Adrián Duque, alcalde del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el municipio Sucre del Estado Yaracuy, al occidente del país, emitió esta semana una disposición que obligaba a marcar las fechadas de las viviendas de los vecinos enfermos de covid-19 para alertar sobre un posible contagio. En un cartel blanco, con un círculo rojo y una línea diagonal en señal de veto, la inscripción señalaba: “Familia en cuarentena preventiva, no se aceptan visitas”.
Duque publicó un vídeo, acompañado por efectivos de la policía del municipio, en el que invoca su obligación de proteger a la población. En unas declaraciones ofrecidas poco después, el edil advierte, en un tono muy terminante, de que aquellos ciudadanos que retiren el rótulo oficial, o incumplan la medida, se enfrentan a una multa de 20 millones de bolívares (unos diez dólares). “Y si reinciden, le vamos a hacer el videíto y le vamos a suspender la bolsa de comida y el gas. Si usted no me cumple, yo le meto desacato a la autoridad”, afirmó el regidor.
El vídeo de Duque se viralizó muy rápidamente y se convirtió en tendencia en las redes sociales. “Estamos protegiendo a nuestro pueblo. Aquí indica cuando tenemos un caso de coronavirus o un caso sospechoso. Esto es lo que indica, para que nuestro pueblo esté alerta,” afirmó. La decisión del alcalde fue recibida con espanto por parte de la opinión pública venezolana, y produjo una inmediata e inesperda reacción de Tarek William Saab, el fiscal general del Gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció una investigación penal contra Duque por marcar “macabramente” las casas de pacientes contagiados.
La medida de la Fiscalía fue anunciada por el propio Saab en su cuenta personal de Twitter. El funcionario comentó que el procedimiento de Duque se hizo “de manera unilateral, y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia”. Saab agregó que fiscales designados por su despacho se desplazarían a la Guama, capital del municipio Sucre, junto a miembros de la Defensoría del Pueblo, para proceder a retirar “los insólitos avisos colocados selectivamente en el Estado Yaracuy”.
La decisión de Duque -quien, como otros militantes oficialistas, recurre a una retórica y una conducta que tiende a imitar al propio Hugo Chávez- había sido cuestionada con cierta diplomacia por algunos de sus compañeros de partido en las redes sociales. La polémica en torno el alcalde tiene lugar en un momento en el cual recrudecen los contagios y fallecidos por covid-19 en Venezuela y aumenta la ansiedad en la población ante el clarísimo retardo en la Administración de Maduro en adquirir suficiente cantidad de vacunas para iniciar una campaña masiva de inmunización.
La ONG Fundaredes condenó sin matices “las acciones discriminatorias y la estigmatización de pacientes con covid” llevadas a cabo por esta alcaldía. Portavoces de la oposición y varios activistas civiles calificaron el anuncio de Duque de “fascista”.
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