Asfixiado por la falta de liquidez a raíz del derrumbe de la producción petrolera y las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro se vio obligado a vender en las últimas dos semanas alrededor de $570 millones de dólares en oro de sus reservas del Banco Central.
De esta manera eludió las duras sanciones del Tesoro de Estados Unidos, diseñadas especialmente para congelar los activos del gobierno venezolano en el exterior.
Según Maduro, hay cerca de 10.000 millones de dólares inmovilizado por Washington en cuentas alrededor del mundo.
El gobierno de Donald Trump ya anticipó que entregará el control de esos recursos al líder opositor, Juan Guaidó, proclamado presidente interino por el Parlamento.
De acuerdo a información de agencias internacionales, este mes Caracas liquidó dos remesas grandes de oro. El 10 de mayo vendió 9,7 toneladas, y tres días después otras 4 toneladas.
Esto redujo significativamente las reservas del Banco Central, que ahora están en sólo 7.900 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos 29 años.
Las autoridades venezolanas tienen previsto utilizar gran parte de las ganancias obtenidas para financiar las importaciones a través de la oficina de Comercio Exterior del país.
En el último mes y medio Venezuela ya vendió 23 toneladas de oro de las reservas para poder mantener activo el comercio de productos importados, una fuente de ingresos destinada a conservar la lealtad de los militares ya que son altos jefes castrenses quienes manejan ese flujo de mercadería.
El oro constituye actualmente la mayor parte de las reservas de Venezuela. Esto incluye 1.200 millones de dólares de ese metal precioso depositado en el Banco de Inglaterra, entidad que bloqueó recientemente los repetidos intentos de Maduro para retirarlos.
A medida que el cerco internacional se cierra cada vez más sobre sus recursos financieros, el gobierno venezolano utiliza el oro para financiarse.
Maduro estuvo vendiendo grandes cantidades de ese metal a diferentes empresas en Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
La minería, especialmente la venta de oro, es una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro en los últimos años.
Pero la explotación es muy rudimentaria. Cientos de miles de mineros extraen oro en minas improvisadas y peligrosas del sur de Venezuela, todas bajo control de los militares venezolanos.
Una gran cantidad se va a través del contrabando que utiliza como vía de escape las islas del Caribe, pero otra es comprada por el Estado a través de un pequeño grupo de operadores.
El chavismo recurrió a este sistema a raíz de la fuerte caída de su producción de petróleo, que en las últimas décadas representaba el 96% de los ingresos del país.
Hace diez años atrás Venezuela producía 3,2 millones de barriles de crudo por día, mientras que ahora está muy por debajo del millón, lo que representa una debacle enorme para sus finanzas.
El panorama se complicó más aún con las sanciones de Estados Unidos, que impide a sus empresas negociar crudo venezolano. La primera potencia mundial era el comprador más importante que tenía Caracas.
Para colmo, el colapso energético que sufre el país desde marzo pasado redujo la producción a menos de 500.000 barriles diarios.
El viraje hacia el oro fue la única salida que le quedó al régimen, ahogado financieramente. El problema es que las reservas del Tesoro se están agotando, dejando sin respaldo a la moneda local.
Este horizonte negro llevó a Maduro a tratar de negociar una salida, como la que ahora se está buscando en Noruega.
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