Nelson Soria

Facebook, la empresa propietaria de la red social más popular de mundo, de Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp ha decidido cambiar la denominación de la compañía y pasará a llamarse Meta, según ha anunciado este jueves su fundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, en el evento anual de la compañía Facebook Connect. El nuevo logo de la empresa será un icono azul similar al del símbolo del infinito. Los diferentes productos conservarán sus nombres, empezando por la red social. La charla inaugural de Zuckerberg ha sido una presentación monográfica sobre el metaverso, el mundo virtual que está creando la compañía y su apuesta de futuro, al que los usuarios podrán acceder mediante dispositivos de realidad virtual y aumentada. Renombrar Meta a su marca, por metaverso, así lo indica.

“De ahora en adelante, primero seremos metaverso, no Facebook primero”, dijo Zuckerberg en el discurso inaugural del evento Oculus Connect de la compañía. “Con el tiempo, no necesitará utilizar Facebook para utilizar nuestros otros servicios”, añadió. La compañía publicó un blog detallando el nuevo nombre poco después del anuncio. La empresa comenzará a cotizar con el nuevo símbolo de cotización MVRS el 1 de diciembre, según la publicación del blog. El tan esperado cambio de nombre se produce una semana después de que The Verge informara por primera vez de que la empresa estaba cambiando de marca para centrarse en su futuro metaverso.

La expectación ante la comparecencia de Zuckerberg era máxima, en la semana más aciaga para la firma en sus 17 años de existencia. Este lunes la revelación por parte de un consorcio de medios de decenas de explosivos documentos internos de la compañía empañó el buen nombre de Facebook, que ya se había visto en la picota por una ofensiva judicial -extensible a la otras grandes tecnológicas- por presuntas prácticas monopolísticas. La confirmación de que los directivos de Facebook conocían el déficit de control y moderación de las publicaciones -en algunos casos, de mensajes de odio-, sacudió a la tecnológica. Zuckerberg incrementó la expectación con un breve mensaje su red social, invitando al seguimiento del acto, retransmitido a través de internet con el chat de participación abierto y echando humo de críticas. “El Connect de este año será especial. Espero compartir nuestra visión del metaverso. Espero verlos a todos mañana a las 10 de la mañana [hora de la Costa Oeste estadounidense, nueve horas más en la Península]”.

Aunque no abordó la controversia, el cambio de denominación de la empresa no parece ajeno a la tormenta. La primera sacudida del escándalo se produjo el pasado septiembre, cuando The Wall Street Journal exhibió documentos internos que probaban que la empresa era consciente del efecto tóxico de su red de fotografía Instagram en la autoestima de las adolescentes, mientras en público defendía sus supuestos beneficios para la salud mental. La garganta profunda de esta filtración, la exempleada Frances Haugen, destapó la caja de los truenos en un programa televisivo de máxima audiencia y luego ante una comisión del Senado de EE UU, donde incidió en la idea de una compañía sumida en una “bancarrota moral” y devolvió al debate público el siempre candente debate sobre la regulación de las redes sociales.

El pasado fin de semana, varios medios publicaron de forma coordinada nuevas revelaciones sobre cómo Facebook había tolerado contenido potencialmente violento, como discursos de odio en países en guerra, guiada por el único propósito de seguir creciendo y ganando dinero. Las filtraciones también pusieron de manifiesto la insuficiente moderación humana e informática de millones de publicaciones en la red social. De hecho, el Gobierno indio ha solicitado este jueves detalles a Facebook sobre sus filtros y controles de mensajes incendiarios, como los que se demostró proliferaron en el país por falta de moderadores con conocimientos de 20 de las 22 lenguas oficiales del país.

Esta sucesión de escándalos no parece sin embargo hacer mella en las cuentas de la compañía, al menos de momento. El pasado 25 de octubre, la empresa presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año, periodo en el que sus ingresos aumentaron el 35%, hasta los 29.000 millones de dólares, con un beneficio de 9.200 millones de dólares, un 17% más que en el mismo periodo de 2020.

Sudán: despiden a diplomáticos que criticaron golpe militar

El líder militar de Sudán despidió al menos a seis embajadores, incluidos los enviados a Estados Unidos la Unión Europea y Francia, después de que condenaran el golpe de Estado en el país, según dijo el jueves un miembro del Ejército

Los diplomáticos habían expresado su lealtad al gobierno depuesto del primer ministro Abdalla Hamdok.

El general Abdel-Fattah Buran despidió también el miércoles por la noche a los embajadores sudaneses ante Qatar, China y la delegación de Naciones Unidas en Ginebra según el oficial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

La televisora estatal Sudan TV también informó de las destituciones.

