Al norte del Amazonas arde otro incendio desde hace varios años. La
minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en
mayor proporción a raíz de la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro,
que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a
empresas extranjeras y nacionales, con la intención de regularizar la
minería ilegal, un mal que tiene décadas en el sur del país.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (Raisg)
monitorea desde hace varios años la pérdida de cobertura boscosa de
este gran ecosistema trasfronterizo que abarca nueve países. La
investigación regional apunta que para enero de este año se concentraban
1.781 puntos de minería en la porción venezolana del Amazonas que
abarcan 345 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a dos
veces la ciudad de Madrid. Es un área que ha venido creciendo desde
2010, asegura Bibiana Sucre, directora de Provita,
organización que junto a la ONG Watanibe participa en el monitoreo de
la Raisg. Los mapas están disponibles en línea y evidencian que al sur
del enorme río Orinoco hay, literalmente, un campo minado.
Esa es
una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería
ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro,
aunque no hay información pública sobre la distribución de los
yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que,
según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por
los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela.
Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de
la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
Aunque
en las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el
Estado de Amazonas, actualmente la hay. Tampoco está permitido en los
parques nacionales y áreas protegidas y ya se reporta en todos. Fuera de
la zona donde están las grandes vetas, el mineral está en pequeñas
cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de
terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más
devastadoras. El furor del oro
ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su
tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones que hace
Raisg cada cinco años.
En esos 15 años se perdieron en total 5.265
kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete
millones que tiene todo el ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa
fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió
entre 2000 y 2005; 29,4% entre 2006 y 2010, mientras que en el último
quinquenio se registró 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.
Hay
cerca de 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima,
en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio
prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, a
1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto al dólar, ha
sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de
Venezuela, donde se pueden pagar con gramas de oro —pepitas del mineral—
ropa, zapatos y celulares en cualquier tienda. Esta semana un gramo de
oro se cotizaba entre 30 y 40 dólares, treinta o cuarenta veces más que
el salario mínimo.
"Todos los países que conforman la Panamazonía son responsables de
esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que
pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy: hay un
montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de
controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por los
populismos de derecha como los de izquierda", cierra Álvarez. "La
cantidad de millones de dólares que salen de ahí, no compensan lo que va
a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería
es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de
recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un
país pobre".
Violencia, guerrilla y malaria
La vista
cenital es la única posible sobre el territorio del Amazonas en
Venezuela. Mirar en terreno es una actividad de riesgo. El sur del país
está tomado por mafias, sindicatos, grupos delictivos, miembros de la
Fuerza Armada Venezolana corruptos y guerrilleros colombianos que
controlan el caótico territorio, un sitio atractivo para muchos
venezolanos empobrecidos que ven en las minas una posibilidad de obtener
recursos.
La zona también se ha convertido en el salvavidas del
régimen de Nicolás Maduro, bloqueado financieramente por Estados Unidos,
que ha logrado sortear algunas sanciones con la venta del oro de la
nación y su intercambio por alimentos y otros bienes, en medio de la
estrepitosa caída de los ingresos por la destrucción de la industria
petrolera y otros sectores económicos.
El año pasado el
Observatorio Venezolano de Violencia reportaba que el municipio Sifontes
de El Callao, el tradicional pueblo minero del país, era el más
violento con una tasa de homicidios de 619,8 muertes por cada 100 mil
habitantes, “por la presencia de grupos guerrilleros y bandas criminales
por la extracción de minería”. Más de una docena de masacres han
ocurrido desde 2016 y son parte del saldo que ha dejado la minería en
este sector. El anuncio de esta semana del rearme de una parte de las
FARC, en alianza con el ELN, eleva las alarmas sobre la posibilidad de
que la violencia se agudice en este territorio manchado de sangre.
“Los
grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia limitada
del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de
violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana
ELN o de las facciones disidentes de las FARC operan en las regiones
mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia
y Venezuela. Dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo
venezolano al ELN, Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del
ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas”, advertía en
febrero un informe de International Crisis Group, a pocos días de que
Juan Guaidó, juramentado como presidente encargado y reconocido por más
de 50 países, iniciara una transición política para sacar de poder al
deslegitimado chavismo, con Colombia y Estados Unidos como principales
aliados.
Los reportes de la malaria en el país ofrecen otra mirada
sobre la devastación de la minería que no dan los satélites. Venezuela
fue el primer país de la región que logró, en la década de los años 60,
poner a raya el paludismo. Hoy concentra la mayoría de los casos de la
región, con 1 millón en 2018 y una estimación de más de 2 millones para
este año. La expansión de la epidemia fuera de las regiones mineras
venezolanas, y más allá de las fronteras, es una huella del tráfico que
ha generado esta actividad ilegal en el país. Precisamente en el
municipio más violento del país, 90% de su población vive con malaria.
La inseguridad que generan los grupos violentos dificulta la contención
de la epidemia
0 comments:
Publicar un comentario