A la reelección por unanimidad y sin debate de Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le siguió la composición del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Maduro se aseguró de ese modo la candidatura presidencial para 2024 y, con la reducción de magistrados de 32 a 20, todos bolivarianos, la virtual impunidad en caso de tener que vérselas con un proceso judicial en la próxima década.
La composición del nuevo TSJ fue aprobada por la Asamblea Nacional con el apoyo de partidos afines al PSUV y con la abstención del Partido Comunista de Venezuela (PCV), curiosamente en las antípodas de Maduro.
La ONU había recomendado a Venezuela la renovación del Poder Judicial. Era una de las condiciones para avanzar en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, tema puesto sobre la mesa en las negociaciones fallidas con la oposición emprendidas en México con el auspicio de Noruega.
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