Los embajadores fueron despedidos dos días después de que Burhan disolviera el gobierno de transición y detuviera al primer ministro, a miembros del gobierno y líderes políticos, en un golpe de Estado condenado por Estados Unidos y otros países occidentales. El Ejército permitió que Hamdok regresara a su casa el martes tras la presión internacional para que fuera liberado.

Burhan dijo que las fuerza militares se habían visto obligadas a tomar el mando debido a las disputas entre partidos políticos, que según afirmó podrían llevar a una guerra civil. Sin embargo, el golpe también se produjo unas semanas antes de la fecha en la que Burhan debía ceder a un civil el mando del Consejo Soberano, el máximo órgano de decisión en Sudán. Ese traspaso habría reducido el control del Ejército sobre el país. El consejo está formado por civiles y militares, mientras que el gobierno de Hamdok gestionaba los asuntos cotidianos.

El golpe amenazaba con congelar la accidentada transición de Sudán a la democracia, que comenzó tras la caída en 2019 del veterano autócrata Omar al-Bashir y su gobierno islamista en un alzamiento popular.

Las tensiones entre líderes militares y civiles sobre el rumbo y el ritmo de ese proceso habían ido en aumento en las últimas semanas.

Ali bin Yahia, enviado sudanés en Ginebra, se mostró desafiante tras su destitución.

“No ahorraré esfuerzos en revocar esta situación, explicar los hechos y resistirme al silencio impuesto por los funcionarios del golpe sobre lo que ha ocurrido en mi amado país”, dijo en unas declaraciones en video compartidas en internet.

Nureldin Satti, enviado de Sudán a Estados Unidos, había dicho el martes que trabajaba con diplomáticos sudaneses en Bruselas, París, Ginebra y Nueva York para “resistir al golpe militar en apoyo de la heroica lucha del pueblo sudanés” y alcanzar los objetivos del alzamiento popular contra Al-Bashir.

Un grupo de 30 diplomáticos dentro y fuera de Sudán condenó la toma militar en un comunicado esta semana.

Burhan despidió también a Adlan Ibrahim, responsable de la Autoridad Civil de Aviación, según el funcionario. Adlan fue destituido después de que se restablecieran el miércoles los vuelos de entrada y salida del aeropuerto internacional de Jartum.

Por su parte, los manifestantes salieron a la calle el miércoles por la noche en Jartum y su ciudad gemela, Omdurman, en nuevas protestas contra el golpe celebradas entre fuertes medidas de seguridad. Para el jueves, las fuerzas de seguridad habían retirado varias barricadas de piedra improvisadas por vecinos en algunos barrios residenciales.

No se reportaron bajas, aunque un joven murió el miércoles por la noche en un hospital de Jartum por las lesiones sufridas en las protestas del lunes, según el activista Nazim Siraj.

Eso elevó a siete el número de manifestantes asesinado desde el lunes. Más de 140 personas han resultado heridas desde que los militares tomaron el control, según el activista.

La Iglesia católica frena en Bolivia el aborto de una niña de 11 años violada por un familiar

El caso de una niña de 11 años que se quedó embarazada por una violación vuelve a sacudir Bolivia. La menor, en un primer momento, quiso acogerse a la interrupción legal de la gestación, pero fue disuadida por la Iglesia católica. La sociedad se ha dividido en dos bandos mientras llueven críticas contra los religiosos que intervinieron, los periodistas que informaron de que se iba a practicar el aborto y también sobre el Gobierno y las feministas.

La niña estaba internada en un servicio de salud de la región boliviana de Santa Cruz, a la espera de uno de los tipos de aborto que están permitidos en el país: cuando el embarazo es fruto de una violación, un estupro o es producto de una relación incestuosa. El aborto también está autorizado cuando la vida de la madre se halla en riesgo. La menor fue violada por un hombre de 61 años, que es el padre de su padrastro. Los abusos ocurrieron durante los 10 meses que tuvo que convivir con este hombre en una localidad de Santa Cruz, mientras su madre y su padrastro trabajaban en La Paz. El violador está actualmente en prisión. Hace seis años, la hermana mayor de la niña también fue violada. Esta vez el autor fue su propio padre, que igualmente terminó encarcelado.

Algunos medios de comunicación cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto, lo que puso en alerta a la Iglesia católica. Varios religiosos hablaron con la madre de la niña y la convencieron de que desistiera de su propósito. La niña salió del hospital y fue llevada a un centro católico de acogida para muchachas que se encuentran en situaciones parecidas. Según uno de los policías que se hicieron cargo del caso, la Iglesia ofreció pagar una mensualidad a la familia para que no interrumpiera su embarazo.

En un comunicado, la institución religiosa señaló que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”.

El Ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, tuiteó en respuesta que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”. “Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, añadió. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue más allá. Señaló que la actuación de la Iglesia católica era “delincuencial”, afirmó que se está “torturando a una niña” y aseguró que informaría de lo sucedido al Vaticano.

Los grupos provida se apoyan en el hecho de que la niña tiene cinco meses de gestación, superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales. En lo que respecta a la niña, ella no adquirió conciencia de su embarazo hasta una fase avanzada del mismo. Desde el punto de vista legal, en cualquier caso, el tiempo de embarazo resulta indiferente.

Los únicos requisitos que exige la ley son que haya una denuncia de la violación y el consentimiento de la embarazada o, si esta es menor, el de sus tutores. Sin embargo, en muchas ocasiones los médicos se niegan a cumplir con la ley y a intervenir a las mujeres y niñas violadas. Desde 2014 hasta hoy, se han realizado 508 abortos legales, el 48% de ellos a víctimas menores de 18 años.

En el pasado, la resistencia de la justicia al aborto legal se reflejaba en una serie de requisitos que acababa impidiendo la interrupción. Las organizaciones feministas solicitaron al Tribunal Constitucional una simplificación del trámite, que fue concedido. Pero hasta ahora sigue existiendo resistencia entre los médicos, alentada por las diferentes iglesias. En 2018, una norma trató de obligar a los especialistas a practicar los abortos admitidos por la ley, pero el rechazo de los sindicatos sanitarios impidió que se aprobara.

Ortega y Juan Orlando Hernández, una extraña alianza preelectoral

Los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, sostuvieron un sorpresivo encuentro en Managua la tarde de este miércoles en el que firmaron decretos con base en la delimitación en el Mar Caribe y Golfo de Fonseca, dictados por La Haya años atrás. La inusitada reunión ocurrió a pocas semanas que ambos países concurran a cuestionadas elecciones generales, en las que el mandatario sandinista retendrá el poder tras haber encarcelado a todos sus contendientes, y el hondureño termina su periodo salpicado por señalamientos de nexos con el narcotráfico.

Dos de los mandatarios centroamericanos más criticados por sus marcados autoritarismos estrecharon abrazos en un contexto preelectoral en el cual sus reputaciones están por los suelos. Por un lado, Ortega impone este siete de noviembre a unas elecciones sin competencia, ya que apresó a todos los siete rivales opositores y más de una treintena de críticos. La última encuesta de la firma CID-Gallup reveló que 65% de la población votaría por cualquiera de los presos políticos con aspiraciones presidenciales, y el caudillo sandinista solo obtendría 19% de intención de voto.

El régimen sandinista está aislado casi por completo por su violenta escalada represiva, ya organismos y la comunidad internacional han adelantado más sanciones para su entorno y el desconocimiento de la elección, que abre las puertas para “un gobierno ilegítimo”. El pasado 20 de octubre el representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvo y no votó a favor o en contra de la contundente resolución que aprobó el organismo con 26 votos, siete abstenciones y nadie en contra, en la que demanda al régimen Ortega-Murillo una solución inmediata a la crisis sociopolítica y la liberación de todos los presos políticos.

Mientras que Hernández sale del poder con Estados Unidos pisándole los talones, menos de un año después que su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York. La judicatura neoyorquina probó que Tony Hernández traficó droga desde Honduras a Estados Unidos durante 12 años. La Fiscalía incluso calificó a Honduras de “narcoestado”, ya que sostiene que el mandatario el presidente habría conspirado junto a su hermano.

Los señalamientos sobre narcotráfico que pesan sobre los hermanos Hernández empañan las elecciones en Honduras, que son percibidas como el refrendamiento “de la autocracia conjugada con un narco estado”. No solo el Partido Nacional, encabezado por el presidente saliente es visto con sospechas. Jennifer Avila, directora del medio hondureño Contracorriente, escribió un análisis en el que resalta que “un exconvicto por delitos internacionales relacionados con el lavado de activos, un alcalde enfrentando antejuicio y una candidata que va por su segundo intento por lograr la presidencia, son los principales contendientes en la carrera por la presidencia”. Se trata de Yani Rosenthal por el Partido Liberal, Juan Nasry Asfura por el Partido Nacional y Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación fundado tras el golpe de Estado de 2009. “En esta ocasión, la oposición al partido oficialista no ha logrado concretar una alianza política como la de 2017 y, con los vacíos legales de las nuevas instituciones electorales, las elecciones se muestran como un proceso obligado, pero inútil, dado que esta es la autocracia hondureña”, sostuvo Ávila.

