Los delegaciones de México, Argentina y Bolivia evitaron apoyar el miércoles una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Los argumentos con los que justificaron su abstención son similares y reiteran los principios habituales de estos países en política exterior: la no intervención asuntos internos de otros Estados y la defensa del diálogo, un escenario que en el caso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la gran mayoría de la comunidad internacional considera inviable a corto plazo. La moción aprobada llama a dejar en libertad de forma inmediata a los candidatos presidenciales y a los dirigentes opositores perseguidos. Esa es la prioridad expresada por el organismo multilateral, que también muestra su “grave preocupación” por el hecho de que sus anteriores advertencias cayeron en saco roto. El propósito final es la celebración de “elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”.
Este mismo jueves la policía del Gobierno de los Ortega ha detenido a Michael Healy, presidente de la patronal de Nicaragua y representante de un sector que fue aliado del oficialismo hasta 2018. Hoy se ha convertido en la enésima víctima del Ejecutivo, formalmente por “lavado de dinero y traición a la patria”. El régimen celebra elecciones generales el 7 de noviembre, una convocatoria en la que el mandatario no tiene rivales después de haberse allanado al camino a través de la aprehensión de rivales políticos, activistas o informadores.
La posición de los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández no es nueva. México ha rechazado tradicionalmente intervenir en los conflictos internacionales. Los principios de “no intervención” y “la solución pacífica de controversias” están consagrados en la Constitución. Por esta razón, no han tenido especial vuelo las críticas internas ante la abstención. El presidente hiló hace un mes un elogio de la resistencia de Cuba ante las presiones externas y, durante la celebración de las fiestas de la independencia, en presencia del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a Joe Biden que levante el bloqueo económico a la isla. Y México acogía, antes de la suspensión unilateral por parte de Nicolás Maduro como respuesta a la extradición de Alex Saab, la última mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana.
Con estas premisas, el voto del país norteamericano en el Consejo Permanente de la OEA no sorprende salvo por la extrema gravedad de la situación de Nicaragua. El propio López Obrador, en cualquier caso, ha tomado distancias con la deriva del régimen de Ortega y considera que “se deben garantizar las libertades y que no debe haber represión”. Y tanto su Ejecutivo como el de Fernández llamaron en junio a sus embajadores en Nicaragua a consultas y manifestaron su “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente”. “Especialmente”, destacaron en un comunicado, “por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados. Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta”.
El argumento del voto argentino ha sido similar al mexicano. Es cada vez más evidente que ambas cancillerías han decidido acompañarse con una posición común, sobre todo en lo que respecta a Nicaragua y también a Venezuela. Se trata, en cualquier caso, de mantener una posición equidistante de Estados Unidos. “No consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea”, dijo el representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. El diplomático consideró poco pertinente una resolución tan cerca del proceso electoral.
Las críticas domésticas opositoras a la política de abstención argentina no sorprenden. Sí llamó la atención, sin embargo, el reclamo abierto del representante de Uruguay, Washington Abdala, cuyo voto siguió al del argentino Raimundi. “No se si estoy en otra sintonía”, dijo Abdala, “pero no termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema. ¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad?”.
El voto de Bolivia, gobernada Luis Arce, heredero político del expresidente Evo Morales, también coincidió con el historial de posicionamientos del Movimiento al Socialismo (MAS). A la abstención de estos tres países se sumaron las de Guatemala, Honduras, Barbados y San Vicente y las Granadinas. No hubo votos en contra y la delegación de Perú votó a favor de la liberación de los presos políticos en Nicaragua pese a las erróneas expectativas de la derecha sobre el Gobierno del izquierdista Pedro Castillo.
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