Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de Colombia este viernes sin experiencia política, pero con posiciones férreas.
En seguridad ha dado un ultimátum a grupos armados: sometimiento a la justicia o fuerza militar.
En política internacional tiene claros aliados y rivales: ha declarado su afinidad por Donald Trump y anunciado el cierre de embajadas en Cuba o Nicaragua, a cuyos gobiernos califica de "tiranías".
Son planteamientos altisonantes dentro de un discurso conservador que preocupa a colectivos feministas y LGBTIQ+.
Sus controversias son usadas por la oposición para etiquetar su movimiento, Defensores de la Patria, de "extrema derecha".
La academia debate sobre si enmarcarlo en una "derecha populista" o una "nueva derecha" distinta a las que gobernaron Colombia durante 200 años antes de la llegada en 2002 de Gustavo Petro, el presidente saliente y primero de izquierdas.
De la Espriella autoproclama su ideario como de "extrema coherencia".
Estas son algunas de sus polémicas ideas, que serán difíciles de implementar por los contrapesos que enfrentará en su gobierno hasta 2030.
Mano dura inspirada en Trump y Bukele
Las fórmulas de De la Espriella en seguridad suenan a métodos ya vistos.
Ha amenazado con bombardear cargamentos de droga y campamentos "narcoterroristas", fumigar hectáreas de coca y construir megacárceles.
Las bombas recuerdan a la cuestionada cruzada armada de Trump contra presuntas embarcaciones narco en aguas sudamericanas y del Caribe que acumulan más de 200 muertos desde agosto de 2025.
Las fumigaciones a una vieja práctica en Colombia ejecutada por otros gobiernos de mano dura como el de Álvaro Uribe (2002-2010).
Las prisiones, al modelo de Nayib Bukele en El Salvador, al que se le atribuye tanto un descenso del crimen como una erosión de derechos humanos, según organizaciones como Amnistía Internacional.
"La mirada de De la Espriella se enmarca en el trumpismo, en la seguridad tradicional basada única y exclusivamente en la fuerza", describe Héctor Galeano, investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe.
Políticas de mano tendida y dura han sido alternadas por distintos gobiernos en Colombia sin que ninguna haya puesto fin al conflicto armado de más de 60 años entre el Estado, guerrillas y grupos paramilitares y criminales.
Las primeras son cuestionadas por parte de la opinión pública por ser, supuestamente, complacientes con el crimen. Las segundas preocupan porque, en el pasado, han ido de la mano con empoderamientos paramilitares y abusos de autoridades.
"Hay un planteamiento de De la Espriella muy controvertido: plantear frentes de seguridad ciudadanos en cinco urbes del país, entre ellas Bogotá y Barranquilla", apunta Galeano.
Al experto le recuerdan a las Convivir, unas cooperativas de vigilancia y seguridad privada creadas por el Estado en los 90 para apoyar a la Fuerza Pública y a la cual se le atribuye un fortalecimiento de estructuras paramilitares, según la Comisión de la Verdad.
El paramilitarismo colombiano acabó envuelto en casos de desapariciones, masacres y abusos contra civiles y algunos miembros desmovilizados abrazaron el narcotráfico.
De la Espriella rechaza cualquier negociación con grupos armados. Critica con dureza a la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con entre el Estado y las Farc.
El nuevo presidente no ha ofrecido certezas en su proyecto de seguridad. Su hoja de propuestas incluye lo que quiere hacer, pero no el cómo.
"No hay claridad, ni documentos que algún colega o yo conozcamos que permitan ver cómo se desarrollaría", dice Galeano.
"Muchas de sus propuestas son más eslóganes que políticas concretas", agrega Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario.
De la Espriella también anunció que el país se uniría al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad y cooperación regional impulsada por Trump donde participan gobiernos afines al de EE.UU. como Perú, Ecuador y El Salvador.
Revolución en relaciones internacionales
La política internacional de De la Espriella no está mencionada en su documento de propuestas, pero sí ha sido de sobra deslizada por el nuevo presidente.
Para esta tarea designó como canciller a Omar Bula Escobar, exfuncionario de las Naciones Unidas y autodeclarado, en su perfil de X, como cristiano y prooccidental.
En sus publicaciones se ha referido a la pandemia de covid, el cambio climático y la ideología de género como "temas importados, promovidos por una agenda global que esquiva los verdaderos problemas nacionales…".
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, ve en este nombramiento y algunas de las posturas de De la Espriella un rechazo al multilateralismo, "una tradición de la que Colombia ha estado muy de la mano y de la cual se ha beneficiado en las últimas décadas".