Desconcierto por tratados firmados

La aparición de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega en Managua causó desconcierto. “Tenemos una sorpresa, una buena sorpresa, es que nos estamos reuniendo la delegación del hermano pueblo y Gobierno de Honduras, delegación encabezada por su presidente Juan Orlando Hernández, le damos la bienvenida a nuestra patria”, dijo el caudillo sandinista. En ese momento se pensó que ambas naciones abrirán fronteras para que los nicaragüenses acudan sin restricciones al país vecino a vacunarse contra la covid-19, tal cual ha sucedido en las últimas semanas.

A falta de dosis en Nicaragua, sus ciudadanos se agolpan en masa en los pueblos fronterizos para recibir vacunas luego que el Gobierno Hernández así lo dispusiera. Sin embargo, el encuentro entre los presidentes no tuvo nada que ver al respecto y, en cambio, se celebró la firma de decretos de delimitación fronteriza de ambos países, que datan desde 1960, con las sentencias del tribunal internacional y que mantenía fuertes tensiones entre Nicaragua, Honduras y El Salvador.

El gran ausente en la cita fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien actualmente mantiene una disputa con Honduras en el Golfo de Fonseca, una zona fronteriza compartida por las tres naciones. La pugna es por la isla Conejo, un peñón de menos de un kilómetro cuadrado y ambos países se disputan su soberanía desde hace varios años. Opositores en San Salvador y Tegucigalpa sostienen que el conflicto entre Hernández y Bukele es una “cortina de humo” para distraer de los problemas internos de cada país.

Horas después de la firma del tratado Ortega-Hernández, Bukele lanzó un mensaje en Twitter, citando uno de la Casa Presidencial hondureña: “¿Qué creen que estuvieran diciendo el New York Times, el Washington Post y sus medios afines si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega? Exacto. ¿Qué estuvieran diciendo los demócratas en la Casa Blanca?”.

La reunión entre Ortega y Hernández ha causado todo tipo de suspicacias en redes sociales. Los usuarios intentan entender el trasfondo de tan sorpresiva e inusitada reunión. En síntesis, muchos coinciden que ambos líderes autoritarios se solapan, intentando una confrontación con Bukele para desviar el foco de sus elecciones sin credibilidad y competencia. Mientras que otros creen que el presidente hondureño trata de “asegurar su asilo y nacionalidad nicaragüense” para cuando deje el poder, al igual que lo han hecho otros exmandatarios prófugos de la justicia como Mauricio Funes, cobijado por la impunidad Ortega-Murillo.

Un juez en Colombia ordena que se reprograme la eutanasia de Martha Sepúlveda

octubre 26, 2021 No hay comentarios:

Un juez en Colombia revocó este miércoles la suspensión de la eutanasia que debía recibir Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa que tenía planeado morir el pasado 10 de octubre.

Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que, sin sufrir una enfermedad en estado terminal, recibiría la eutanasia. Pero el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Indecol) anunció la suspensión del procedimiento 36 horas antes de que ocurriera.

El caso ha generado un amplio debate en el país latinoamericano sobre el derecho a optar por la muerte asistida.

Este miércoles, el titular del Juzgado 20 de la ciudad de Medellín ordenó al IPS Indecol "cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente" en su fallo del 6 de agosto.

En esa resolución, un panel de especialistas determinó que la paciente "cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia", recalcó el juez.

Tal fallo había sido invalidado por la IPS Indecol que "concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento" al determinar que "no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité" que evaluó su caso.

El juez consideró este miércoles que tal decisión "vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de Martha Sepúlveda".

La paciente ahora deberá contar con una nueva fecha para que se aplique el procedimiento.

Un caso controvertido

Sepúlveda padece desde 2018 esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que, según su familia, convirtió su vida en un tormento.

Por ello, la paciente de 51 años acudió a un alto tribunal para que aprobaran la eutanasia.

El procedimiento fue despenalizado en Colombia en 1997, pero no se convirtió en ley hasta 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos.

Según los lineamientos del Ministerio de Salud, el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera "clara, informada, completa y precisa".

Además, la ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".

Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.

Pero en julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Y el de Martha Sepúlveda se había convertido en el primer caso en que se autoriza una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal.

El juez ordenó que en un plazo de 48 horas se deberá determinar la fecha y hora para la eutanasia.

Narcosubmarino es capturado frente a la costa de Colombia por un velero ecuatoriano estilo siglo XVIII

Un velero de tres mástiles ha interceptado y capturado a un narcosubmarino de alta velocidad que traficaba drogas ilegales frente a las costas de Colombia.

La Armada de Ecuador anunció que su alto buque escuela Guayas capturó el viernes al submarino de contrabando mientras se encontraba en aguas internacionales, entre territorio colombiano y las islas ecuatorianas en el Pacífico.

