EXCLUSIVA-Candidato a presidencia de Ecuador dice no cumplirá condiciones de acuerdo con el FMI

 

Por Alexandra Valencia y Brian Ellsworth

QUITO, 20 ene (Reuters) - El candidato de izquierda a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo el miércoles que no cumplirá con las condiciones de un programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si resulta electo en los comicios generales del 7 de febrero.

Arauz, un economista de 35 años que busca llegar al poder con promesas de impulsar el gasto público y ayudas económicas inmediatas a familias vulnerables, así como volver a las políticas de su mentor, el expresidente Rafael Correa.

"El acuerdo con el FMI en las condiciones actuales, negociadas por (el presidente Lenín) Moreno, no serán cumplidas puesto que atentan en contra de las familias ecuatorianas y de un programa de crecimiento económico en el Ecuador", dijo Arauz en una entrevista telefónica con Reuters.

"Bienvenido sea el apoyo del FMI a nuestro propio programa económico, pero someternos a las condiciones negociadas por Moreno no lo vamos a hacer", insistió.

Moreno acordó un programa económico con el FMI en septiembre por unos 6.500 millones de dólares, que incluye austeridad fiscal, recorte del sector público y una reforma tributaria para aumento progresivo de impuestos, en medio de la pandemia del coronavirus, que junto a los bajos precios del crudo, provocó graves problemas de liquidez a la nación andina.

El organismo ya ha realizado dos desembolsos del crédito.

Ecuador igualmente concluyó con éxito el año pasado un proceso de renegociación de casi 17.400 millones de dólares de sus bonos, que incluyó el canje de los antiguos papeles por tres nuevos con vencimientos de 2030, 2035 y 2040.

"Por cómo se estructuró el flujo de pago de los bonos de deuda externa a partir de esta reestructuración no nos genera una presión inmediata que nos exija renegociar", dijo Arauz. "En los primero años de nuestro Gobierno no será una prioridad renegociar el acuerdo de reestructuración de deuda".

Los bonos ecuatorianos han cotizado a la baja durante meses antes de las elecciones presidenciales y mientras la economía atraviesa la pandemia. Los papeles al 2030 cayeron el miércoles a 56 centavos desde 66 hace un mes.

Sin embargo, advirtió que aplicará mecanismos para transparentar dicho proceso, que podría incluir una auditoría, y que buscará "primero defender a las familias ecuatorianas antes que priorizar a los acreedores internacionales".

Una encuesta realizada este mes por el grupo de opinión pública Market mostró a Arauz como el favorito, pero aún el apoyo popular no es suficiente para evitar una segunda vuelta.

Si el país necesitara de otras fuentes de financiamiento, Arauz abogará por pedir prestados recursos al propio Banco Central del Ecuador (BCE) para inyectar liquidez a la economía a través de la obra pública.

El candidato también dijo que respetará los proyectos mineros del país, pero buscará una mayor participación de las comunidades indígenas y revisará las concesiones para comprobar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental y el programa de inversiones.

"No creemos que necesitemos generar más incertidumbre en el ámbito legal, simplemente revisar que se estén cumpliendo las condiciones que ya se habían pactado con el Estado", dijo.

Mientras que en el sector petrolero desconocerá los contratos de participación implementados por Moreno y no descarta volver a las ventas de largo plazo con petrolera asiáticas si existen excedentes de crudo.

Además, aclaró que no está de acuerdo con las condiciones del acuerdo marco que Moreno firmó la semana pasada con la Corporación de Desarrollo Financiero (DFC, por sus siglas en inglés) porque está atado a la concesión de activos estatales.

"Desde el lado del Ecuador no podemos aceptar un crédito que tenga como condiciones el excluir a ciertos proveedores o exigir la privatización de la infraestructura estatal ecuatoriana", concluyó.

Ni el FMI ni la DFC no respondieron de inmediato para comentarios.

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6 temas que Joe Biden deberá atender si quiere el favor de los latinos

 

La comunidad latina, que contribuyó en gran medida con su voto a la victoria de Joe Biden en la contienda por la Presidencia, tiene una lista de reclamos y prioridades que espera que el demócrata cumpla si quiere contar de nuevo con su masivo apoyo.

Encuesta a encuesta los latinos han demostrado que tienen muy claras los temas que les preocupan, especialmente ahora que la pandemia de COVID-19 ha diezmado a esta comunidad más que a ninguna otra y los ha situado en una delicada situación económica.

Pero los temas de interés van mucho más allá. A continuación una lista de los temas que la Administración Biden deberá atender si quiere repetir en 2024 con el favor de los latinos:

1) PANDEMIA: El COVID-19 ha azotado de manera desproporcionada a las comunidades de color, y los latinos quieren que la nueva Administración priorice el control de la pandemia durante los primeros 100 días de gobierno.

