Las fértiles tierras agrícolas de Paraguay se concentran en manos de unos pocos latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y ganado bovino, los principales productos de exportación del país sudamericano. Un 2,5% de la población de Paraguay concentra el 85% de sus tierras agrícolas, lo que lo convierten en uno de los países con más latifundios de América Latina y del mundo.
Entre 2004 y 2014 el precio de una hectárea de suelo paraguayo de la región más productiva aumentó de 200 dólares a 1.200 o más. En las zonas más fértiles y con infraestructuras viales desarrolladas los precios pueden alcanzar los 15.000 dólares por hectárea.
"¡Avancen! ¡Avancen! ¡Avancen!". Así gritaba el jefe de un batallón de 150 policías con escudos, cascos, porras y escopetas desplegado frente a una asamblea de 50 campesinos. Las familias labriegas reunidas con sus niños bajo la sombra de un gigantesco mango no tuvieron tiempo de reaccionar: "¡Vamos a hablar!", suplicaban sin efecto algunos, mientras veían venir los porrazos.
"No escucharon. Empezaron a agarrar a las señoras, a otro le quebraron la cabeza y nos tuvimos que esconder", cuenta Milcíades Añazco, un labriego paraguayo de 30 años que vive con su esposa y sus dos hijos en una pequeña porción de tierra colorada cubierta de frutales en Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, a 250 kilómetros de Asunción y a solo 80 de la frontera con Brasil.
La comunidad, a la que solo se llega por caminos de tierra, está siendo asediada y destruida impunemente desde el pasado septiembre por latifundistas vecinos de origen brasileño, según denuncian sus habitantes, la principal organización civil del campo, la Federación Nacional Campesina (FNC), y parlamentarios de los tres principales partidos que han acudido al lugar para intentar frenar los enfrentamientos.
Dos de cada 10 paraguayos ingiere menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana
"Con la connivencia de la fiscalía del distrito y de la Policía Nacional los brasileños vienen y destruyen nuestros cultivos y nuestras casas. Después vienen los cascos azules a pegarnos y robarnos lo que queda", dice Añazco mientras va señalando sus 15 heridas de balín en las piernas, nalgas, pecho, hombro y las marcas de culatazos en la espalda.
El 3 de enero, tras sabotear la asamblea vecinal, los agentes persiguieron a las familias campesinas en una desigual batalla campal hasta el terreno privado y la modesta vivienda de madera de Añazco, donde una veintena de mujeres y niños se refugió junto a algunos hombres.
"Salí a decirles que esto era propiedad privada y que no iban a entrar. Prohibido. Hay criaturas. Vamos a hablar. Pero ahí volvieron a atacar", narra el campesino. La respuesta de los policías fue derribar la resistencia a patadas. Tiraron gases lacrimógenos y cuando toda la gente comenzó a salir de la casa para no asfixiarse, los persiguieron otra vez y les dispararon con balines de goma. La gente corría por las inmensas plantaciones de soja para escapar de las balas.
Al día siguiente del desalojo todavía estaban impresas en la puerta blanca de la casa de los Añazco las marcas marrones de las botas policiales. Las pertenencias de la familia quedaron destruidas: la motocicleta, su antena parabólica y todo el mobiliario. Además, robaron una cartera con 600.000 guaraníes (unos 100 euros) y todos los documentos. A su hijo de 10 años le pegaron tan fuerte en la mano que lo tuvieron que llevar a Asunción para ser atendido de urgencia por una fisura.
"Esposaron, rompieron bocas, cabezas. Nos maltrataron mucho. A todos los que agarraban les daban y les subían a la patrullera y se llevaban las motos, todo. Las señoras les gritaban: '¡Aquí hay criaturas, nos rendimos, no hacemos nada!', pero igual les pegaban", recuerda Añazco.
La Policía aseguró que intervino por orden de la Fiscalía que afirma que los campesinos ocupan ilegalmente tierras de los brasileños. También acusa a los labriegos de entrar en las plantaciones de soja de los brasileños para bloquear el paso de sus máquinas e impedir que fumiguen con agroquímicos.
