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lunes, 11 de diciembre de 2017

El vicepresidente de Ecuador entre la cárcel y la calle por la trama de Odebrecht


Quito, 11 dic (EFE).- El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en prisión preventiva y acusado de asociación ilícita relacionada a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, escuchará el próximo miércoles la sentencia del tribunal que le juzga.

Tras ese fallo, el segundo mandatario podría seguir en la cárcel, si es condenado, o salir a la calle, si es absuelto, aunque si sale libre aun queda por resolver si podrá volver a la Vicepresidencia de la que le fueron despojadas todas sus funciones.

Y aunque aún podrían presentarse impugnaciones que alarguen el proceso, la audiencia del miércoles será crucial para Glas, cuyas funciones como Vicepresidente fueron suspendidas en agosto por el jefe del Estado, Lenín Moreno, que en octubre encargó ese puesto a María Alejandra Vicuña, que era su ministra de Vivienda.

Duros desacuerdos entre Moreno y Glas motivaron el cese de sus funciones, aunque también este episodio se enmarcó en la ruptura política del movimiento oficialista Alianza País, con dos bandos diferenciados y hasta antagónicos.

Moreno, por un lado, y Glas por el otro, aupado por el expresidente Rafael Correa quien, por su parte, mantiene una fuerte pelea verbal con el primero.

Correa, antecesor y correligionario de Moreno, no ha dudado en defender a Glas y acusar a Moreno de una supuesta "traición" al movimiento que ambos comandaban de manera armónica hasta antes del traspaso presidencial, en el pasado mes de mayo.

Desde la prisión, Glas ha defendido su inocencia y ha remarcado que, según él, todo es una revancha de Odebrecht por haber expulsado a esa compañía del país en 2008, tras detectarse fallos estructurales en una central hidroeléctrica a su cargo, aunque luego (2011) aceptó su vuelta.

Tras concluir las fases de preparación del juicio, la presentación de testigos y pruebas y el debate sobre los alegatos de las partes, la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ, Suprema), presidido por el juez Édgar Flores, se prepara para emitir una sentencia.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, en su calidad de acusador, ha pedido la pena máxima para Glas y otros vinculados en el proceso, como el tío de este, Ricardo Rivera, a los que ha considerado autores del delito investigado.

Además, Baca pidió al tribunal que definiera un monto de reparaciones por 14,1 millones de dólares contra el vicepresidente y su tío.

En cambio, Eduardo Franco, abogado defensor de Glas, ha exigido la liberación de su cliente, al considerar que no existe una sola prueba en su contra e incluso ha dudado de la idoneidad del fiscal Baca, contra quien pedirá una indagación interna.

Para Franco sólo cabe la absolución de su defendido, aunque también sospecha que detrás del proceso podrían haber otras motivaciones políticas para sacar a Glas de la Vicepresidencia.

Y es que la posibilidad de que sea condenado ha abierto un debate sobre quién podría sucederle y cuál el método a seguir para que ello ocurra, toda vez que el segundo mandatario ha ratificado que no renunciará a su cargo.

Vicuña, encargada de la Vicepresidencia por Moreno, señaló recientemente que los militantes de Alianza País que no han actuado con transparencia o han ejercido un lucha frontal contra la corrupción, "independientemente de la investidura que ostenten, deberían dar un paso al costado", aunque aclaró que esa es una decisión de cada uno.

La oposición incluso ha advertido con un juicio político contra el Vicepresidente titular en el Legislativo, para forzar su salida definitiva.

Glas es el cargo de mayor rango procesado en Ecuador por la trama de sobornos que Odebrecht, según la propia confesión de sus altos ejecutivos, regó por varios países.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

En el caso de Ecuador, dicho informe señala que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que le habría generado beneficios por unos 116 millones de dólares.
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