Sereno y confiado. Entre aplausos y carteles que proclaman ‘Sí a la Paz’. Así se presentó Juan Manuel Santos el pasado viernes en Soacha. La humildísima localidad, al sur de Bogotá, fue elegida por el presidente colombiano para plantar uno de los 75.000 árboles que se erigirán en todo el país como homenaje a las víctimas del conflicto armado nacional. No fue un emplazamiento elegido por casualidad. El municipio, de unos 500.000 habitantes, es el mayor refugio del país para los desplazados por culpa de más de medio siglo de combates.
Santos ha propugnado el fin de la “horrible noche”, el fin de la guerra, con el triunfo del ‘Sí’ en el plebiscito de este domingo y la consiguiente refrendación del acuerdo para "una paz estable" entre su Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Soacha, sin embargo, la desmovilización de la guerrilla podría no aportar mucho a la seguridad de sus ciudadanos. Las zonas más pobres y permeables de la localidad fueron tomadas desde hace más de un lustro por varios grupos criminales. La extorsión y el asesinato son tristemente habituales en sus calles. El municipio es un ejemplo de cómo la violencia en Colombia puede estar mutando al amparo del proceso de paz con la guerrilla.
El cese de la violencia de las Farc está provocando que nuevos actores armados, y otros ya conocidos, estén ocupando el lugar tradicional de los combatientes guerrilleros: “Mientras declina una guerra civil o un conflicto armado es muy normal que el crimen organizado a gran escala tenga un proceso de ascenso. Eso es lo que puede estar pasando en Colombia”, comenta Eduardo Álvarez, de la Fundación Ideas Para la Paz. “Estamos viendo una fragmentación de ese crimen organizado y una consolidación en diferentes lugares del país”, admite, puntualizando sin embargo que, hasta ahora, el número de integrantes de las grandes bandas criminales se ha mantenido más o menos estable.
Soacha es un ejemplo de la forma de actuar de los definidos en Colombia como ‘Grupos Delincuenciales Organizados’, o GDO. Suponen un poder fáctico en los barrios de las grandes ciudades. Se trata de unos 24 grupos dedicados principalmente al microtráfico de estupefacientes, la extorsión, las amenazas y el sicariato.
Es difícil que la economía ilícita surgida durante cinco décadas de conflicto se esfume de un plumazo. Son muchos quienes viven de ella: “Estos grupos son responsables de un gran impacto humanitario. De desplazamiento interurbano de la población e incluso su confinamiento. Hay zonas donde te dicen que no puedes salir y si sales tienes que decir para qué, y regresar a ciertas horas”, lamenta Álvarez.
Los niños son la base de su captación en los barrios. Los GDO tienen cierto atractivo para los menores de base humilde. Proporcionan ascenso social, prestigio y dinero rápido. “Caló mucho en el imaginario que lo importante es el dinero. Es la forma para tener mujeres, para tener coche, para tener ropa. De esa forma te destacas socialmente sobre los demás”, explica el analista, señalando la necesidad de luchar contra ese imaginario e instaurar una cultura de la legalidad, una de las metas hacia las que apunta el acuerdo con la guerrilla.
Que no lleve a engaño la instauración de estos grupos. Colombia es ahora un país mucho más seguro que en la pasada década. Las cifras son muy positivas, pero están cambiando, como observan los expertos. Las masacres han disminuido. También los asesinatos. En el país se dan 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en los últimos 40 años. El número de secuestros ha disminuido entre un 90% y un 95% en los últimos 14 años. En cambio otras formas de violencia, como la extorsión, se han quintuplicado desde 2007, quizás como prueba de esa mutación.
Grandes grupos armados
Las pequeñas estructuras criminales en los barrios, centradas en esas extorsiones, o en el microtráfico, son en muchas ocasiones subcontratadas por los grandes grupos criminales del país. Se trata de los definidos por la Directiva 15 del Ministerio de Defensa, aprobada el pasado abril, como Grupos Armados Organizados, o GAO. Son principalmente tres. El Clan del Golfo, el Ejército Popular de Liberación -una disidencia de un grupo guerrillero que se desmovilizó a principios de los 90- y los puntilleros, exintegrantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, desarticulado vía acuerdo gubernamental en 2006. Sus altos mandos fueron a la cárcel. Algunos miembros de a pie tomaron las riendas.
