La declaración, firmada por más de 40 países ante Naciones Unidas, reconoce un deterioro en los derechos humanos en Nicaragua y advierte que el país continúa “reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica, de asociación y de religión”.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra sesionando desde Ginebra, debatió la situación política y humanitaria de Nicaragua, hecho que llevó a más de 40 países, entre ellos Colombia, a suscribir una declaración en forma de condena a la persecución que ejerce el gobierno de Daniel Ortega en contra de los líderes políticos, las organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia católica.
La declaración, que también fue firmada por Chile, Costa Rica, Francia, España y Perú, entre otros países más, reconoce un deterioro en los derechos humanos en el país y advierte que Nicaragua continúa “reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica, de asociación y de religión. Solo este año, ha cancelado la personalidad jurídica de 1.112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo y otras”.
Criticando que doce universidades también han perdido su personalidad jurídica y que algunos medios de comunicación ligados a la Iglesia católica han cerrado, la declaración le pide a Nicaragua retomar la vía del diálogo y centrar su atención en las elecciones regionales de noviembre. En ese contexto, solicita que se reforme el organismo electoral del país.
La decisión se toma pocas semanas después de la polémica por la ausencia intencionada de Colombia en la sesión del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se votaba una resolución para condenar políticamente a Nicaragua por dichas violaciones a los derechos humanos.
La ausencia de Colombia en esa sesión se interpretó inicialmente como una aquiesencia, es decir, una actitud condescendiente y silenciosa desde el Estado colombiano frente a Nicaragua. Al respecto, el nuevo embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, afirmó que la ausencia se debía a que él aún no estaba posesionado. Sin embargo, una investigación del periodista Juan Camilo Merlano demostró que, en realidad, se trató de una orden del canciller Álvaro Leyva.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde dijo que se debió a un proceso humanitario en curso con Nicaragua que podía comprometerse, pero no hizo mención alguna a las violaciones de derechos humanos en ese país. Así, la declaración firmada ante la ONE sería el primer pronunciamiento formal y explícito del nuevo gobierno sobre la situación en Nicaragua.
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