La captura tuvo lugar a solo 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la zona económica exclusiva colombiana.

Cuatro tripulantes, tres ecuatorianos y un colombiano, a bordo del submarino fueron detenidos y la embarcación fue incautada. Ahora está en camino a las autoridades de Ecuador.

El ejército no proporcionó ningún detalle sobre el tipo o la cantidad de narcóticos encontrados a bordo del barco, informó CNN.

El ejército ecuatoriano aseguró que el Guayas estaba realizando un ejercicio de entrenamiento en el momento en que notó el submarino de contrabando en las aguas.

Los narcosubmarinos, también conocidos como embarcaciones de bajo perfil, son comúnmente utilizados por los cárteles de la droga para contrabandear narcóticos de Colombia a Centroamérica, antes de que sean transportados al norte hacia Estados Unidos.

Los narcosubmarinos son deliberadamente difíciles de rastrear y capturar debido a sus altas velocidades y bajo asentamiento en el agua.

El volumen del barco se encuentra típicamente debajo de la línea de flotación y, para los más avanzados, está casi completamente sumergido con solo la escotilla y las tomas de aire por encima de la línea de flotación.

Esto puede hacer que la embarcación sea indetectable a la vista, así como a los sistemas de radar, sonar e infrarrojos, lo que representa un desafío para las agencias de control de drogas.

Mientras tanto, el Guayas es un barco de tres mástiles construido para entrenar a los cadetes navales a navegar.

Con 257 pies de largo (78 metros) con más de 15 mil pies cuadrados (mil 393 metros cuadrados) de velas colgando de tres mástiles, está diseñado para transportar 80 cadetes y una tripulación permanente de 36.

Si bien este barco fue construido en 1977, el diseño es más típico de los veleros de estilo de los siglos XVIII y XIX que los barcos militares de vapor más comúnmente utilizados en la actualidad.

Pero Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King's College de Londres, dijo a CNN que este diseño y navegación tradicional es lo que permitió al ejército ecuatoriano burlar a los narcotraficantes.

"Los marineros entrenan regularmente para tripular este barco al máximo de sus capacidades, lo que significa que en condiciones climáticas favorables sus velas podrían propulsarlo más allá de los 10 nudos (18.5 kilómetros por hora)", declaró Patalano.

"Si bien esta no es una velocidad comparable a la de los barcos modernos, cuando se combina con una tripulación competente, sin duda daría al barco una ventaja sobre cuatro narcos en una balsa casera para transportar drogas”.

La Fiscalía de Ecuador investiga el caso de los siete presos ahorcados en la cárcel de Guayaquil

La Fiscalía de Ecuador ha abierto una investigación por la muerte de siete presos ahorcados en la cárcel de Guayaquil el pasado sábado, y que se unen a otros cuatro que fallecieron de la misma manera a mediados de octubre.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El objetivo de la investigación es encontrar evidencias que esclarezcan las causas de los decesos y determinar si es verdadera la versión del Servicio de Rehabilitación (SNAI), que aseguró que se trataba de suicidios, recoge el diario local 'El Comercio'.

Los cuerpos ahorcados de los siete presos se hallaron en el interior del pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral, en un área de visitas íntimas.

Esta misma cárcel protagonizó a finales de septiembre un motín a cuenta del que fallecieron casi 120 personas y otras 80 resultaron heridas. Tras los incidentes, el presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador.

Además, la pasada semana el mandatario declaró el estado de excepción en el país con el fin de combatir la reciente ola de violencia, delincuencia e inseguridad derivada del narcotráfico.

La Penitenciaría del Litoral será el primer centro penitenciario intervenido por las autoridades dentro del plan de acción para controlar la situación de inseguridad en las prisiones ecuatorianas.

Movilización del 26 de octubre empieza a las 00:00, ratifica la Conaie

Desde las 00:00 del martes 26 de octubre, las organizaciones sociales ratificaron que comenzarán a tomar acciones en diferentes zonas del Ecuador como parte de la movilización nacional progresiva.

Así lo confirmaron los los dirigentes de las organizaciones Conaie, Fenocin, FUT y Feine, quienes en rueda de prensa anunciaron que se declaran en resistencia ante las “políticas neoliberales implementadas por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso como el incremento del precio de los combustibles.

“Abrazamos esta unidad en la lucha, a partir de los problemas que vive nuestra gente”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En Quito, está prevista una movilización en la tarde, que tomará fuerza a las 16:00, una vez que se sumen los sindicatos de trabajadores.

Rechazan la elevación previa al congelamiento de los precios de los combustibles decretado por el Gobierno la semana pasada. Exigen que se congele los precios de los combustibles en 1,50 dólares para el diésel y en 2 dólares las de las gasolinas extra y ecopaís. Con la última fijación de los costos, el precio del galón de gasolina extra y extra con etanol pasó a 2,55 dólares y el galón de diésel a USD 1.90.