Según datos oficiales, estas minorías han registrado el triple de infecciones que los blancos, con casi el doble de fallecimientos. Esto ha puesto de relieve las diferencias persistentes y generalizadas en el sistema de salud estadounidense, donde los latinos tienen un mayor riesgo de contraer el virus y terminar hospitalizados.

Se aguarda un golpe de timón drástico e inmediato en momentos en que la positividad de las pruebas de covid-19 está subiendo y las hospitalizaciones se están disparando. La aceleración de la vacunación será esencial para inmunizar a la mayor cantidad posible de trabajadores esenciales, muchos de los cuales son latinos.

2) TRABAJO Y SALARIOS: Los trabajadores latinos aún ganan una fracción de lo que reciben los blancos y tienen menos probabilidades de acceder a beneficios esenciales como cobertura de salud y vacaciones pagadas.

Además, con la crisis económica provocada por la pandemia, dos de cada cinco trabajadores hispanos consultados en encuestas señalan que han perdido ingresos y empleos, y que tienen problemas para pagar la renta, hipoteca, préstamos estudiantiles u otras cuentas.

Para los latinos, el alivio económico temporal es fundamental, pero también es necesario que el nuevo Gobierno impulse un salario mínimo federal de 15 dólares por hora, el pago de horas extra a trabajadores domésticos y rurales, y el fin de la discriminación en lugares de trabajo, para que las personas puedan ganar lo que se merecen, mantener a sus familias y generar riqueza.

3) INMIGRACIÓN: Biden ha anunciado que desde su primer día en la Presidencia impulsará un proyecto de reforma migratoria que modernizará todo el sistema y dará a casi 11 millones de inmigrantes indocumentados una hoja de ruta hacia la ciudadanía.

Sin embargo, los principales dirigentes hispanos del país saben que, aun con mayoría demócrata en el Congreso, no será fácil aprobar grandes medidas en materia migratoria a corto plazo, y reclaman medidas rápidas para paliar los estragos dejados por el presidente saliente Donald Trump.

Entre ellas, la suspensión inmediata de detenciones y deportaciones de indocumentados y protección para quienes buscan asilo, a los "soñadores" inscritos en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sus padres, y a quienes viven amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Asimismo, revertir la regla de la carga pública de Trump, detener la separación de menores de sus padres en la frontera, poner fin de la construcción del muro en la frontera con México y abolir la colaboración entre los cuerpos locales de policía y la autoridad migratoria federal.

4) EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA: Para los latinos es muy importante mantener y ampliar las protecciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que Trump trató de revocar sin éxito ante el Tribunal Supremo.

Con esa ley conocida como Obamacare más de 100 millones de personas ya no tienen que preocuparse de que una compañía de seguros les niegue la cobertura o les cobre primas más altas solo porque tienen una condición preexistente, ya sea cáncer, diabetes, una enfermedad cardíaca o un problema de salud mental. Millones de latinos obtuvieron la tranquilidad que brinda el seguro de salud, y la tasa de personas sin seguro se desplomó de 32 % al 19 %, la mayor disminución de cualquier grupo racial o étnico.

Se espera que Biden amplíe el Obamacare, como ha prometido, para expandir el acceso de los latinos a un cuidado de salud de calidad y asequible.

5) DESIGUALDAD RACIAL Y ÉTNICA: La pandemia ha demostrado que los latinos constituyen una gran proporción de los trabajadores esenciales que alimentan al país, mantienen limpias nuestras comunidades y cuidan a nuestros seres queridos. Pero durante demasiado tiempo no han sido tratados con dignidad ni se les ha brindado la oportunidad que se merecen.

La comunidad hispana reclama que la nueva Administración adopte un nuevo discurso en que los inmigrantes dejen de ser una amenaza y se reconozca a la comunidad hispana su papel vastamente positivo nen la vida de Estados Unidos.

Se esperan medidas de Biden para que todos sean tratados con dignidad, sin importar raza, género, orientación sexual, religión, posible discapacidad o lugar de residencia, y para que todos tengan la oportunidad de tener una buena calidad de vida, incluyendo a los latinos y otros grupos que nunca tuvieron una oportunidad justa en décadas pasadas.

6) CRÍMENES DE ODIO Y VIOLENCIA ARMADA: Según el FBI, los incidentes de odio contra los latinos aumentaron más de 40 % entre 2016 y 2018. Líderes comunitarios instan al nuevo Gobierno a combatir la supremacía blanca, que el presidente Trump ha envalentonado.

Además, llaman a luchar contra la violencia armada en todas sus formas, incluyendo tiroteos masivos y actos diarios que no aparecen en los titulares pero que son igual de trágicos para las familias y comunidades afectadas.

