Un conflicto mapuche que recrudeció el último mes puso a la Patagonia en la mira del poder central de Argentina, en medio de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre y con el espejo del dilema que se mantiene en la región de la Araucanía en Chile, a 450 kilómetros de distancia.
La cordillera de la provincia de Río Negro, situada a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, fue epicentro en el último mes de tres ataques incendiarios intencionales y una nueva reivindicación mapuche en tierras privadas donde se realizaba una explotación forestal.
El eje del conflicto se ubica en Bariloche y El Bolsón, dos ciudades con privilegiados paisajes, grandes reservorios de agua dulce y de bosques nativos, y donde el turismo es la principal actividad económica.
Aunque solo uno de los ataques incendiarios perpetrados en octubre en esta región fue reivindicado, a través de un comunicado, por la organización clandestina Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), vinculada a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), el Gobierno de Río Negro apuntó a un recrudecimiento de la violencia por parte de los pueblos originarios y denunció ante la justicia federal la actuación de una "organización terrorista", un delito contemplado en el Código Penal Argentino.
La identificación de estos episodios con actos de terrorismo fue rechazada por el Gobierno del presidente Alberto Fernández que, a través de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, descartó esta premisa.
“Decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de estas características para sacar una ventaja politiquera”, dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red y abogó a que sea el Poder Judicial el que determine la tipificación del delito y los autores, que hasta el momento son desconocidos. Esa causa hoy está en manos del Juzgado Federal de Bariloche.
Un conflicto de varios años, con un líder preso en Chile
Pero el conflicto mapuche lleva varios años en esta región de la Patagonia. La RAM, que actúa en el anonimato y solo el líder mapuche hoy preso en Chile, Facundo Jones Huala, se asumió como integrante de este grupo en su juicio de extradición a Chile en febrero de 2018, reivindica ataques incendiarios y sabotajes en vías férreas, tendido eléctrico y rutas nacionales en la cordillera desde 2009.
Su campo de acción -según el reconocimiento de la organización- han sido las provincias de Chubut y Río Negro, principalmente, con incendios a dos refugios de montaña (en 2014 y 2017), el campamento de una empresa vial en la ruta nacional 40, el tendido eléctrico y maquinaria en la estancia del magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, sabotajes en la vía férrea del tren turístico La Trochita, y el ataque y ocupación de un predio dentro de la propiedad del italiano Luciano Benetton. También reivindicaron sabotajes en pozos petroleros de la provincia de Neuquén.
La identificación de Facundo Jones Huala con la RAM, por ser el único integrante que se asumió públicamente como tal, asocia de manera directa el conflicto de la Patagonia argentina con la Araucanía de Chile, donde el presidente Sebastián Piñera decretó el “estado de emergencia” y envió tropas.
El lonco (como se define a los líderes o jefes de grupo de comunidades mapuches) argentino, nacido en Bariloche, que hoy cumple una condena de 9 años de prisión en una cárcel de Temuco (Chile) por el incendio de una estancia y tenencia ilegal de armas de fuego en ese país, admitió en 2018 haber “combatido” para la organización chilena CAM y desde su lugar de detención, días atrás difundió una carta donde reafirma que desconoce los estados nacionales de Argentina y Chile, y rechaza una vinculación política con el Gobierno actual del presidente Fernández, como sectores de la oposición le atribuyeron ante la falta de intervención de la Nación en el conflicto.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, del partido provincial Juntos Somos Río Negro, que en el conflicto mapuche marcó posturas opuestas al Gobierno nacional, también deslizó una vinculación con Chile: “Estos no son hechos nuevos. Hemos tenido algunos acontecimientos similares en Río Negro en años anteriores y también hubo situaciones de extrema violencia en Chile. Esto es lamentable, tenemos que apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método”, afirmó tras los primeros ataques incendiarios ocurridos el 3 de octubre en una oficina de turismo en El Bolsón y un destacamento de Vialidad Rionegrina en Bariloche, ambos perpetrados la misma noche.
"No es un conflicto de tierras porque, de ser así, nos sentamos todos en una mesa a discutir”
La dimensión real del grupo que opera desde el anonimato es incierta y también su vinculación con los reclamos territoriales mapuches vigentes, como la reivindicación del área rural de Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros de la localidad de El Bolsón, donde existe una explotación forestal, y permanecen desde fines de septiembre mapuches a pesar de una orden de desalojo de la justicia de Río Negro y de la custodia de las fuerzas de seguridad que impiden el ingreso de víveres y personas.
