Keiko Fujimori quiere sumarse a la franquicia Bukele. Asediada por la violencia criminal en Perú, la presidenta, que prometió construir cárceles inspiradas en el modelo salvadoreño, llegará este miércoles a El Salvador y se reunirá al día siguiente con su homólogo Nayib Bukele para conocer de cerca su receta contra el crimen y explorar la posibilidad de importar algunas de sus políticas de mano dura.
Un documento de la Cancillería peruana revisado por EL PAÍS ensalza los resultados del régimen de excepción impuesto por Bukele y llega a sostener que la violencia de las pandillas ha “desaparecido” en el país centroamericano. La visita responde a una invitación de su Gobierno y busca “identificar prácticas de interés para el Perú”, según el informe. La agenda incluye reuniones de trabajo con el gabinete de Bukele.
Desde que Fujimori asumió el poder, el 28 de julio, el sistema peruano de defunciones (Sinadef) ha registrado 493 homicidios hasta el 25 de octubre, 360 de ellos por arma de fuego. El analista de datos Juan Carbajal advierte de que otras 56 muertes violentas figuran con causas no especificadas y estima que el recuento podría superar los 550 casos si se actualizan los registros. El último fin de semana cinco personas fueron asesinadas en el puerto del Callao, entre ellas un animador de orquesta de 27 años que recibió un disparo en la cabeza durante una fiesta, a 400 metros de un complejo policial.
Perú cerró el 2025 con 2.255 homicidios, frente a los 2.082 del año anterior, de acuerdo con el Sinadef. Hace casi tres semanas, el Gobierno creó un grupo de élite de policías y militares contra el crimen organizado. Es la última medida de una ofensiva que Fujimori busca ahora apuntalar en El Salvador.
El jueves, antes de reunirse con Bukele, la presidenta recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel convertida en símbolo de la guerra contra las pandillas. Funcionarios del Gobierno peruano consultados por EL PAÍS no descartan que, tras la visita y como parte de un posible acuerdo bilateral, el mandatario salvadoreño envíe más adelante una delegación técnica para asesorar a Lima en el diseño de nuevos complejos penitenciarios.
La construcción de prisiones al estilo Bukele fue uno de los compromisos de la mandataria tras su victoria electoral. En una entrevista concedida en julio a la revista colombiana Semana, anunció al menos cuatro grandes penales y otro para los delincuentes más peligrosos. “Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses. Acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, dijo. Hasta ahora no se han convocado licitaciones para construirlas. “Construir un penal en menos de siete meses en el Perú es imposible. Decir eso es una burla”, señala José Luis Pérez Guadalupe, quien fue ministro del Interior y dirigió el sistema penitenciario peruano.
Pero el viaje abarca más que las prisiones. Fujimori quiere conocer la formación de los policías salvadoreños y los programas de reinserción social de un modelo basado en el encarcelamiento masivo. La agenda contempla además reuniones con los ministros de Salud y Educación, una visita al Hospital Nacional Rosales y otra a una escuela pública que el Gobierno salvadoreño exhibe como ejemplo de sus reformas educativas. En dos días de actividades oficiales, la presidenta del Perú buscará mirarse en el espejo de Bukele.
Fujimori es hija y heredera política de Alberto Fujimori, el expresidente que hizo de la derrota del terrorismo uno de los pilares de su régimen autoritario en los noventa. Bukele ha desmantelado buena parte del poder de las pandillas que aterrorizaron El Salvador durante décadas, pero mantiene al país bajo un régimen de excepción desde 2022 y controla las principales instituciones del Estado. Mientras la aprobación de Fujimori ha caído del 57% al 40% en sus primeros tres meses de gobierno, Bukele conserva una elevada popularidad después de siete años en el poder.
El informe que la Cancillería peruana preparó para el viaje presenta la política de seguridad de Bukele como la fórmula que devolvió la tranquilidad a las calles y una experiencia de referencia para el Perú. Ni una sola línea sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en las cárceles documentadas por Naciones Unidas y otros organismos internacionales. “En un gobierno autoritario, la primera víctima es la verdad”, afirma Pérez Guadalupe.
El exministro advierte de que el modelo penitenciario salvadoreño no funcionaría en el Perú. Mientras el Cecot está concebido para internos que pasarán décadas entre rejas, el sistema peruano contempla la rehabilitación y eventual liberación de la mayoría de sus presos. “Si quieres construir una cárcel así, tendrías que cambiar por completo el código de ejecución penal peruano”, dice.
Las diferencias también aparecen en la guerra contra el crimen. El Perú es 60 veces más grande que El Salvador y tiene cinco veces su población. “Tengo serias dudas de que la estrategia Bukele funcione aquí”, asegura a este diario el exministro del Interior Carlos Morán. Según explica, Bukele pudo concentrar la persecución en pandillas cuyos integrantes eran reconocibles incluso por sus tatuajes. En el Perú las bandas se han multiplicado y diversificado, desde la extorsión telefónica hasta los asesinatos por encargo. No hay un enemigo tan fácil de identificar ni una sola organización a la que perseguir.
En Ecuador, la apuesta por el modelo de Bukele no ha logrado frenar la violencia. Chile también ha buscado la inspiración en el mandatario salvadoreño. “Las respuestas debería encontrarlas en el país”, sostiene Morán, convencido de que Fujimori busca en El Salvador las soluciones que su Gobierno no logra hallar en el Perú.
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