Legisladores chilenos de oposición iniciaron este miércoles un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas en un reportaje de los Pandora Papers.
Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y desestimada por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que estaba en su primer período de gobierno.
'Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación', anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Entre los argumentos, los opositores sostienen que el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional 'marca un hito histórico' en Chile y fue presentada por 'la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.
'Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción', agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
A continuación, presentamos algunas de las claves de este proceso.
¿De qué se acusa al presidente de Chile?
Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos —quienes rara vez se ponen de acuerdo—, levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de 'probidad' y 'comprometer gravemente el honor de la Nación'.
Todo a raíz de que los Pandora Papers revelaran presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).
El proyecto que ha puesto contra las cuerdas a Piñera, que compromete una inversión de 2,500 millones de dólares, aún no está en construcción: fue aprobado por un tribunal regional pero está pendiente de recursos en la Corte Suprema.
Dominga incluye la explotación de dos minas a cielo abierto —de hierro y de cobre— en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.
También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde vive el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial, Carlos Alberto Délano, debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.
¿Cómo es el proceso contra Piñera?
La Acusación Constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
El primer paso es instalar una comisión evaluadora integrada por 5 de los 155 diputados, que redactará un informe sobre los hechos y emitirá una resolución no vinculante.
'El afectado va a ser notificado de la acusación constitucional probablemente el viernes y tiene diez días desde entonces para concurrir a la comisión y presentar su defensa o hacerlo por escrito', explicó a EFE Mauricio Morales, de la Universidad de Talca, quien aseguró que Piñera podrá mantenerse en su cargo mientras dure el proceso.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados —el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable—, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.
La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en diputados. El objetivo es que el libelo acusatorio llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, aunque se desconoce si lograría avanzar ahí.
¿De qué lo acusa la Fiscalía?
La Fiscalía chilena informó el viernes 8 de octubre que decidió abrir una nueva investigación por el caso de Minera Dominga ante indicios de posibles delitos de cohecho e irregularidades tributarias no juzgados previamente.
'El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación', dijo la jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Herrera aclaró que la indagatoria penal analizará en específico la operación sobre Minera Dominga, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior.
'La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017', destacó.
Detalló que el contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba en la carpeta de investigación, aunque sí el preacuerdo que contenía las condiciones y otros correos electrónicos.
La funcionaria dijo que el análisis deberá determinar si los hechos están prescritos y no existe un lapso estipulado para completar el análisis.
'Creemos que evidentemente es una investigación que debe tener plazos muy acotados', dijo Herrera.
¿Qué importancia tiene este juicio?
La acusación contra Piñera es un hito histórico porque es la segunda vez que este político de derecha enfrenta un pedido de destitución desde que asumió el cargo en 2018.
El primer intento de destitución ocurrió en noviembre de 2019, cuando Piñera fue acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.
Además, Piñera es el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato.
La medida aparece luego de que la Fiscalía decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la investigación anterior.
El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.
La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre, donde luce como favorito el ex líder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista.
'Independiente de que tenga fundamento o no, la acusación busca influir en la campaña', aseguró a la agencia EFE el director de la Escuela de Gobierno en Universidad San Sebastián, Jaime Abedrapo, quien indicó que el proceso podría perjudicar al candidato oficialista, el ex ministro Sebastián Sichel.
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