El Gobierno ecuatoriano presentará este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Rafael Correa, por supuestos fondos recibidos desde Venezuela “con el propósito de desestabilizar la democracia”.
La denuncia la presentará el secretario Anticorrupción, Iván Granda, quien en un comunicado alega que Correa (2007-2017) recibió los fondos “a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro, con el propósito de desestabilizar la democracia”.
El pasado viernes, durante una cumbre en Santiago de Chile en la que se presentaba la nueva organización Prosur, el presidente Lenín Moreno anunció que “existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela”.
Unos intentos que, aseguró el mandatario, “involucran el manejo de recursos públicos para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y de la región”.
Según el comunicado difundido este martes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, transfirió 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico “Eloy Alfaro” para “alimentar cuentas personales de exfuncionarios”.
“Este Instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores entre 34.000 y 6.000 dólares”.
Siempre según la versión ofrecida por la Presidencia ecuatoriana, en la reunión de Santiago de Chile, “los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú tomaron nota de la denuncia ecuatoriana y, por sus implicaciones para la democracia e integración regional, dispusieron a sus cancilleres examinar el caso y tratarlo en una próxima reunión del foro”.
Granda entregará la documentación en la Fiscalía el miércoles a las 09.00 hora local (14.00 GMT), y después llevará la información a la Cancillería para que esta la comparta “con los presidentes de los países suramericanos para su conocimiento y acciones pertinentes”.
Morenó llegó al poder en mayo de 2017 de la mano del exmandatario Correa pero, menos de dos meses después de haber asumido la presidencia, afloraron las primeras divergencias entre ambos, primero por el déficit dejado por la anterior Administración y después por razones ideológicas.
A finales de 2017, el movimiento Alianza País, del que ambos formaron parte, se fraccionó en dos grupos políticos.
El nuevo Gobierno lanzó en 2018 una campaña contra la corrupción en el país en el marco de la cual se le abrieron a Correa una decena de investigaciones.
El exmandatario, que reside en Bélgica y niega cualquier vinculación a esa supuesta corrupción, está prófugo de la Justicia ecuatoriana por violación de medidas cautelares en el caso del secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.
La denuncia la presentará el secretario Anticorrupción, Iván Granda, quien en un comunicado alega que Correa (2007-2017) recibió los fondos “a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro, con el propósito de desestabilizar la democracia”.
El pasado viernes, durante una cumbre en Santiago de Chile en la que se presentaba la nueva organización Prosur, el presidente Lenín Moreno anunció que “existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela”.
Unos intentos que, aseguró el mandatario, “involucran el manejo de recursos públicos para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y de la región”.
Según el comunicado difundido este martes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, transfirió 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico “Eloy Alfaro” para “alimentar cuentas personales de exfuncionarios”.
“Este Instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores entre 34.000 y 6.000 dólares”.
Siempre según la versión ofrecida por la Presidencia ecuatoriana, en la reunión de Santiago de Chile, “los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú tomaron nota de la denuncia ecuatoriana y, por sus implicaciones para la democracia e integración regional, dispusieron a sus cancilleres examinar el caso y tratarlo en una próxima reunión del foro”.
Granda entregará la documentación en la Fiscalía el miércoles a las 09.00 hora local (14.00 GMT), y después llevará la información a la Cancillería para que esta la comparta “con los presidentes de los países suramericanos para su conocimiento y acciones pertinentes”.
Morenó llegó al poder en mayo de 2017 de la mano del exmandatario Correa pero, menos de dos meses después de haber asumido la presidencia, afloraron las primeras divergencias entre ambos, primero por el déficit dejado por la anterior Administración y después por razones ideológicas.
A finales de 2017, el movimiento Alianza País, del que ambos formaron parte, se fraccionó en dos grupos políticos.
El nuevo Gobierno lanzó en 2018 una campaña contra la corrupción en el país en el marco de la cual se le abrieron a Correa una decena de investigaciones.
El exmandatario, que reside en Bélgica y niega cualquier vinculación a esa supuesta corrupción, está prófugo de la Justicia ecuatoriana por violación de medidas cautelares en el caso del secuestro del político opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.
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