Lo acusa de incumplimiento de funciones cuando era Ministro de Educación
La asambleísta de CREO, Jeanine Cruz, propuso un juicio político al legislador y exministro de educación, Augusto Espinosa. Lo acusa de no haber pagado jubilaciones a docentes e inacción en denuncias de abuso sexual en unidades educativas. Junto a ella estuvieron los asambleístas Fabricio Villamar, Rina Campain, además de jubilados quienes, según dijo, esperan respuestas del exministro Espinosa.
La legisladora manifestó que "basándome en la Constitución, en el artículo 131 y 68 no da la posibilidad en este caso de buscar responsables políticos, es por eso que hoy iniciamos con el proceso de juicio político. Claramente se ha violentado el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Primero el incumplimiento de la transitoria vigésima primera de la Constitución de la República en lo referente al pago de incentivos a jubilados".
Señaló que " la indolencia también debe ser castigada. Más de 200 jubilados han fallecido por enfermedades catastróficas".
Porotro lado, Espinosa, en su comparecencia ante la Comisión ocasional AAMPETRA, admitió haber estado al corriente de la situación. Él conoció y mantuvo en secreto las denuncias de violación a menores (cien anuales) para evitar “que se mediaticen”.
En lugar de abrir sumarios administrativos, investigar a los acusados o retirarlos del sistema educativo, tapó el problema y elaboró un plan de prevención sin seguimientos, cifras ni resultados concretos; y un protocolo que ha cambiado tres veces en los últimos tres años.
Sin embargo, se multiplicaban los informes de organismos internacionales expresaban su preocupación por el tema. La CEDAW (Convención Contra la Discriminación a las Mujeres) lanzó alarmas en 2014 y 2015. En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó la “política errática” del gobierno en esta materia. En este año, el Comité de Derechos del Niño repitió idéntica advertencia, todas sin respuestas del Estado.
Según Cruz, lo del actual asambleísta de Alianza PAIS va más allá de la simple negligencia. El caso, según la investigación desarrollada por su despacho, se relaciona con un hecho político: la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y su sustitución por la Red de Maestros, un gremio afín al gobierno que trabajó activamente en las campañas electorales.
Para la legisladora, la teoría es la siguiente: La decisión de acabar con la UNE implicaba “limpiar el magisterio”; de ahí que una multitud de maestros recién ingresados o que incumplían con los requisitos del escalafón pasó a ocupar puestos directivos en escuelas y colegios.
No le faltan documentos para demostrarlo ya que tiene los nombramientos de rectores en favor de maestros pertenecientes a la categoría G del escalafón del magisterio, cuando los requisitos de la ley exigen haber alcanzado al menos la categoría D para ejercer esos cargos.
Augusto Espinosa afirmó en la comisión AAMPETRA que todos los procesos de ascensos y nombramientos en el magisterio se ajustan a los protocolos y obedecen a estrictos concursos de oposición y méritos.
Sin embargo, las pruebas juntadas por la legisladora de CREO demuestran lo contrario. La Red de Maestros solicita al nuevo Ministro de Educación, Fánder Falconí, la legalización de los docentes que, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, ejercen cargos directivos en escuelas y colegios.
Entre la documentación que adjuntará a su pedido de juicio político también hay denuncias de acoso laboral a funcionarios y docentes que quisieron romper el implícito pacto de silencio, además de numerosas fotografías que demuestran la proximidad política de algunos de los implicados con el correísmo y la Red de Maestros como la rectora del colegio réplica Aguirre Abad. Incluso aparece alguno de los profesores acusados de violación posando junto al exministro Espinosa como parte de su equipo de trabajo.
La asambleísta de CREO, Jeanine Cruz, propuso un juicio político al legislador y exministro de educación, Augusto Espinosa. Lo acusa de no haber pagado jubilaciones a docentes e inacción en denuncias de abuso sexual en unidades educativas. Junto a ella estuvieron los asambleístas Fabricio Villamar, Rina Campain, además de jubilados quienes, según dijo, esperan respuestas del exministro Espinosa.
La legisladora manifestó que "basándome en la Constitución, en el artículo 131 y 68 no da la posibilidad en este caso de buscar responsables políticos, es por eso que hoy iniciamos con el proceso de juicio político. Claramente se ha violentado el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Primero el incumplimiento de la transitoria vigésima primera de la Constitución de la República en lo referente al pago de incentivos a jubilados".
Señaló que " la indolencia también debe ser castigada. Más de 200 jubilados han fallecido por enfermedades catastróficas".
Porotro lado, Espinosa, en su comparecencia ante la Comisión ocasional AAMPETRA, admitió haber estado al corriente de la situación. Él conoció y mantuvo en secreto las denuncias de violación a menores (cien anuales) para evitar “que se mediaticen”.
En lugar de abrir sumarios administrativos, investigar a los acusados o retirarlos del sistema educativo, tapó el problema y elaboró un plan de prevención sin seguimientos, cifras ni resultados concretos; y un protocolo que ha cambiado tres veces en los últimos tres años.
Sin embargo, se multiplicaban los informes de organismos internacionales expresaban su preocupación por el tema. La CEDAW (Convención Contra la Discriminación a las Mujeres) lanzó alarmas en 2014 y 2015. En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó la “política errática” del gobierno en esta materia. En este año, el Comité de Derechos del Niño repitió idéntica advertencia, todas sin respuestas del Estado.
Según Cruz, lo del actual asambleísta de Alianza PAIS va más allá de la simple negligencia. El caso, según la investigación desarrollada por su despacho, se relaciona con un hecho político: la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y su sustitución por la Red de Maestros, un gremio afín al gobierno que trabajó activamente en las campañas electorales.
Para la legisladora, la teoría es la siguiente: La decisión de acabar con la UNE implicaba “limpiar el magisterio”; de ahí que una multitud de maestros recién ingresados o que incumplían con los requisitos del escalafón pasó a ocupar puestos directivos en escuelas y colegios.
No le faltan documentos para demostrarlo ya que tiene los nombramientos de rectores en favor de maestros pertenecientes a la categoría G del escalafón del magisterio, cuando los requisitos de la ley exigen haber alcanzado al menos la categoría D para ejercer esos cargos.
Augusto Espinosa afirmó en la comisión AAMPETRA que todos los procesos de ascensos y nombramientos en el magisterio se ajustan a los protocolos y obedecen a estrictos concursos de oposición y méritos.
Sin embargo, las pruebas juntadas por la legisladora de CREO demuestran lo contrario. La Red de Maestros solicita al nuevo Ministro de Educación, Fánder Falconí, la legalización de los docentes que, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, ejercen cargos directivos en escuelas y colegios.
Entre la documentación que adjuntará a su pedido de juicio político también hay denuncias de acoso laboral a funcionarios y docentes que quisieron romper el implícito pacto de silencio, además de numerosas fotografías que demuestran la proximidad política de algunos de los implicados con el correísmo y la Red de Maestros como la rectora del colegio réplica Aguirre Abad. Incluso aparece alguno de los profesores acusados de violación posando junto al exministro Espinosa como parte de su equipo de trabajo.
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