Una decisión de la Corte Suprema, adoptada este miércoles, abrió la puerta que podrá llevar a la liberación del ex presidente Lula da Silva, detenido en la sede de la Policía Federal en Curitiba desde el 7 de abril. La medida sacó de la jurisdicción del juez Sergio Moro todas las delaciones del grupo Odebrecht que mencionaban al ex mandatario. Los ministros del Supremo Tribunal Federal juzgaron que los casos que involucran a Lula y que están en manos del magistrado no se relacionan con el sistema de coimas de Petrobras. Y por lo tanto no corresponde investigarlos ni juzgarlos al tribunal curitibano.
La resolución del STF se basó en un dictamen de 2015 en la que se limitó la competencia de Moro a juzgar exclusivamente acciones relacionadas con la petrolera estatal brasileña. Ordenó, también, remitir los casos vinculados a Lula a la justicia federal de San Pablo, que es donde ocurrieron los supuestos delitos que se le imputan.
Pese a aquella sentencia, el mediático magistrado no cedió. Así, logró condenar en primera instancia del líder del PT; sentencia que luego sería refrendada por el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, el llamado TRF-4, integrado por jueces de la misma orientación que Moro.
De tal suerte que, según análisis de columnistas como Merval Pereira, la decisión de ayer de la Corte abre el camino inclusive para anular la condena por el departamento en la playa de Guarujá. Mandó, además, para la justicia paulista otros dos casos que podrían sobrevenir ahora: el del sitio de Atibaia, propiedad de un amigo del ex presidente, y el terreno supuestamente comprado por Odebrecht para construir el Instituto Lula, pero que nunca se usó.
Para los ministros de la Corte: Ricardo Lewandoski, Gilmar Mendes y Dias Toffoli, los contenidos de las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht no tienen nada que ver con los delitos presuntamente practicados por el ex gobernante.
A tal punto es así que los magistrados indicaron que la sentencia contra Lula, por la casa de Guarujá, Moro “jamás afirmó que los valores obtenidos por la constructora OAS en los contratos de Petrobras fueron usados para ventaja indebida del ex presidente”. En síntesis, el juez de Curitiba admitió, él mismo, que en este caso no había pruebas de que los valores pagos, supuestamente, por un departamento, “fueran originados específicamente en los contratos de Petrobras”.
En estas circunstancias, y visto que no eran sobornos procedentes de la petrolera verde-amarilla --el caso al que estaba circunscripto Moro-- este debería haber sido tramitado en la justicia de San Pablo. Eso fue lo que ayer consagró la Corte.
Es cierto que esa medida fue tomada por la mayoría, pero no la totalidad de sus ministros. Hubo dos: Edson Fachin y Celso de Mello que abogaron por la continuidad de las causas en la esfera del “juez del Lava Jato”.
La reacción de los hombres de Moro, los fiscales encabezados por el también mediático Delton Dallagnol, se sintió en lo inmediato. Este miércoles dijeron que ellos van a continuar “investigando” más allá de las resoluciones tomadas por la más alta instancia judicial. Recordaron, también, que la fiscal general Raquel Dodge puede, todavía, pedir que la medida sea “examinada” por el plenario de 11 miembros del STF.
Para los fiscales, la medida el STF de remitir los casos para el tribunal federal paulista “generó un lamentable tumulto procesal”. Con el evangélico fiscal Dallagnol a la cabeza, los procuradores mandaron a Moro un oficio para defender sus competencias en los procesos emprendidos contra el político petista.
La defensa de Lula argumentó, hace ya bastante tiempo, que el ex presidente debería salir de la órbita de Moro. Fue una de las tesis principales para anular el proceso sobre el “triplex de Guarujá”, como fue bautizado por la prensa. Entre tanto, hay otra demanda en curso. Y según el ministro Gilmar Mendes, se trataría de un nuevo que podría resultar en una liberación de Lula. De hecho, el ministro Fachín envió al mismo grupo de jueces del más alto tribunal un reclamo de los abogados del ex jefe de Estado para anular la sentencia de Porto Alegre. Dijeron que “el tribunal de Porto Alegre no respetó los plazos para el agotamiento de los recursos presentados contra su sentencia” y autorizó a Moro, ilegalmente, a decretar la prisión. Este recurso, que será tratado justamente por los jueces “garantistas” favorables a la liberación de Lula, es el que abre las puertas de la celda donde se encuentra el precandidato presidencial del PT.
Según los medios brasileños, si anula la condena de segunda instancia –la del TRF-4-, el ex mandatario quedaría en condiciones de ser elegido. Para Globo este sería el objetivo final de los defensores de Lula. Sin embargo, fue el propio político quien desde su prisión ofreció su retiro de la candidatura presidencial. Lo hizo el lunes a través de una carta leída en el plenario de la dirección petista que se realizó en Curitiba.
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