Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el jueves que Nicaragua vive un “Estado de excepción y de terror” y pidieron a Naciones Unidas instalar una “misión de verificación” para evaluar la situación.
En una rueda de prensa virtual, representantes de esos organismos presentaron el denominado “Informe de la Verdad. Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”, que acusa al gobierno de Daniel Ortega y a sus agentes de haber cometido “crímenes de lesa humanidad” en los últimos tres años, desde el estallido de una revuelta social en 2018.
“Enfatizamos nuestro llamado a la cooperación de los Estados y los organismos internacionales (...) mediante la instalación de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Nicaragua”, señala el documento.
Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo que la represión estatal contra activistas y opositores en Nicaragua no han variado desde 2018 y que al menos 56 ONG han sido clausuradas por el gobierno sandinista desde entonces. “Apoyamos una misión de verificación de la ONU para examinar in situ la situación en Nicaragua”, añadió.
“A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad (...) ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos”, destacó por su parte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que en mayo de 2018 supo de la muerte de 83 manifestantes a manos de policías y paramilitares, y que fue testigo presencial de dos ataques “desmedidos y brutales” de las fuerzas del gobierno contra civiles desarmados. “Y hoy la represión no ha cesado”, aseguró.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, indicó que la violencia estatal contra opositores dejó 355 civiles y 23 policías muertos del 18 de abril de 2018 al 31 de julio de 2019. Hubo además, dijo, 150 estudiantes expulsados de universidades, 450 trabajadores de la salud despedidos y más de 103.000 exiliados por disentir del gobierno, según cifras actualizadas de esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Añadió que más 160 “reos de conciencia” están detenidos hoy en Nicaragua, entre ellos, varios líderes políticos y siete opositores que intentaron disputarle el poder a Ortega, quien se reeligió el pasado 7 de noviembre en unos comicios rechazados por más de 40 países.
“En Nicaragua no hubo elecciones, todo fue una farsa”, acotó a su turno la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), otra de las ONG autoras del “Informe de la Verdad”. El documento cita como “blancos de ataque” a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas y religiosos. La prensa independiente ha sufrido “amenazas, difamación, asedio, allanamientos y confiscación de bienes, además del encarcelamiento” de periodistas y comunicadores, de los cuales seis permanecen en prisión.
Para Boanerges Fornos, director de la ONG nicaragüense Acción Penal, Ortega ha manejado la fuerza pública, el Poder Judicial, las alcaldías y el sistema de justicia, como parte “de una política de terror generalizado para instalar un estado de excepción y acallar cualquier disidencia política”. Agregó que “la gran mayoría de asesinatos y crímenes de lesa humanidad no han sido judicializados”, porque existe “un estado de impunidad completo e institucional” que infunde temor entre la población para formular denuncias y demandar justicia.
En este sentido, Tamara Taraciuk, directora de las Américas de HRW, dijo que el gobierno sandinista utiliza las leyes “como instrumento de represión” para criminalizar a la disidencia, a la vez que pidió a Ortega “el cese de la tortura y el aislamiento de las personas presas políticas”.
Ortega ha rechazado el regreso de misiones de la CIDH-OEA y de la ONU a Nicaragua, cuyas denuncias califica como “falsas” y atribuye la rebelión de 2018 a “un fallido golpe de Estado”. Esta semana, el Parlamento, el Poder Judicial y el tribunal electoral (todos bajo control del Ejecutivo), instaron al presidente a retirarse de la OEA, en rechazo a una resolución aprobada por 25 países en la cual declararon “ilegítimas” las pasadas elecciones.
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