Como parte de las protestas, movimientos nicaragüenses convocaron a los conductores de vehículos a unirse a una "operación tortuga" este jueves como una forma de protesta contra el presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril.
La protesta consiste en que los conductores circulen por las calles a 15 kilómetros por hora al terminar la jornada laboral, de acuerdo con la convocatoria divulgada hoy en redes sociales.
Según los convocantes, la manifestación fue denominada "Operación tortuga vandálica", en referencia a uno de los calificativos que usa el gobierno para describir a los que protestan.
Grupos de conductores han intentado protestar en varias ocasiones apagando los motores de sus vehículos en las calles al final de la jornada de trabajo, pero la Policía ha recorrido las vías de Managua acompañada de grúas para confiscarlos.
Este llamado tiene lugar después de que el viernes pasado la Policía señalara que las protestas contra el Gobierno son "ilegales" y anunciara que arrestará a quienes las convoquen.
Organismos humanitarios afirman que la Constitución de Nicaragua señala que manifestarse es un derecho y no es necesario el permiso de las autoridades.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega rechaza esos señalamientos y sostiene que sufre un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
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