La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anunció este domingo más "piquetes express" y una nueva marcha en Nicaragua, en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien responsabilizan por la peor crisis sociopolítica del país en décadas.
En un comunicado la Unidad invitó a los nicaragüenses a realizar "piquetes express" el martes 2 de abril próximo al atardecer, y al día siguiente un "pitazo por la libertad de los presos políticos".
Los "piquetes express" son manifestaciones en grupo en lugares públicos, que tardan menos de dos minutos, en los que las personas muestran su rechazo a Ortega y luego suben los videos a internet.
La rapidez con que se ejecutan los "piquetes express" tiene como objetivo evitar la captura de los manifestantes, quienes se reúnen en grupo para no ser presa fácil de las fuerzas de choque oficialistas.
El pitazo citado para el miércoles, también al atardecer, consiste en que todos los conductores suenen las bocinas de sus automóviles, y las personas de a pie, en sus casas u oficinas, hagan bulla con lo que tengan a mano.
"Instamos a la ciudadanía a mantener las manifestaciones cívicas y pacíficas, no caer en las provocaciones, porque el modo en que están operando (los oficialistas) es incitador: provocar que la población caiga en la violencia, y que la Policía tenga un motivos para tomar acciones", dijo el estudiante de medicina Yerri Estrada, miembro de la Unidad.
Jesús Tefel, también integrante de la Unidad, recordó que "los paramilitares ya están articulados por completos (nuevamente), hay que tener cuidado en las futuras movilizaciones, nosotros no andamos armados, si ven a alguien armado, probablemente es de ellos (oficialistas)".
En las últimas tres semanas la Unidad, conformada por 75 organizaciones opositoras, ha tenido éxito en sus convocatorias de protesta contra Ortega, pese a la prohibición expresa por la Policía Nacional y ataques combinados de sus agentes, paramilitares y personas vestidas de civil, contra los manifestantes.
La Unidad también anunció que solicitará permiso para una marcha multitudinaria ante la Policía, la que esperan sea denegada al igual que en ocasiones anteriores, con el objetivo de "que la comunidad internacional tenga evidencias de quién no tiene voluntad política" para evitar la violencia "es el Gobierno".
El pasado viernes el Gobierno se comprometió a respetar la Constitución de Nicaragua en relación a las libertades públicas, pero al día siguiente la Policía y paramilitares encapuchados agredieron a un grupo de manifestantes en un establecimiento privado, lo que desató críticas de diversos sectores.
Desde el estallido social contra Ortega en abril pasado, al menos 325 personas han muerto en protestas gubernamentales, según la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), aunque organismos locales establecen el número de víctimas en 561, y el Gobierno en 199.
La CIDH ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".
Unas 809 personas se mantienen en la cárcel como "presos políticos", según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
Ortega afirma que la crisis en realidad es un intento de golpe de Estado "fallido".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
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