Esta mañana se desarrolló la audiencia de formulación de cargos por el delito de sicariato contra Ufredo B., José Luis L. y el policía en servicio activo, Luis Andrés L., autores de la muerte violenta de una niña de 7 meses, hija del agente. El hecho se registró este miércoles 20 de abril.
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En las pericias se reveló que se encontraron dos armas de fuego, así como el certificado del rastrillo de la Policía Nacional, con lo que se corroboró que el servidor policial retiró su arma y la entregó a los otros dos procesados para que cometan el delito.
Según la versión de la madre de la niña, Luis Andrés L. la llamó por teléfono y le pidió que salga de su domicilio para hablar. Ella salió y en ese momento llegaron Ufredo B. y José Luis L. en una moto, y dispararon. La mujer cayó al suelo con la niña herida y allí fue golpeada por uno de ellos.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal Alejandra Aguilar presentó más de diez elementos de convicción contra los procesados y –de manera fundamentada– solicitó que se les dicte orden de prisión preventiva, pedido que fue aceptado por el juez Francisco Chacón.
Medidas de protección para la madre
Además, el Magistrado dispuso medidas de protección a favor de la madre de la niña –quien sobrevivió al atentado–, como: la prohibición de que los procesados se acerquen a ella o los testigos, prohibición de efectuar actos de persecución o intimidación contra ella, emitir una boleta de auxilio a favor de la víctima y su tratamiento psicológico.
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Otro elemento relevante expuesto por Fiscalía fue la versión del taxista que trasladó a Luis Andrés L. desde el lugar de los hechos hasta el sitio donde fue aprehendido, así como las versiones de los procesados, quienes reconocieron su participación en el acto ilícito tras haber sido contratados por el uniformado.
La instrucción fiscal durará treinta días.
¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar?
Según lo establecido en el artículo 143, incisos 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que los tres procesados podrían enfrentar una pena de veintidós a veintiséis años de prisión.
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