La Justicia británica ha aceptado finalmente que un juez español interrogue a Julian Assange como testigo en el caso del espionaje al que fue sometido por una empresa de seguridad durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata interrogará por videoconferencia al ciberactivista australiano el próximo 20 de diciembre, según han señalado fuentes judiciales. El fundador de Wikileaks será trasladado desde la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres, hasta la Corte de Justicia de Westminster para responder desde allí a las preguntas del juez que indaga sobre la violación del secreto de comunicación entre Assange y sus abogados y la presunta entrega de esas conversaciones a la CIA estadounidense.
Funcionarios británicos visitaron la semana pasada a Assange en la cárcel, le preguntaron si aceptaba acudir al interrogatorio solicitado por De la Mata y entregaron una comunicación en la que se exponen los hechos objeto de la Orden Europea de Investigación (OEI) que ha tramitado a Londres la Audiencia Nacional. En el relato de los hechos objeto de investigación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se señala que David Morales, dueño de la empresa de seguridad española UC Global, SL “invadió la privacidad de Assange y sus abogados mediante la colocación de micrófonos dentro de la Embajada de Ecuador en Londres sin el consentimiento de los afectados”. Y añade que la información obtenida fue distribuida a otras personas e instituciones, entre las que estaban “autoridades de Ecuador así como agentes de Estados Unidos”.
El permiso británico para interrogar al australiano no ha sido fácil. El juez español remitió el pasado 25 de septiembre a Londres la OEI para celebrar el interrogatorio en el marco de la investigación que lleva a cabo contra Morales y su empresa por los presuntos delitos contra la intimidad, contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente y tenencia ilícita de armas. Morales fue detenido y se encuentra en libertad condicional. Documentos y vídeos desvelados el pasado julio por EL PAÍS demuestran que UC Global, SL espió las conversaciones de Assange con sus letrados, en las que diseñaba su estrategia de defensa para evitar la extradición a EE UU. Morales supuestamente facilitó estas y otras conversaciones a los servicios de inteligencia estadounidenses.
La Justicia británica, a través de la Autoridad Central del Reino Unido (UKCA), organismo encargado de tramitar las peticiones, puso trabas a la petición de De la Mata. Cuestionó su competencia para investigar el caso en el Reino Unido y le exigió más “claridad” e información, que el magistrado ha proporcionado. La posición de las autoridades londinenses causó malestar en medios judiciales y se interpretó como una resistencia a que se avance en una investigación que podría dificultar el proceso de extradición del fundador de Wikileaks a EE UU, cuya vista está prevista para el próximo febrero. Las OEI, en general, se conceden de forma automática, según afirman varios jueces españoles consultados.
La Justicia estadounidense acusa a Assange de 18 delitos que suman 175 años de cárcel por las revelaciones que Wikileaks difundió sobre material clasificado de operaciones militares en Irak y Afganistán.
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