Desde este lunes, el Parlamento reconsiderará esta figura que lidia con la falta de apoyo interno.
El 5 de enero está cerca. Para algunos, ese día Juan Guaidó debe quitarse el adjetivo de presidente interino de Venezuela y desintegrar lo que queda de esa Asamblea Nacional (AN) electa en 2015. Para otros, mientras no haya elecciones presidenciales libres y justas, el interinato debe seguir.
En esa diatriba se encuentra la oposición venezolana. Justamente, este lunes en la AN comenzarán a discutir la modificación del Estatuto de la Transición, el documento que le daba el aval al parlamento para hacer la designación del presidente interino, pero, en 2020 ya este instrumento comenzaba a agotarse -fue modificado- y así continuó el período legislativo a través de la figura de la comisión delegada la misma que hoy comenzará a sesionar sobre este aspecto.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del parlamento opositor - en diciembre de 2020 se realizaron elecciones y ahora hay una AN de mayoría oficialista- propuso realizar estos cambios “que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de continuidad de la Asamblea Nacional y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de las funciones de la presidencia encargada”, dijo.
A principios de diciembre Julio Borges renunciaba a su cargo como comisionado en el exterior del gobierno interino, pero además pedía que se reformara ese estatuto porque “el gobierno interino tienen que desaparecer “. Borges, en el exilio, alegaba que la corrupción y la falta de resultados concretos no justificaban que esa figura siguiera existiendo y que por el contrario, la necesidad era reunificar la oposición para continuar la lucha democrática.
El debate que inicia este lunes decidirá y definirá el curso y funcionamiento de la figura de Juan Guaidó frente a la oposición, al gobierno interino y de cara también al reconocimiento internacional. Estados Unidos y 50 países le mantienen el apoyo bajo la premisa de la necesidad de restablecer la democracia y poner fin a la “usurpación” del poder.
“El contexto político se ha vuelto muy complicado debido a que hay presiones políticas y financieras contra los diputados”, dice a EL TIEMPO el politólogo Daniel Arias. Lo que pase este lunes también tendrá repercusiones hasta en los recién electos gobernadores.
“No es de extrañar que se produzcan fisuras o algún grupo político abandone la votación” dice Arias, recordando que hay “muchos” intereses en contra de la continuidad del interinato a pesar que esto signifique una posible pérdida de apoyo internacional.
Hasta ahora, Juan Guaidó ha ejercido como presidente de la Asamblea Nacional y del ejecutivo bajo la figura de la presidencia encargada, porque así, basados en el número 233 de la Constitución fue planteado en el Estatuto de la Transición. Lo que se propone ahora es lo siguiente:
Que el 5 de enero de 2022, debido a que sigue la usurpación de la silla presidencial por parte de Nicolás Maduro, la AN continúe sus funciones a través de la comisión delegada que está conformada por el presidente del parlamento, los vicepresidentes y los presidentes de cada comisión permanente. No se sabe si teniendo a Guaidó como presidente.
La otra propuesta, hecha por el procurador especial del interinato, es que Guaidó asuma plenamente las funciones del ejecutivo sin necesidad de que sus actuaciones sean aprobadas por ese poder legislativo. Hasta ahora lo que se busca es preservar la institución.
En declaraciones recientes a este diario, la parlamentaria Delsa Solórzano indicó que no se trataba de apoyar la persona de Juan Guaidó, sino de preservar la constitución. Apuntaba que podía ser cualquiera que fuese designado presidente encargado, pero lo importante era apegarse a la legalidad y por eso era necesario dar continuidad al interinato porque no hacerlo era violar la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la asamblea opositora y que opera desde el exilio, ha emitido sentencias en favor de la continuidad del interinato. Ante esto, la exmagistrada Cecilia Sosa Gómez, cree que es necesario preservar lo que ha considerado el “orden constitucional transitorio” del país.
Para la exmagistrada apunta que existe la “necesidad” de hacer prevalecer el orden público constitucional sobre “situaciones que amenazan el Estado de derecho”, por lo que en concordancia con el TSJ que respalda a Guaidó, es obligatoria la continuidad del mandato de la AN del 2015.
La sentencia de ese tribunal en el exilio pide que Guaidó se separe del parlamento y asuma únicamente como presidente encargado y que además haga rendición de cuentas ante el parlamento cumpliendo con el principio de la separación de poderes.
Además del Estatuto de la Transición, a partir de este lunes también se debatirá sobre la reforma de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que tiene que ver con las partidas presupuestarias destinadas a la atención de la emergencia humanitaria.
Ante este panorama, el factor clave es el reconocimiento internacional por ejemplo en el caso del oro venezolano que reposa en el Banco de Inglaterra y que hasta ahora no ha sido entregado a Maduro porque la Reina Isabel reconoce la presidencia encargada de Juan Guaidó, como este, hay más fondos en el exterior que están en situación de protección pero porque no se reconoce al actual régimen por lo que las decisiones que se tomen en cuanto al interinato, terminarán de alejar o acercar a la comunidad internacional en el caso venezolano ya de por sí bastante olvidado.
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