Quito, 19 dic (EFE).- El presidente Lenín Moreno, que ganó los comicios en Ecuador, no tardó en desmarcarse de su antecesor, Rafael Correa, al impulsar un plan de reajuste económico y una consulta popular para principios de 2018, que anticipan el fin de una era.
En lo político, el 2017 arrancó en el país andino con las elecciones presidenciales del 19 de febrero, que tuvieron su segunda vuelta el 2 de abril y en las que Moreno y su compañero Jorge Glas, candidato a la Vicepresidencia, se impusieron por 200.000 votos al opositor Guillermo Lasso y su acompañante, Andrés Páez, de la coalición conservadora liberal Creo-Suma.
El triunfo de la pareja oficialista se vio acompañado por sospechas de fraude electoral que se disiparon con los meses.
Entonces, muchos consideraron que el nuevo presidente electo, que asumió funciones el 24 de mayo y había sido vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, sería una figura continuista.
Pero pronto quedó patente que el fin de la era de Correa, tras una década al frente de los designios del país, no suponía un cambio meramente formal, sino también de la manera de entender la política desde Carondelet (sede presidencial en Quito).
Correa se despidió de los suyos en julio para trasladarse a vivir a Bélgica y lo hizo, según dijo, dejando "la mesa servida" y poniendo bajo interrogantes si su sucesor y correligionario seguiría la senda de su ideario bandera, el de la "Revolución Ciudadana".
Moreno ordenó la elaboración de un informe económico cuyos resultados señalaron poco después que la deuda era muy superior a la oficial, de 27.871 millones de dólares, y alcanza los 50.000 millones, en virtud de un cálculo que incluyó las cuentas pendientes que el Estado tenía con instituciones públicas.
Para paliar esta situación, el presidente presentó en octubre un plan financiero que busca incentivar la producción, estimular el empleo, proteger la dolarización y fortalecer los programas sociales a la vez que ajusta el cinturón de los gastos superfluos de la Administración.
Su política de austeridad trata de reducir el déficit fiscal, que llega al 4,7 por ciento del PIB, con el horizonte de que en 2020 sea del 1 por ciento.
En el terreno político la agenda se ha visto marcada por el proceso contra Glas, en prisión preventiva desde el 2 de octubre y sentenciado el 13 de diciembre a 6 años de prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odeberch.
El caso tuvo lugar después de que Moreno retirara las funciones a Glas en agosto por desavenencias políticas y cuando comenzaban a salir las primeras informaciones que lo vinculaban al escándalo de corrupción que sacude al continente.
También acaparó titulares el cruce de declaraciones entre Correa y Moreno, que fueron elevando el tono en paralelo a la profunda división en las filas de Alianza País (AP) entre los seguidores del actual presidente y los leales al anterior.
Una crisis que a principios de octubre ahondaba sus raíces cuando el mandatario anunció sus planes de convocar una consulta popular con siete preguntas, entre ellas, una para derogar una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida y que Correa cree que pretende apartarlo del ejercicio político.
Esa decisión, acompañada por un diálogo con todos los sectores sociales, reflejo del talante aperturista y conciliador de Moreno frente al estilo más dado a la confrontación política de Correa, acabó por dividir a Alianza País (AP), el movimiento de izquierdas que respalda al Gobierno en el poder desde 2007.
Tras criticar a Moreno por supuestamente claudicar ante la derecha, a finales de octubre el ala correísta le destituyó como máximo dirigente de la formación oficialista en una sorpresiva reunión de la Ejecutiva de AP, decisión que dejó sin efecto la justicia y no fue reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La facción díscola rechaza frontalmente la consulta programada para el 4 de febrero, que ha recibido, no obstante, enorme apoyo social e incluye preguntas sobre la lucha contra la corrupción, la defensa de la naturaleza, reformas a la normativa sobre plusvalía y sobre la prohibición para que prescriban los crímenes sexuales contra menores.
La convocatoria mediante decreto de la consulta, pues el presidente no esperó que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la cuestión bajo el argumento de que había expirado el plazo preceptivo para ello, fue criticada por los seguidores de Correa.
El exmandatario regresó al país para participar en una convención organizada por sus allegados en Esmeraldas a principios de diciembre, para supuestamente "depurar" la formación ante la "traición" de Moreno y su consulta, que tachó de "golpe de Estado".
Pero pese al gran ruido mediático que provocó su regreso a Ecuador, Correa abandonó el país con más pena que gloria y con el partido que fundó abierto en canal.
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