Solo el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país
Tierra muy fértil, pero muy mal repartida
En Paraguay el 80% del campesinado, aproximadamente un 35% de la población de unos siete millones de habitantes, no posee tierras. Mientras las vacas ya duplican a la gente, dos de cada 10 paraguayos ingieren menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana. Las tierras más fértiles han sido deforestadas y ahora son o pasto para vacas o plantaciones de soja transgénica porque el agronegocio es muy rentable y aporta más de un 30% al producto interno bruto del país.
Solo el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que se ha acostumbrado a importar desde Argentina y Brasil alimentos que podrían ser producidos por su campesinado, según datos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), una organización no gubernamental.
Guahory representa un paradigma de la situación de muchos rincones de Paraguay. Este lugar, que originalmente era una selva subtropical con monos y jaguares, se ha convertido en una llanura limpia, sin árboles, donde solo hay plantaciones de soja cuyo fin no se ve en la línea del horizonte. El asentamiento campesino ha quedado en medio de un siniestro mar verde de plantas de soja por donde no suele pasar un alma a menos que sea en un gran tractor para fumigar.
La cría de ganado y las plantaciones de soja para exportación son la norma en el campo paraguayo, por eso el país sudamericano es el cuarto exportador de soja y el sexto de carne bovina del mundo. Pero esas riquezas están en manos de una pequeña minoría. El 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay, según Oxfam.
El caso Guahory
El 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay
La comunidad de Guahory es un oasis de árboles frutales y palmeras en medio de ese desierto verde. Pese a que, contraviniendo la ley, la soja de los latifundios llega hasta los caminos sin que haya una barrera de árboles que frenen los tóxicos de uso obligado para estas producciones, unas mil personas muy jóvenes, con muchas niñas y niños, vivían aquí arando su propia tierra de forma tradicional con agua de pozo y animales de granja.
El asentamiento ubicado en pleno corazón de la producción sojera de Paraguay, con más de 30 años de historia, está creado sobre tierras estatales y ha sido invadido en tres ocasiones desde el pasado septiembre por los terratenientes vecinos de origen brasileño que reclaman la titularidad de las tierras ante la justicia paraguaya.
Según denuncian los campesinos, los colonos brasileños, dueños de cientos de hectáreas de cultivos de soja en la zona, destruyeron con sus propias máquinas y tractores las cosechas de alimentos de las familias locales.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) denuncia que los productores de soja aprovechan sus altos ingresos para comprar voluntades fáciles en la Fiscalía, la Policía y los juzgados locales. El sistema judicial les pone entonces a disposición a cientos e incluso miles de funcionarios públicos para desalojar a las familias campesinas.
Así ocurrió en septiembre pasado, cuando los labriegos de Guahory fueron desalojados por primera vez por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin orden judicial, según denuncia la Codehupy.
"Las familias campesinas paraguayas pagaron por las tierras y sus trámites se encuentran en distintos niveles, los productores brasiguayos habrían pagado millonarias sumas a la Policía para ejecutar el desalojo", aseguró la Codehupy en un informe en enero.
El Gobierno paraguayo dice que las tierras son de los brasileños
Los desalojos también afectan a los pueblos indígenas, que son expulsados continuamente de sus tierras ancestrales
El titular del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explica que "todos los brasileños que han recibido títulos en Guahory, lo hicieron antes de 2004", antes de que cambiara la ley sobre el estatuto agrario y se prohibiera que el Estado otorgara tierras públicas a extranjeros.
"Las maquinarias ingresaron efectivamente a destruir las viviendas de los paraguayos porque estaban en propiedad privada de los brasileños. La Policía ha hecho su tarea, y eso ocurre aquí, en España, Suecia, Estados Unidos o donde usted quiera", asegura Cárdenas.
Un mes después del último desalojo campesino, el Gobierno paraguayo anunció que los afectados serían reubicados en nuevas tierras, algo que la mayoría de los agricultores rechazó desde el principio, porque prefieren quedarse en sus tierras originales que son mucho más productivas.
