier persona que sospeche de pertenecer a las pandillas. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 6.000 personas.
Bukele afirma que todos son miembros de pandillas, y dado el historial de guerras entre bandas del país, un amplio sector de la población parece no tener problemas con sus tácticas.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos afirman que las detenciones han sido indiscriminadas, y que muchas personas inocentes han sido arrestadas y se les ha denegado el derecho básico al debido proceso.
En la capital del país, las familias se han reunido frente a los centros de detención todos los días esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.
"Mi hijo nunca había sido detenido, nunca ha tenido ningún problema", dijo una mujer que esperaba fuera de una estación de policía conocida como El Penalito esta semana y que pidió no dar su nombre porque tiene miedo de las represalias del gobierno.
Su hijo de 20 años fue detenido el 27 de marzo en una redada del gobierno en su pueblo, a unos kilómetros al oeste de San Salvador, y desde entonces no ha sabido nada de él.
"Él y mi hija vendían frutas y verduras donde vivimos", dijo. "Él sólo iba a trabajar y volvía directamente a la casa. La gente de mi iglesia ha estado recogiendo dinero para ayudarme. ¿Crees que lo harían si mi hijo fuera miembro de una pandilla?".
La represión ha dejado a muchos jóvenes de los barrios pobres preguntándose si pueden ser arrestados en cualquier momento, dijo el pastor Pedro González, que ha pedido a los feligreses de su iglesia en un barrio obrero de la capital que escriban cartas diciendo que los miembros masculinos de sus familias son cristianos, para que puedan mostrar dichas cartas a las fuerzas de seguridad en caso de ser detenidos.
"Casi toda la iglesia se ha ofrecido a firmar cartas, para que cuando la policía los detenga, al menos tengan algo que mostrar", dijo González, cuyo sobrino, un mecánico, fue uno de los afectados por las redadas.
"No quiero quedarme callado", dijo González. "No se puede decir que todos los que viven en comunidades controladas por pandillas son delincuentes".
