Quito, 7 nov (EFE).- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de
Ecuador ratificó este jueves la orden de prisión preventiva contra el
expresidente Rafael Correa, vinculado a un caso de presunto cohecho,
asociación ilícita y tráfico de influencias conocido como "Sobornos
2012-2016", informó la Fiscalía.
El Tribunal acogió un pedido
fiscal y reiteró la orden de prisión preventiva, con fines de
investigación, contra Correa y otros ex altos cargos de su
Administración (2007-2017), incluido su exvicepresidente Jorge Glas,
condenado a seis años de prisión por estar involucrado en la trama de
corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Los jueces
David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, del Tribunal de la Corte
Nacional, aceptaron el pedido del fiscal que sigue el caso, Wilson
Toainga, y resolvieron negar los recursos de apelación que habían
interpuesto los abogados de Correa, Glas y otros involucrados,
identificados como Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S.
La
defensa de los acusados había solicitado que se revocara la orden de
prisión preventiva, tras aducir que no se habían cumplido los requisitos
para dictar dicha medida, recordó la Fiscalía en un comunicado
difundido tras concluir la audiencia en la Corte.
Además, los
abogados de los sospechosos habían solicitado que se dispusieran otras
medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la
autoridad, lo que también garantizaba la presencia de los involucrados
en el proceso.
De su lado, el fiscal Toainga argumentó que esas
peticiones no cumplían con los requisitos establecidos en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desecharan los recursos.
Ante el argumento de los letrados, en el sentido de que la orden de
prisión preventiva era una medida "exagerada" y que respondía a
"represalias políticas", Toainga aseveró que el trabajo de la Fiscalía
es "absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la
Constitución y la Ley".
El Tribunal resolvió, por unanimidad,
ratificar la prisión preventiva al considerar que la decisión inicial de
la jueza que lleva el caso, Daniella Camacho, cumplía con los
requisitos establecidos en el COIP y que, por lo tanto, la orden de
prisión preventiva estaba totalmente motivada y justificada con base en
el principio de legalidad.
Recordó que, en este caso, la Fiscalía
del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas
del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en
beneficio del grupo político que lideraba Correa.
Además, el
Ministerio Público indicó que la audiencia preparatoria de juicio en
contra de veinticuatro personas vinculadas al caso, se reinstalará el
próximo 11 de noviembre.
La jueza Daniella Camacho, en esa
audiencia, decidirá además sobre la existencia de presuntos vicios de
procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad, como
advierte la defensa de los acusados.
El expresidente Correa, que
reside en Bélgica desde 2017, ha denunciado una presunta persecución
política en su contra por parte de su sucesor y acérrimo rival, el
mandatario Lenín Moreno.
Este miércoles, Correa, durante una
visita a México, denunció incluso una eventual operación judicial contra
los exlíderes progresistas latinoamericanos y bromeó con que a él se le
persigue más que al mafioso Al Capone, al dictador Augusto Pinochet y
al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
"Tengo 29 juicios
penales, más que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Han
buscado mis cuentas bancarias, mis movimientos financieros y migratorios
(...) y no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán
porque sencillamente no existe", dijo Correa durante una conferencia
magistral en Ciudad de México.
Aseguró que sufre de una
persecución por parte del presidente Moreno, a quien tachó de "traidor"
por querer "destruir" su legado y "vender el país" al Fondo Monetario
Internacional (FMI).
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