Leonidas Iza no quiso adelantar qué tipo de acciones son las que van a implementar, al tiempo de señalar, que de la respuesta que dé el Gobierno dependerá el tiempo que dure la medida de hecho programada. “Si la gente y dirigentes en territorio deciden mantenerla por más días continuaremos en resistencia”, indicó.

Además, señaló que solo se puede llegar a dialogar con el Gobierno sobre esta propuesta, “si se congela el precio de los combustibles en los precios que hemos señalado, para que en este momento que la economía está deteriorada se pueda dar tranquilidad”, acotó.

Con dudas, venezolanos vuelven a clases tras 19 meses

Con la emoción del reencuentro en las aulas y la preocupación de que la pandemia sigue lejos de quedar en el olvido, decenas de miles de escuelas en Venezuela reabrieron el lunes para recibir a los estudiantes luego de más de 19 meses de ausencia.

La afluencia fue notablemente baja, pero los docentes confían en que irá en aumento.

El retorno a clases presenciales fue postergado varias veces en parte por retrasos en la entrega de las vacunas acodadas por el gobierno. En Venezuela está vigente una cuarentena desde marzo de 2020.

“Realmente no estoy de acuerdo con que hoy estemos aquí en el aula, ya que primero no contamos con las medidas necesarias para recibir a nuestros estudiantes”, dijo Yulia Ríos, docente de 34 años, en alusión a la escasez de insumos como alcohol, guantes y tapabocas que en muchos casos adquieren los propios maestros con sus magros ingresos.

Los docentes se sienten desprotegidos, incluso de llevar a sus propios hijos a las escuelas, debido a que las condiciones no son las mejores por el deterioro de la infraestructura de la mayoría de las escuelas públicas y la escasez de servicios esenciales como el agua,

“Bueno, la verdad es que me siento bastante nerviosa”, dijo Lisbet Tovar, una maestra que llevó a su hijo a la escuela y confía en que él no olvide “las normas que se le enseñó en casa”. “Tengo nervios ya que la pandemia últimamente se ha proliferado, y ha estado el índice de infectados ha incrementado”.

Actualmente se acumulan más de 400 mil casos positivos y 4.810 fallecidos, mientras que el domingo se reportaron 424 casos nuevos. La cifra de contagios podría ser mayor, puesto que la mayoría de los contagiados se atiende en casa.

El regreso a clases también se vio afectado por la deserción de docentes como consecuencia de los bajos salarios, que los obligó a dedicarse a otras labores para aumentar sus ingresos. De acuerdo con cifras de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), 40% de los 370.000 profesores activos han abandonado las escuelas desde 2017.

El salario mensual —que obtiene la mayoría de los educadores de primaria y los liceos— es el más bajo de la región y oscila entre los 4,19 y 4,34 dólares al mes.

Algunos expertos como Vicenzo Placco, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe destacaron que era incomprensible mantener la suspensión de clases cuando por doquier se pueden ver niños que van al cine, incluso a “fiestas”, pero el único lugar donde “no pueden ir... es la escuela”.

También es motivo de gran preocupación las deficiencias acumuladas por los estudiantes, particularmente de aquellos niños que daban entonces sus primeros pasos en la escuela.

El presidente Nicolás Maduro, en tanto, sostiene que el regreso a clases se hará “con todas las medidas de bioseguridad”. Como parte de un inicio del año escolar “seguro y progresivo”, el gobernante anunció que 5.200 escuelas se convertirán centros de vacunación,

Maduro también anunció el comienzo de una campaña para “reincorporar” a estudiantes no escolarizados tras admitir que durante los últimos 19 meses se han registrado deserciones y una merma de nuevos inscritos, sin mencionar cifras.

Según estadísticas oficiales, en Venezuela hay más 3,5 millones estudiantes de primaria, 2,3 millones de enseñanza secundaria y 3,1 millones universitarios.

Moderna asegura que su vacuna anticovid tiene eficacia "fuerte" en niños de 6 a 11 años

La farmacéutica estadunidense Moderna anunció el lunes resultados positivos de su vacuna contra el covid-19 en niños de entre 6 y 11 años, y tiene previsto presentar "a corto plazo" los datos a los organismos reguladores de todo el mundo para su aprobación.

Los datos de los ensayos clínicos realizados en más de cuatro mil 700 niños de esta franja etaria muestran una respuesta inmunitaria "fuerte" en términos de niveles de anticuerpos y un "perfil de seguridad favorable", dijo Moderna en un comunicado.