En este reclamo públicamente se diferenciaron de la RAM, a pesar de que integra esta reivindicación territorial una familiar directa de Jones Huala. A través de un comunicado de prensa señalaron: “No formamos parte de la RAM, ni Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro), ni Parlamento Mapuche” y remarcaron su autonomía.
En paralelo, en la justicia federal de Bariloche avanza la causa por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales (un área boscosa protegida) contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, (una comunidad mapuche conformada en territorio considerado ancestral) que se radicó en la zona de Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de Bariloche, en 2017.
Aquí, un hermano de Jones Huala estuvo detenido por participar de la ocupación cuando se produjo un desalojo en noviembre de 2017, que terminó con el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel alcanzado por un disparo de un arma del escuadrón de Prefectura Naval Argentina que realizó el operativo.
Esta reivindicación mapuche de Villa Mascardi –que tiene un grupo incierto de integrantes y el rechazo de comunidades que trabajan con el Estado- protagonizó en los últimos años decenas de episodios de violencia contra pobladores de la zona y transeúntes de la ruta nacional 40, daños en propiedades privadas y avances territoriales hacia la costa del lago homónimo al paraje y otras propiedades como un complejo de cabañas que pertenece al Obispado de San Isidro. En todos los casos –que se investigan en la Justicia de Río Negro- el accionar es con caras cubiertas, por lo que la identificación de los autores es casi nula.
Ernesto Saavedra, abogado de pobladores que fueron víctimas de episodios de violencia por parte de mapuches encapuchados, consideró ante este medio que la situación actual responde a "una cuestión política, no es un conflicto de tierras porque de ser así nos sentamos todos en una mesa a discutir”.
"Que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”
De manera puntual, tras un cruce político con la gobernadora respecto de la responsabilidad de la seguridad en la región, el Gobierno nacional envió fuerzas federales a El Bolsón y Bariloche para realizar tareas de control y prevención en la vía pública y rutas nacionales. Desde entonces, no se registraron nuevos episodios violentos en la zona.
En medio de esta situación conflictiva, desde Río Negro la gobernadora ratificó la “voluntad de diálogo” y de trabajo en conjunto que existe con los pueblos originarios a través de organismos estatales como el Consejo de Desarrollo Indígena, que integra el Estado y las comunidades mapuches. Hoy hay 164 comunidades mapuches constituidas en el territorio provincial y el 99% tienen vínculo con el Estado, según indicó la mandataria.
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, denunció que el trasfondo del conflicto actual es la falta de avance del relevamiento indígena que ordena la Ley Nacional 26.160, cuya prórroga está actualmente en debate en el Congreso Argentino. El referente mapuche precisó que 54 comunidades cuentan con el relevamiento indígena concluido, pero resta censar a más de 100 comunidades.
La tarea del relevamiento de pueblos originarios, que se realiza desde 2006 con severas demoras en todo el país, es coordinada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a las provincias y comunidades indígenas.
La gobernadora de Río Negro acusó a los funcionarios actuales de este organismo, sus coterráneos Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, de “alentar” la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto. Desde INAI -a través de un comunicado de prensa- descartaron la acusación y señalaron que “la provincia de Río Negro no lleva a cabo relevamientos territoriales desde hace años, y no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias argentinas”.
El organismo nacional acusado reclamó que “se desplieguen programas de gobierno que lleven adelante las entregas de títulos comunitarios y demarcaciones territoriales establecidas en la Ley 26.160 que la provincia de Río Negro se rehúsa a llevar adelante”.
Carriqueo, del Parlamento Mapuche, también responsabilizó a la provincia de la falta de avance del relevamiento. “Una de las cosas que pasa en Río Negro tiene que ver con la presión empresarial y de sectores opositores que cuestionan el relevamiento de tierras. Es parte de la historia de los Estados y las provincias, que avanzaron sobre las comunidades que estaban en la zona y esta ley nace para darle un marco legal, que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”, afirmó y recordó que la Constitución argentina contempla la preexistencia de los pueblos originarios.
Las comunidades mapuches que trabajan junto a organismos estatales como INAI y Codeci aguardan que el Congreso de la Nación prorrogue por 4 años más la ley que ordena el relevamiento indígena y poder seguir adelante con este censo de los territorios donde hay asentamientos mapuches en la provincia.
En tanto, el Gobierno de Río Negro espera que avance la investigación judicial por los ataques incendiarios del último mes para identificar a los responsables y que la justicia determine si se consideran delitos que pueden considerarse como de una organización terrorista.
