El Triángulo Norte de Centroamérica vive empantanado en el miedo que generan las maras, la violencia y las extorsiones, que pueden incrementarse si Estados Unidos (EE.UU.) mantiene su afán de realizar deportaciones masivas a estos países.
Así lo advirtió hoy en el informe "Mafia of the Poor: Grand Violence and Extortion in Central America" (El salario del miedo: maras, violencia y extorsiones en América Central) la organización internacional Crisis Group, que señala que las deportaciones, como ya sucedió en la década de los 90, pueden recrudecer la violencia de las maras.
Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, las pandillas centroamericanas son, para Crisis Group, las responsables de los actos de violencia y también del desplazamiento forzado de niños y familias, pero a la vez "víctimas" de la situación de la inequidad social y la pobreza.
Las maras, organizaciones que brindan "identidad y estatus a jóvenes que se sienten fuera de lugar en sus propias sociedades y que nacen muertos", están formadas, aproximadamente, por unas 54.000 personas en los tres países, que constituyen la principal fuente de "ansiedad pública en la región".
Además de los homicidios, lo que constituye el sustento criminal de estos grupos -"y su negocio ilegal más extendido"- es la extorsión, pues mediante el acoso a negocios locales a cambio de protección estos grupos reafirman su "control", muchas veces desde las mismas cárceles.
Desde que la violencia y la inseguridad que crean estos núcleos se hizo visible, los Gobiernos optaron por establecer "mano dura" en su contra para lograr la erradicación: "Pensaban que era un problema de seguridad que requería respuestas cada vez más draconianas".
Ese enfoque, basado en el encarcelamiento masivo y la represión y dominado por el miedo, solo provocó todo lo contrario, era en El Salvador con una política de "mano dura", en Honduras a través del conocido como "Cero Tolerancia" y en Guatemala con el "Plan Escoba".
Pero ninguno de ellos supuso una reducción de la violencia a mediano y largo plazo, sino que volvió a los criminales "más sofisticados", convirtiendo a las cárceles en "incubadoras" del crimen, un hecho que demuestra que esas políticas "represivas y militarizadas" no solo fueron "ineficaces, sino contraproducentes".
Los esfuerzos para negociar una tregua con las pandillas tampoco funcionó y el ejemplo lo vivió El Salvador entre 2012 y 2014, por lo que Crisis Group propone que en el nuevo enfoque, además de reconocer la "grave crisis" de seguridad que enfrenta la región, se reconozcan las "raíces sociales y económicas de la cultura de las pandillas", imposibles de erradicar en el corto plazo.
Investigaciones penales más focalizadas y sofisticadas, una inversión económica centrada y sustancial en las comunidades más empobrecidas y un diálogo con las maras, potenciado por líderes religiosos, servirían para aumentar la confianza por ambos lados con el apoyo de los Gobiernos y de la comunidad internacional.
"Capturar a todos los mareros o invitar a las maras a una negociación abierta representan un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en el Triángulo Norte", una de las regiones más violentas del planeta a pesar de que no se desarrolla en ella una guerra convencional.
También la entidad tiene peticiones para los pandilleros, a los que les pide reconocer que su futuro como organizaciones sociales depende de asegurar su buena fe y una buena forma de empezar es asegurar que las escuelas y los hospitales sean zonas libres de violencia.
La entidad cree que es posible avanzar, pero mientras tanto su conclusión es clara: "Las maras en toda la región siguen siendo un problema social crónico, arraigado en un desarrollo económico y político defectuoso".
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