En las vacunas de ARN mensajero (ARNm), como la de Pfizer-BioNTech y Moderna, se emplea ácido ribonucleico para lograr el desarrollo de una respuesta inmune.

Ecuador sin muertos por covid-19 en la jornada, suma 26 nuevos contagios

Quito, 24 oct (EFE).- Ecuador no registró personas fallecidas por covid-19 en la jornada y apenas sumó este domingo 26 nuevos contagios con la enfermedad, según se desprende del informe diario difundido por el Ministerio de Salud Pública.

La cifra acumulada de contagios alcanzó los 515.632 positivos durante la pandemia, mientras que la de muertos con la covid-19 se quedó en 23.339, a los que se suman 9.613 "fallecidos probables" con la enfermedad, para un total de 32.952 defunciones.

La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que mayor cantidad de casos de contagio acumula, con 191.829 positivos, solo 3 nuevos contagios respecto al registro de la víspera; seguida de la costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 71.481 (0 adicionales).

Luego aparecen las provincias de Manabí (33.830), Azuay (28.816), El Oro (23.856), Loja (18.290), Tungurahua (15.939), Los Ríos (13.172), Santo Domingo de los Tsáchilas (12.350) y Cotopaxi (12.199).

En cuanto a la situación en los cantones o municipios, el informe precisa que Quito sigue como la ciudad más castigada por la pandemia con 177.405 contagios (3 más que el sábado), seguida de Guayaquil con 49.378 (0 adicionales).

Después asoman ciudades como Cuenca (22.212), Loja (12.247), Machala (11.916), Ambato (11.836), Portoviejo (11.078), Santo Domingo (11.004) e Ibarra (9.169), entre las más afectadas, según el reporte que proporciona "información provisional".

Ecuador puso en marcha, el pasado 21 de enero, un plan de vacunación contra la covid-19 que, con corte al 21 de octubre, aplicó 21.812.437 dosis, de las que 11.675.920 corresponden a primeras aplicaciones y 10.136.517 a segundas dosis.

Del total de vacunas aplicadas, 12.515.069 provienen de la farmacéutica china Sinovac, 6.589.880 de la estadounidense Pfizer y 2.306.747 de la británica AstraZeneca.

Asimismo, 400.741 de las vacunas inoculadas corresponden a la china CanSino, de una sola aplicación.

Venezuela plantea vacunar contra la covid en las farmacias y los centros comerciales

Caracas, 24 oct (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, planteó este domingo incrementar los centros de vacunación contra la covid-19 en el país al incluir puntos en las farmacias, centros comerciales, liceos y domicilios.

Durante un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro dialogó con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, integrante de la comisión gubernamental contra la covid-19, a quien pidió que le haga una propuesta para instalar centros de vacunación en esos puntos.

"Vamos a crecer y estoy de acuerdo con tu propuesta de incluir casa por casa, vacunación en liceos, en farmacias y centros comerciales, buena idea, vamos a combinar todo eso. Hágame una propuesta para ampliar los centros de vacunación", dijo el mandatario a Rodríguez a través de un mensaje de voz de whatsapp que grabó en vivo.

Poco antes, la vicepresidenta le había explicado que los liceos, a los que volverán mañana los alumnos tras 19 meses sin clases presenciales, "se convierten en centros (de vacunación) itinerantes donde los representantes" de los menores pueden recibir los fármacos contra la covid-19.

Mañana, coincidiendo con el retorno a clases, también comenzará la vacunación para los mayores de 12 años, si bien las autoridades todavía no han detallado qué fármaco les inocularán.

El jefe de Estado explicó que están "en estudios" para "arrancar en enero la campaña de reforzamiento" con una tercera dosis de las vacunas aplicadas.

De otro lado, Maduro dijo que, durante la semana que termina, las autoridades detectaron 8.439 nuevos casos de covid-19 en todo el país, lo que supone 708 menos que la semana previa.

En promedio, se registraron 1.206 casos nuevos por día y 1.317 recuperados. De ese modo, la tasa de incidencia semanal se ubicó en 26 casos por cada cien mil habitantes, "dos puntos por debajo de la semana anterior", según los datos que difundió.

¿Qué pasará con el cartel más grande de Colombia tras caída de su líder?

Bogotá, 24 oct (EFE).- La detención del narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", abre varias incógnitas sobre el futuro del grupo criminal que dirigía, el Clan del Golfo, y sobre la situación de seguridad en las regiones donde opera.

Alias "Otoniel", según las palabras de ayer del presidente de Colombia, Iván Duque, era "el narcotraficante más temido en todo el mundo", y su captura es "el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90".