Santos ha propugnado el fin de la “horrible noche”, el fin de la guerra, con el triunfo del ‘Sí’ en el plebiscito de este domingo y la consiguiente refrendación del acuerdo para "una paz estable" entre su Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Soacha, sin embargo, la desmovilización de la guerrilla podría no aportar mucho a la seguridad de sus ciudadanos. Las zonas más pobres y permeables de la localidad fueron tomadas desde hace más de un lustro por varios grupos criminales. La extorsión y el asesinato son tristemente habituales en sus calles. El municipio es un ejemplo de cómo la violencia en Colombia puede estar mutando al amparo del proceso de paz con la guerrilla.
El cese de la violencia de las Farc está provocando que nuevos actores armados, y otros ya conocidos, estén ocupando el lugar tradicional de los combatientes guerrilleros: “Mientras declina una guerra civil o un conflicto armado es muy normal que el crimen organizado a gran escala tenga un proceso de ascenso. Eso es lo que puede estar pasando en Colombia”, comenta Eduardo Álvarez, de la Fundación Ideas Para la Paz. “Estamos viendo una fragmentación de ese crimen organizado y una consolidación en diferentes lugares del país”, admite, puntualizando sin embargo que, hasta ahora, el número de integrantes de las grandes bandas criminales se ha mantenido más o menos estable.
Soacha es un ejemplo de la forma de actuar de los definidos en Colombia como ‘Grupos Delincuenciales Organizados’, o GDO. Suponen un poder fáctico en los barrios de las grandes ciudades. Se trata de unos 24 grupos dedicados principalmente al microtráfico de estupefacientes, la extorsión, las amenazas y el sicariato.
Es difícil que la economía ilícita surgida durante cinco décadas de conflicto se esfume de un plumazo. Son muchos quienes viven de ella: “Estos grupos son responsables de un gran impacto humanitario. De desplazamiento interurbano de la población e incluso su confinamiento. Hay zonas donde te dicen que no puedes salir y si sales tienes que decir para qué, y regresar a ciertas horas”, lamenta Álvarez.
Los niños son la base de su captación en los barrios. Los GDO tienen cierto atractivo para los menores de base humilde. Proporcionan ascenso social, prestigio y dinero rápido. “Caló mucho en el imaginario que lo importante es el dinero. Es la forma para tener mujeres, para tener coche, para tener ropa. De esa forma te destacas socialmente sobre los demás”, explica el analista, señalando la necesidad de luchar contra ese imaginario e instaurar una cultura de la legalidad, una de las metas hacia las que apunta el acuerdo con la guerrilla.
Que no lleve a engaño la instauración de estos grupos. Colombia es ahora un país mucho más seguro que en la pasada década. Las cifras son muy positivas, pero están cambiando, como observan los expertos. Las masacres han disminuido. También los asesinatos. En el país se dan 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en los últimos 40 años. El número de secuestros ha disminuido entre un 90% y un 95% en los últimos 14 años. En cambio otras formas de violencia, como la extorsión, se han quintuplicado desde 2007, quizás como prueba de esa mutación.
Grandes grupos armados
Las pequeñas estructuras criminales en los barrios, centradas en esas extorsiones, o en el microtráfico, son en muchas ocasiones subcontratadas por los grandes grupos criminales del país. Se trata de los definidos por la Directiva 15 del Ministerio de Defensa, aprobada el pasado abril, como Grupos Armados Organizados, o GAO. Son principalmente tres. El Clan del Golfo, el Ejército Popular de Liberación -una disidencia de un grupo guerrillero que se desmovilizó a principios de los 90- y los puntilleros, exintegrantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, desarticulado vía acuerdo gubernamental en 2006. Sus altos mandos fueron a la cárcel. Algunos miembros de a pie tomaron las riendas.
Estos grupos están fuertemente armados y controlan territorio. Se dedican al tráfico de drogas, armas, drogas y gasolina, y en algunos casos a la minería ilegal, pero ahora con un ideal político difuso.
La misma Directiva 15 da muestra de su alarmante evolución y su peligrosidad. El reglamento reconoce la capacidad de fuego de los GAO y resuelve que deben ser enfrentados por el Ejército. Los militares se habían mantenido al margen de la lucha contra estos grupos hasta la firma de la norma. Ahora sí pueden enfrentarlos a través del bombardeo y del ametrallamiento.
Sus víctimas también pueden solicitar reparaciones, como los afectados por la guerrilla. La Directiva está planteada, eso sí, con el debido cuidado de no otorgar un estado jurídico a esos grupos. No se les reconoce su beligerancia y por ende no se puede negociar con ellos por la vía política, como sí se ha hecho con las FARC.