En una entrevista con el medio Semana antes de las elecciones, el nuevo presidente cuestionó no descartó retirar la representación de Colombia en las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Defendió su postura diciendo que "no habían traído beneficios a Colombia, sino gastos" y que la ONU y la OEA "son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada", opinó.
Una salida de la ONU limitaría, a priori, la cooperación internacional para Colombia y su participación en debates internacionales sobre seguridad o medio ambiente.
Los planteamientos de De la Espriella forman parte de un remezón que implicará el cierre de 14 embajadas y 15 consulados, además de la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, país que fue garante de paz con las Farc.
Asimismo, el presidente anunció la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén, Israel, Estado con el que Petro rompió relaciones por el conflicto en Gaza.
De la Espriella justificó los cierres consulares para reducir gastos. En el caso de Nicaragua y Cuba dijo que en su gobierno no habría "vínculos con tiranías".
Humberto de la Calle, un reconocido abogado y político colombiano, criticó esta maniobra diciendo que la justificación de que es un gobierno dictatorial "no resiste el menor análisis (...) porque con ese criterio Colombia debería romper relaciones con una infinidad de países".
Lo que parece claro es que se reforzará la estratégica alianza con EE.UU. Trump le dio todo su apoyo en campaña tras haber tenido enfrentamientos con Petro, el presidente saliente.
La batalla cultural
De la Espriella ha repetido que en su gobierno buscará dar una "batalla cultural".
Durante su campaña y alocuciones posteriores a las elecciones ha ensalzado valores tradicionales de la familia y la moral cristiana, y criticado a la izquierda y el 'wokismo'.
"Colombia, independientemente de su tradición conservadora, ha sido un país liberal y laico", dice Bonilla, quien opina que la batalla cultural es uno de los frentes más polémicos del nuevo gobierno.
El presidente, quien se convirtió a la fe cristiana hace seis años y recibió apoyos de sectores evangélicos, eligió dos perfiles conservadores para ministerios clave como Educación y Cultura.
Para el primero designó a Viviane Morales, exsenadora y exfiscal general que en el Senado impulsó un referendo para consagrar "la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer". Finalmente fue archivado.
También ha condenado a la migración "ilegal" y "descontrolada".
Para el segundo seleccionó a Paola Holguín, abiertamente cristiana.
"Se percibe que habrá apoyos del gobierno a bancadas antiderechos y provida en el Congreso, que quieren promover una agenda de limitación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", explica Bonilla.
"Hay que ver cómo se traducirá la batalla cultural. No estoy seguro de qué tan central sea en su política, pero sí provocará peleas simbólicas importantes", añade Basset.
Ya las está provocando: la oposición y colectivos feministas temen ver amenazados derechos como el acceso al aborto.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, la población del país que se identifica como católica se estima en un 80%. Otros grupos cristianos rondan el 10%.
Sin embargo, la Constitución colombiana define al Estado como laico.
Contrapesos
Petro llegó hace cuatro años a la presidencia de Colombia con similares energías de cambio a las de De la Espriella, aunque con un proyecto ideológico radicalmente distinto.
Muchas de sus aspiraciones fueron frustradas por la falta de mayorías en el Congreso, límites constitucionales y una oposición reacia.
De la Espriella, quien prometió una batería de decretos en sus primeros días de gobierno, podría probar la misma medicina.
"Lo que logre dependerá de los apoyos que consiga. Hay muchas cosas que no podrá hacer por decreto. Le guste o no, las reformas de fondo tienen que pasar por el Congreso", ratifica Basset.
Las matemáticas no están del lado del nuevo presidente. Su movimiento aliado en el legislativo, Salvación Nacional, cuenta con apenas 4 senadores de 103.
Varias bancadas de derecha le han profesado apoyo, como la de Centro Democrático, el partido de Uribe, pero las alianzas no llegan gratis.
A fines de julio, Uribe y De la Espriella protagonizaron una fuerte disputa retórica y política por la presidencia del Senado. La batalla la ganó Uribe y el elegido fue Honorio Henríquez, aliado del expresidente.
A la necesidad de transacciones con las derechas se une el contrapeso de la oposición.
Pacto Histórico, el partido de Petro, es la fuerza principal del Congreso con 25 senadores.
El líder de la oposición, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, ya amenazó al nuevo gobierno con "desobediencia civil" y movilizaciones en las calles si intenta revertir conquistas sociales del pueblo.
Cepeda se quedó a apenas 250.000 votos de repetir un gobierno de izquierdas en Colombia. Detrás tiene a prácticamente la mitad de la población votante del país.
De la Espriella, quien promete mano de hierro para gobernar, parece abocado a la mano tendida para sacar su agenda adelante.
Cuál es la agenda de gobierno de De la Espriell
