Al menos cinco muertos, incluido un niño de 15 meses, dejaron ataques simultáneos de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega en barrios de Managua y en la principal universidad de Nicaragua, informó un grupo de derechos humanos.
"Estamos hablando de cinco muertos, incluido el niño, pero podría haber más", afirmó a la AFP Georgina Ruiz, activista de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que contabiliza unas 200 muertes en poco más de dos meses de protestas contra Ortega.
Desde la medianoche, fuerzas de policías, parapolicías y paramilitares incursionaron fuertemente armados en al menos seis barrios del oriente capitalino y en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en el suroeste, donde decenas de estudiantes se mantienen atrincherados.
Dos jóvenes murieron en la zona universitaria, en tanto que otros 15 resultaron heridos, según el CENIDH. Los otros fallecimientos ocurrieron en los barrios.
El niño murió cuando su madre lo llevaba a un lugar donde se lo cuidaban, en momentos en que las fuerzas combinadas entraron a un barrio en el sector este de la capital para desmontar barricadas, según contaron los familiares a la prensa.
"Fue un balazo de parte de la policía. Yo los vi, fueron policías, nadie me lo dijo", declaró la madre del niño, Kenia Navarrete, al canal 100% Noticias.
El sitio oficial del gobierno, El 19 Digital, aseguró que quienes le "dispararon" al menor fueron "delincuentes que se encuentran operando en el sector de la Universidad Politécnica(Upoli)".
"Reiteramos nuestro llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y represión, el pueblo nicaragüense merece una oportunidad para la paz", escribió en Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras condenar la muerte del niño y de los dos jóvenes en la UNAN.
Ante los ataques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de grupos de la sociedad civil, suspendió una marcha prevista para la tarde de este sábado.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.
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