Políticos de todas las esferas y analistas han coincidido en reconocer este éxito del Gobierno y en que es una victoria, aunque, como indica a Efe el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, una consultora de riesgo político, "esto no cambia la guerra contra el narcotráfico, esto no mueve la aguja".

Más allá de la captura y rendición de cuentas de los culpables de delitos tanto de narcotráfico y actividades criminales relacionadas, una lucha eficaz contra las drogas debería estar muy focalizada en la demanda de estupefacientes en todo el mundo, según Guzmán, un discurso que resaltó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, justamente esta semana en su visita a Colombia.

VARIOS ESCENARIOS

"Otoniel" era hasta ayer el líder del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo dedicado al narcotráfico y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tiene actualmente unos 2.000 efectivos y presencia en más de 200 municipios.

Con su caída "desaparece la hegemonía de una familia, los Úsuga, fundadores y cabeza del Clan", explica a Efe el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Pero no significa necesariamente el fin de este grupo criminal, el más grande del país, sino que puede haber dos escenarios, uno donde se divida y disperse y otro donde algunos de sus subalternos, seguramente Jobani de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", coordinador del armamento del grupo, "tome el mando y mantenga la unidad del clan", expone Valencia, quien se decanta por la primera opción.

El director de Colombia Risk se atreve a predecir que pasarán tres cosas: una lucha interna para saber quién asume el liderazgo del grupo y "quizás un fraccionamiento de ese cartel", o que se desarrolle un "plan pistola" de asesinatos de policías como cada vez que es capturado o dado de baja algún cabecilla de las AGC.

Por último está el camino que abre la captura de "Otoniel" a los carteles mexicanos en Colombia, ya que el detenido era "un socio par" de los mexicanos y "su salida puede dar una oportunidad de profundizar su control vertical sobre el mercado de las drogas".

MÁS VIOLENCIA

Otra de las consecuencias directas de este golpe, a pesar de la importancia que tiene capturar con vida a una persona sobre la que pesan 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias por homicidio agravado, desaparición forzada y reclutamiento de menores, entre otros, es que muy probablemente aumente la violencia.

"Yo creo que esto va a significar un repunte en la violencia en zonas rurales", afirma Guzmán, ya que es probable que la banda empiece a buscar a los culpables de que esta captura se haya producido y eso significa que "empiezan los asesinatos y llega un nuevo jefe para imponer un nuevo régimen de terror".

Las AGC tienen una influencia muy notoria en la parte noroeste del país, sobre todo en el norte de Antioquia y el departamento del Chocó, en el Pacífico, pero sus redes se extienden al suroeste, siempre muy vinculados a los corredores del narcotráfico y otros negocios ilegales.

En su lucha por consolidar su presencia -una pelea que se extiende ya por más de 15 años- han amedrentado a comunidades enteras, exponiéndolas a extorsiones o asesinatos selectivos, provocado desplazamientos masivos y confinado a pueblos, sobre todo indígenas y afrodescendientes.

También, como resaltó el sábado Duque, "Otoniel" tenía una "demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes".

Las autoridades trabajan ya en la extradición de "Otoniel" a Estados Unidos, que llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares por su cabeza y lo solicita por narcotráfico y participación en empresa criminal, pero en Colombia se quedarán muchas cuentas pendientes incluidas el cumplimiento de esas penas que le iban a llevar a 40 ó 50 años de prisión.

Eso significa que "va ir a pagar una condena en EE.UU. por tráfico de drogas, no por las violaciones a los menores, la reclutación de menores o el asesinato de líderes sociales", resume Guzmán.

Guatemala: Allanamientos tras imposición de estado de sitio

El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el Estor Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno. Entre las primeras acciones están allanamientos a casas y oficinas de la población.

El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia este domingo y deberá ratificarse por el Congreso de la República en los próximos tres días. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.

Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción, implantando también un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.

El domingo aún se podían observar residuos de llantas quemadas y piedras amontonadas en los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos. El mismo domingo, el Ministerio Público, acompañado de policías y militares, realizaba allanamientos en una casa y por lo menos dos oficinas comunitarias, algo permitido por el decreto fuera del horario establecido por la ley y sin que medie orden de juez competente.

La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas denunció que se allanaban las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaq´a y oficinas de la Defensoría Maya Q´eqchí, la organización local que defiende los territorios.

El decreto justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.

Durante dos días, miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas, lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras se lanzaban piedras desde ambos lados, lo que dejó varios heridos.

Algunos periodistas locales denunciaron que, durante los enfrentamientos, recibieron amenazas de las fuerzas policiales para que no fueran grabados o fotografiados.

La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultados para la implementación de estos megaproyectos.

La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara la consulta.

La procuraduría dijo que, desde principios de mes, pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

Recurren a expertos internacionales por investigación contra Lasso