El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador otorgó este domingo diez días de plazo al movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), del expresidente Rafael Correa, para que se defienda de un proceso administrativo que podría terminar con su eliminación del registro para los comicios del próximo año.
El pleno del CNE, en una sesión virtual celebrada hoy, definió ese plazo al partido de Correa así como a las formaciones Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social, cuya inscripción en el registro electoral ha sido cuestionada por la Contraloría General del Estado (CGE).
De momento, esos cuatro movimientos políticos han sido suspendidos del Registro Permanente de Organizaciones Políticas, tras así aprobarlo el pleno del CNE en la sesión de hoy, en la que participaron la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.
Atamaint, en un comunicado difundido por el CNE, aclaró que el órgano electoral "no está eliminando a estas cuatro organizaciones políticas, sino respetando el debido proceso y otorgándoles el derecho a la defensa".
Explicó que el pleno aprobó un informe de las áreas técnicas del Consejo sobre el cumplimiento de unas recomendaciones efectuadas por la Contraloría del Estado, que solicitaba dejar sin efecto la inscripción de esas cuatro formaciones electorales.
Por ello, agregó Atamaint, el CNE resolvió iniciar un proceso de revisión de las actuaciones administrativas por las que esos cuatro grupos políticos lograron inscribirse en los registros del Consejo.
Agregó que los grupos sometidos a esta medida tienen diez días para presentar sus pruebas de cargo y descargo.
Por su parte, dirigentes afines a Correa han denunciado que este tipo de decisiones forman parte de una persecución política contra esta formación, que en varias encuestas aparece con un importante apoyo de los electores.
Correa, que reside en Bélgica y que por ley no podría presentarse como candidato presidencial, ha indicado que le gustaría postular a la Vicepresidencia de la República.
El exgobernante, que afronta varios procesos por presunta corrupción en su país, ha denunciado que el contralor del Estado, Pablo Celi, ejerce presiones para que se eliminen de los registros a varios grupos políticos, entre ellos el suyo, por el temor a una eventual victoria en las elecciones del próximo año.
En 2019, la Contraloría recomendó al CNE que vigilara la situación legal de FCS porque, presuntamente, no cumplía el requisito de tener las firmas del 1,5 por ciento del padrón electoral, como exige la ley.
Esa presunción fue descartada en un principio por el CNE, pero la Contraloría ha insistido en sus peticiones para una revisión legal del grupo correísta.
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