El Gobierno español ha hecho efectiva este viernes la extradición a Ecuador de Pablo Romero Quezada, quien fuera máximo responsable la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) de este país entre 2012 y 2014, durante la presidencia de Rafael Correa, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales y de la defensa del político sudamericano. La expulsión se produce tras un largo proceso judicial en la Audiencia Nacional y administrativo ante el Ministerio del Interior, que ha rechazado en dos ocasiones concederle la condición de asilado.
El preámbulo de la expulsión se produjo el pasado martes en la localidad madrileña de Torrelodones, donde residía Romero Quezada a la espera de que se resolviera su situación en España. Allí fue detenido por la Policía por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado abril había accedido de manera definitiva a la solicitud de extradición de la justicia ecuatoriana. Una magistrada de este país lo reclama por los delitos de secuestro y asociación ilícita por la presunta participación del exjefe de la SENAIN en la retención ilegal del exparlamentario ecuatoriano Fernando Balda, quien había huido a Colombia tras ser condenado en su país por calumnias al expresidente Correa.
Desde su arresto del pasado martes, Romero Quezada ha permanecido recluido en la prisión madrileña de Soto del Real, desde donde ha sido trasladado este viernes por la mañana al aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas. Allí ha tomado poco antes del mediodía un vuelo con dirección a Quito custodiado por dos agentes de la oficina en España de Interpol. Está previsto que aterrice en la capital ecuatoriana a las 16.35, hora local. La materialización de la expulsión ha cogido por sorpresa a la defensa en España del exjefe de la Inteligencia ecuatoriana, que este jueves había presentado la suspensión cautelar de la entrega mientras se resolvía el recurso contencioso administrativo que iban a presentar contra la reciente decisión de Interior de denegarle por segundo vez el asilo, según han detallado fuentes jurídicas. Este viernes, un tribunal rechaza la suspensión cautelar de la expulsión y daba luz verde a su entrega.
El ex alto cargo ecuatoriano fue detenido en Madrid el 18 de junio de 2018 al llegar en un vuelo procedente de Holanda. Había contra él una orden internacional de detención dictada por las autoridades de Quito. Fue puesto en libertad al día siguiente a la espera de resolver el proceso de extradición que se inició en ese momento. Tras su arresto, Romero Quezada solicitó asilo en España al considerar que estaba sufriendo una persecución política del gobierno de Lenin Moreno contra el entorno del exmandatario Correa. Aquella primera petición fue rechazada por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugiado del Ministerio del Interior en marzo de 2019 al considerar que era “un intento de evadir su procesamiento en un país [Ecuador] que dispone de un sistema judicial garantista y en el que podría defender sus derechos de manera eficaz al disponer de un Poder judicial independiente".
Para entonces, la justicia del país sudamericano ya había formalizado ante la Audiencia Nacional la petición de extradición contra él por el intento de secuestro en Colombia de Balda al considerar que Romero Quezada era el responsable de aquel operativo. Balda estuvo retenido durante hora y media hasta que la policía colombiana lo liberó tras ser alertada por la llamada de un taxista. Por esta causa fueron condenados dos agentes secretos ecuatorianos a un año y nueve meses de prisión tras colaborar con la justicia. Ambos señalaron al expresidente Correa y a Romero Quezada como los supuestos instigadores del suceso.
Por estos hechos, la Audiencia Nacional autorizó la extradición el 14 de enero de 2019 en un auto en el que rechazó los argumentos alegados por el exjefe de la Inteligencia ecuatoriano de que su caso tenía un trasfondo político. La decisión del tribunal fue recurrida por Romero Quezada, pero el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión tres meses después. La extradición quedó entonces en manos del Gobierno y de la decisión que tomara Interior sobre la concesión del asilo. El Consejo de Ministro autorizó la entrega el pasado 4 de febrero e Interior rechazó concederle la protección, por lo que el pasado martes la Audiencia Nacional ordenó la detención del ex alto cargo ecuatoriano. Su expulsión se ha hecho efectiva tres días después.
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