El funcionario público dijo que finalmente llegaron a un acuerdo: 30 familias campesinas permanecerán en la colonia de Guahory con unas ocho hectáreas aproximadamente cada una, mientras que 15 hectáreas serán dedicadas a una reserva forestal. Al resto de personas que puedan demostrar arraigo y cumplan las condiciones legales para ser beneficiarios de tierras estatales, el Gobierno les ofrece tierras en un asentamiento nuevo, 1.500 hectáreas que el Estado está comprando a un privado, a unos 35 kilómetros de las tierras originales. Por el momento, sigue siendo un páramo sin árboles. "Ya hay 30 familias y hay espacio para 100 más. Vamos a convertirla en una colonia modelo porque tiene la ventaja de que está sobre la ruta", asegura.
Según Cárdenas, esa entrega de tierras "cierra de forma definitiva el problema de Guahory", algo que también ha debido explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido en enero al Estado paraguayo que informe sobre las "medidas para proteger la vida e integridad personal" de los labriegos desalojados. El titular del Indert aseguró haber enviado ya respuesta.
Curuguaty, un desalojo que terminó con un Gobierno
En Paraguay, los conflictos entre grandes empresarios agrícolas, Estado y campesinado están a la orden del día. En 2012, la masacre de Curuguaty, que aún no ha sido esclarecida, dejó 11 campesinos y seis policías muertos por unos terrenos públicos en disputa. El conflicto causó la destitución una semana más tarde del único Gobierno progresista que ha tenido la joven democracia de Paraguay. El enfrentamiento causó la destitución en un juicio político del entonces presidente, el exobispo Fernando Lugo.
Aquel 15 de junio, unos 300 agentes en dos pelotones acudieron a desalojar a 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (departamento de Canindeyú, a unos cien kilómetros de la frontera con Brasil) para pedir que aquellas fueran parte de la reforma agraria.
Mientras policías y labriegos negociaban para realizar el desalojo, unos disparos de armas automáticas, que la investigación fiscal no ha explicado de dónde provinieron, abatieron al jefe de Policía, comenzando una refriega de tiros, según relataron decenas de testigos a lo largo del juicio donde finalmente los únicos condenados fueron los campesinos.
Los desalojos también afectan a los pueblos indígenas (hay casi una veintena de pueblos originarios presentes en el territorio de Paraguay) que son expulsados continuamente de sus tierras ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a Paraguay en tres ocasiones por permitir la violación de los derechos de las comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek. Todas ellas fueron desalojadas de sus territorios milenarios en el Chaco paraguayo por empresarios ganaderos.
"Es culpa del Gobierno por lo que estamos pasando esto. Mis hijos quedaron sin comida. La Policía quemó mi casa, mi ropa, mis colchones, todo. Nos quedamos en la calle", dijo al día siguiente del último desalojo Gregoria Fernández, una de las madres de familia de Guahory.
"Nosotros vivimos de la comida, de la naturaleza. Del maní, el poroto, la mandioca. Pero nos fundieron todo. Pusieron veneno en todos lados. Las hojas caen secas. Mataron nuestras gallinas, fuimos golpeados por nuestra policía", dijo Fernández mientras mostraba las marcas de los golpes de las cachiporras en su espalda y las heridas de los balines de goma en su pecho.
"Tiraron gases contra las criaturas, no tienen corazón. No son policía, son guerrilleros y nosotros no somos delincuentes. Solo queremos un pedazo de tierra. Los campesinos no tenemos ni voz ni voto en Paraguay", protestó la mujer.
En la última década, unas 900.000 personas han abandonado el campo en Paraguay y se han instalado en asentamientos precarios en la capital debido a la expansión de las grandes plantaciones de soja y maíz, altamente mecanizadas y con poca demanda de mano de obra, según la Federación Nacional Campesina, que pide una reforma agraria. Una enorme migración forzada pero silenciosa que, como los desalojos, es consecuencia del modelo extractivo de la economía paraguaya.