En los últimos meses se han reportado movimientos de estos grupos hacia territorios que están a punto de ser abandonados por la guerrilla, sobre todo en la frontera con Venezuela. Se han dado enfrentamientos entre distintos GAO, con el consiguiente perjuicio para la población civil.
Estos grupos son difíciles de rastrear porque su objetivo no es atacar abiertamente al Ejército o a la Policía. Al contrario, saben escabullirse de ellos y se mantienen al margen. Prefieren mantener operativos sus negocios. El cultivo de hoja de coca, por ejemplo, un indicativo del volumen del tráfico de cocaína, aumentó un 39% en 2015. Los GAO controlan parte de las grandes rutas del narcotráfico.
Ejército de Liberación Nacional
Estos grupos criminales no son lo único que preocupa a las autoridades. La mayor guerrilla del país se desmoviliza, pero no es la única. En Colombia siguen operando miles de efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo subversivo de izquierda. Y podrían estar beneficiándose del espacio que están dejando las FARC: “Lo que se está diciendo por fuentes del campo, por ejemplo, en la región del Pacífico, es que habría guerrilleros del ELN trasladándose a zonas donde se desmovilizaría un frente de las FARC”, apunta el analista Álvarez.
“Información de inteligencia y que nosotros mismos hemos recogido en nuestro trabajo de campo nos indican también que desde hace meses algunos miembros de las FARC habrían pasado a las filas del ELN. Gente que no se ha conectado con el proceso de paz y no ha visto los incentivos reales para acogerse a él”, comenta.
El Ejército de Liberación Nacional parece dar una de cal, y una de arena. Se ha mostrado dispuesto a abrir una negociación con el Gobierno, pero a la vez parece estar posicionándose con más fuerza para iniciar esos debates.
En los últimos días se han dado pasos relevantes en pos de una solución dialogada. El presidente Santos puso como condición para negociar con el ELN que la guerrilla liberase a sus secuestrados. Son cuatro, según la información manejada por el Gobierno. Los guerrilleros liberaron el pasado viernes a uno de sus rehenes. El líder colombiano se mostró dispuesto a abrir las negociaciones la próxima semana si el ELN soltaba a todos los retenidos.
La guerrilla, por su parte, declaró una tregua para que la población de los territorios que controla pudiese votar con seguridad y garantías en el plebiscito de este domingo.
Para algunos analistas, la desmovilización de las FARC podría animar al ELN a colgar los fusiles: “El acuerdo, visto como una tendencia de agotamiento continental del recurso a la lucha guerrillera, tiene un impacto muy importante sobre el ELN, porque lo aísla y lo deja en una confrontación muy compleja con el ejército más poderoso de la región. También en sentido positivo, al abrir un camino hacia la negociación y la acción política democrática”, comenta Roberto Vidal, del Instituto Pensar.
No sería una negociación sencilla. El ELN es, a vista de los expertos, más dogmático que las FARC. También existen dudas sobre la cohesión de su liderazgo.
Ataques a activistas
A la espera de comprobar cuál es la senda que toma el ELN, a la sociedad civil colombiana le preocupa el asesinato de activistas por los derechos humanos en zonas rurales. Hasta 63 integrantes de dichos grupos fueron asesinados en 2015, un 13% más que en el año anterior. Esa la violencia se ha disparado en 2016. Hubo 35 víctimas en el primer semestre del año. La funesta cifra ha aumentado drásticamente tras la rúbrica del acuerdo entre Gobierno y FARC. Entre el 25 de agosto y el 14 de septiembre más de una docena de activistas han sido asesinados.
“Muchos de estos líderes, por ejemplo los que reclaman restitución de tierras, están tocando una fibras históricas en Colombia que las élites locales y regionales, poderes concretos, no quieren que toquen. Muchas de estas élites se están dando cuenta de que todo este proceso de paz se les vino encima y afecta a su estructura de poder”, señala Álvarez.
El analista cree que uno de los grandes retos del proceso de paz es actuar sobre las regiones más permeables a la violencia del país: “Los territorios, en sí mismos son los que presentan las oportunidades para que el crimen organizado continúe”. Su diagnóstico es optimista. Está convencido de que en que el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC se dan las garantías necesarias para solucionar las disfuncionalidades que han mantenido activo el conflicto armado en el país durante más de cinco décadas. El gran reto de implementar de manera total el pacto comienza este lunes.
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