En medio de la crisis carcelaria que vive Ecuador, el Gobierno de Lenín Moreno activó este jueves los Comités de Seguridad en diferentes provincias del país, especialmente en aquellas donde se han registrado más enfrentamientos entre bandas en las cárceles; todo en un intento por frenar los motines que ya se han cobrado la vida de 80 reos.
Cuatro motines prácticamente simultáneos en distintas cárceles de Ecuador el martes 23 de febrero dejaron imágenes que han impresionado a los ciudadanos y a las autoridades del país andino; con enfrentamientos que ya se han cobrado la vida de al menos 80 presos, algunos de ellos de bandas rivales. Una situación que el Gobierno provisional de Lenín Moreno está intentando frenar, por lo que este jueves activó los Comités de Seguridad en las provincias más afectadas.
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas han dado en las últimas horas por controlada la situación en dos centros de reclusión —la N°4 de Guayaquil y la de El Turi, en la ciudad de Cuenca— tras los nuevos intentos de amotinamiento y disturbios de los reclusos durante la noche del miércoles, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad del país (SNAI).
En un escueto comunicado, el organismo precisó que, tras la intervención de la Policía Nacional, "se logró restablecer el orden y retomar el control en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Guayas número 4 y Cotopaxi número 1".
Los escenarios en los que tuvieron lugar los disturbios desde el martes fueron la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; y los Centros de Rehabilitación de Turi, en Cuenca; y de Cotopaxi, en Latacunga; además de un cuarto centro en Guayaquil que no aparecía en las primeras informaciones.
En Guayaquil se registró un nuevo amotinamiento la noche del miércoles, y la policía actuó para desmantelarlo. El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, dijo que los cuerpos de seguridad intervinieron para frenar la “agresividad e irracionalidad” de los grupos delictivos.
Los presos grabaron en sus dispositivos móviles cómo miembros de otras bandas, encarcelados en áreas de máxima seguridad, eran asesinados sangrientamente por sus rivales. Desde el Ejecutivo pidieron que no se difundieran imágenes y vídeos de reos fallecidos por respeto a las familias.
A pesar de que todavía no se ha localizado el origen de estos sangrientos enfrentamientos, la implicación de organizaciones criminales parece innegable, ya que el Ejecutivo saliente de Moreno no ha podido impedir que los centros de detención estén bajo su control.
Al respecto, el director del sistema penitenciario (SNAI), Edmundo Moncayo, habló de una lucha encarnizada por el poder en los penales en la que están implicadas al menos seis bandas ecuatorianas relacionadas con el narcotráfico –Choneros, Los Lagartos, Los Lobos, Tiguerones, Los Pipos y Chonekillers–.
La desesperación de los familiares de los presos
Los familiares lloraban en las inmediaciones de las cárceles afectadas, llenos de incertidumbre e impotencia, mientras exigían a la policía que interviniera y parara los enfrentamientos. Aún no se recuperan del horror vivido el martes. Solo pudieron contemplar cómo la policía antimotines entraba a los penales con armas de largo alcance, escudos y bombas de gas.
“Tengo el corazón en la mano porque no sé nada de mi hijo, no nos dan ninguna información”, decía una de las familiares en las puertas de la penitenciaría Nº4 de Guayaquil.
La situación de desesperación ha llevado a algunos familiares de los presos a protestar por la gestión de la crisis.
No es la primera vez que pasa algo así en las penitenciarías ecuatorianas. De hecho, la tensión dentro de los centros de detención de Ecuador viene cocinándose desde hace al menos dos años.
En 2019, una serie de motines en apenas un mes y medio condujo al presidente a declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario. Entonces, las autoridades reconocían que había un déficit de recursos e infraestructura que hacía imposible mantener el control y la seguridad dentro de los centros.
Con celdas sin candados, presos con teléfonos móviles a su disposición y una amplia colaboración de los funcionarios corruptos, el amotinamiento fue inevitable.
La mala gestión y la corrupción como telón de fondo
La principal conjetura al respecto de lo sucedido gira en torno al asesinato del líder de la Choneros en diciembre. De hecho, el director del SNAI, Edmundo Moncayo, señaló que esperaban algún tipo de represalia o ajuste de cuentas por lo sucedido, aunque no de esta magnitud.
Con la misma respuesta que dio en 2019 ante los amotinamientos carcelarios, proclamar el estado de emergencia, Lenín Moreno no dudó en achacar lo sucedido a los grupos criminales organizados.
"Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia", declaró en un vídeo difundido por la Presidencia en el que aseguró que no hay "coincidencias" y que los sucesos de ayer son "consecuencia" de un incremento del narcotráfico.
Los ajustes de cuentas en centros penitenciarios se registran, además, en un contexto de hacinamiento cercano al 30% según organismos especializados, déficit de personal penitenciario del 70%, o falta de presupuesto para las cárceles y corrupción, entre otros factores. También se han denunciado abusos por parte de la policía penitenciaria a los presos.
El hacinamiento es un problema reconocido oficialmente desde hace años, pese a la construcción de nuevas cárceles. Un factor relacionado con la pobre legislación al respecto y con el encarcelamiento de investigados que todavía no tienen una sentencia firme por temor a que se den a la fuga. Esto ocasiona que los condenados con sentencia firme convivan con personas que aún están siendo procesadas.
En Ecuador, la población carcelaria ronda los 40.000 presos pese a que hay espacio para 29.600. La inversión pública de 1,2 millones de dólares en infraestructuras y demás servicios carcelarios no han sido suficientes para frenar la ola de violencia que se vive en las prisiones ecuatorianas.
Ahora, a pesar de que las fuerzas de seguridad y el Gobierno aseguran que la situación está controlada, Ecuador está bajo alerta por posibles rebrotes de violencia en las prisiones, como temen muchos familiares.
Con EFE y medios locales
