El caso de una niña de 11 años que se quedó embarazada por una violación vuelve a sacudir Bolivia. La menor, en un primer momento, quiso acogerse a la interrupción legal de la gestación, pero fue disuadida por la Iglesia católica. La sociedad se ha dividido en dos bandos mientras llueven críticas contra los religiosos que intervinieron, los periodistas que informaron de que se iba a practicar el aborto y también sobre el Gobierno y las feministas.
La niña estaba internada en un servicio de salud de la región boliviana de Santa Cruz, a la espera de uno de los tipos de aborto que están permitidos en el país: cuando el embarazo es fruto de una violación, un estupro o es producto de una relación incestuosa. El aborto también está autorizado cuando la vida de la madre se halla en riesgo. La menor fue violada por un hombre de 61 años, que es el padre de su padrastro. Los abusos ocurrieron durante los 10 meses que tuvo que convivir con este hombre en una localidad de Santa Cruz, mientras su madre y su padrastro trabajaban en La Paz. El violador está actualmente en prisión. Hace seis años, la hermana mayor de la niña también fue violada. Esta vez el autor fue su propio padre, que igualmente terminó encarcelado.
Algunos medios de comunicación cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto, lo que puso en alerta a la Iglesia católica. Varios religiosos hablaron con la madre de la niña y la convencieron de que desistiera de su propósito. La niña salió del hospital y fue llevada a un centro católico de acogida para muchachas que se encuentran en situaciones parecidas. Según uno de los policías que se hicieron cargo del caso, la Iglesia ofreció pagar una mensualidad a la familia para que no interrumpiera su embarazo.
En un comunicado, la institución religiosa señaló que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”.
El Ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, tuiteó en respuesta que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”. “Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, añadió. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue más allá. Señaló que la actuación de la Iglesia católica era “delincuencial”, afirmó que se está “torturando a una niña” y aseguró que informaría de lo sucedido al Vaticano.
Los grupos provida se apoyan en el hecho de que la niña tiene cinco meses de gestación, superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales. En lo que respecta a la niña, ella no adquirió conciencia de su embarazo hasta una fase avanzada del mismo. Desde el punto de vista legal, en cualquier caso, el tiempo de embarazo resulta indiferente.
Los únicos requisitos que exige la ley son que haya una denuncia de la violación y el consentimiento de la embarazada o, si esta es menor, el de sus tutores. Sin embargo, en muchas ocasiones los médicos se niegan a cumplir con la ley y a intervenir a las mujeres y niñas violadas. Desde 2014 hasta hoy, se han realizado 508 abortos legales, el 48% de ellos a víctimas menores de 18 años.
En el pasado, la resistencia de la justicia al aborto legal se reflejaba en una serie de requisitos que acababa impidiendo la interrupción. Las organizaciones feministas solicitaron al Tribunal Constitucional una simplificación del trámite, que fue concedido. Pero hasta ahora sigue existiendo resistencia entre los médicos, alentada por las diferentes iglesias. En 2018, una norma trató de obligar a los especialistas a practicar los abortos admitidos por la ley, pero el rechazo de los sindicatos sanitarios impidió que se aprobara.
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