Biden ha anunciado la creación de una iniciativa de ocho años para otorgar fondos para intervenciones en 40 ciudades de todo el país: las 20 ciudades con el mayor número de homicidios y 20 con la mayor cantidad de homicidios per cápita. Se estima que esta propuesta salvará más de 12.000 vidas.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.

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Biden promete una nueva era con AL y el Caribe. ¿Cuánto puede hacer realmente?

 

Como presidente, Donald Trump centró gran parte de la política estadounidense en América Latina en frenar la migración y tomar medidas drásticas contra los líderes autocráticos de Venezuela, Cuba y, ocasionalmente, Nicaragua, tres países a los que uno de sus antiguos asesores definió como la "troika de la tiranía".

Según todos los indicios, se espera que el presidente electo Joe Biden adopte un enfoque diferente.

"La política para América Latina de Biden será profundamente diferente a la estrategia de Trump, la cual se centraba principalmente en inhibir la migración y en apretarle las tuercas a Cuba y Venezuela para complacer a los votantes del sur de la Florida", dijo Benjamín Gedan, funcionario del National Security Council de la era de Obama que ahora es subdirector del Programa Latinoamericano del Wilson Center.

Cuando asuma este miércoles, Biden encontrará a la región lidiando con uno de los peores brotes de COVID-19 del mundo, al tiempo que se enfrenta también a las crecientes preocupaciones por el resurgimiento del hombre fuerte, y a las crecientes crisis del cambio climático y la migración. La región necesita un reajuste de la política exterior, y la nueva administración de Estados Unidos estará bajo presión para actuar.

Sin embargo, Biden quizá no pueda dar la vuelta a la página de la era de Trump tan fácilmente. Algunos aliados tradicionales de Estados Unidos en la región se alinearon con las políticas de Trump. También hay desacuerdos entre sus compañeros demócratas sobre qué hacer con respecto a Cuba y Venezuela.

El conocimiento de la región que tiene Biden, sin embargo, es visto como un activo valioso. A diferencia del presidente Trump, que viajó una sola vez a América Latina y fue el primer presidente de Estados Unidos en no acudir a la Cumbre de América, Biden realizó 16 viajes a América Latina y el Caribe como vicepresidente del presidente Barack Obama.

"Claramente, en el primer día, el día de la toma de proteseta, el tono cambiará", comentó Eric Farnsworth, ex funcionario del Departamento de Estado y vicepresidente del Council of the Americas, un centro de estudios con sede en Washington. "Van a escuchar mucho más sobre asociaciones y trabajo conjunto, y mucho menos sobre violadores y asesinos".

Aun así, Farnsworth no cree que la política del Hemisferio Occidental llegue a formar parte de las principales prioridades de Biden, dada la gran cantidad de desafíos que está heredando en Estados Unidos. Sin embargo, reconoce que muchos de los temas en los que el presidente electo ha dicho que planea enfocarse (cambio climático, alivio en torno al COVID-19, residencia permanente para los beneficiarios de la Acción Diferida para la Infancia y Estatus de Protección Temporal, o DACA) tienen implicaciones de política exterior para la región.

Biden tendrá que reconstruir la "memoria muscular de trabajar juntos en una agenda más grande", señaló Farnsworth, una tarea que será difícil.

"No se trata de desmantelar políticas, sino más bien, en cuatro años, el hemisferio ha cambiado realmente mucho", indicó Farnsworth. "Trump dejó un enfoque muy cínico del transaccionalismo. ‘Si haces esto por mí, yo haré esto por ti. Si no haces esto, te sancionaré'".

MIGRACIÓN, PANDEMIA Y DEMOCRACIA ENCABEZAN LAS PREOCUPACIONES DE AMÉRICA LATINA

Los analistas creen que después de cuatro años de que Venezuela dirigiera la política exterior de Estados Unidos, la administración Biden construirá una política en torno a temas más amplios, centrándose fuertemente en los derechos humanos, la democracia y la diplomacia.

"Joe Biden tratará a América Latina como un valioso socio económico y diplomático", dijo Mark Feierstein, ex director principal de asuntos del Hemisferio Occidental que también fue miembro del National Security Council de Obama. "Nuestros aliados en la región ya no estarán sujetos a las amenazas, la intimidación y la intolerancia improductivas".

Para el director entrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, demócrata por Nueva York, la presidencia de Biden es una oportunidad para redefinir el involucramiento de Estados Unidos. Entre las principales preocupaciones de Meeks: el creciente tono autoritario en Haití, la pandemia, el cambio climático y la creación de resistencia a los desastres naturales. También espera que Biden establezca un nuevo tono con las naciones caribeñas, que el año pasado acusaron al gobierno de Trump de intentar dividirlas en torno a Venezuela.

Algunos de los cambios, sin duda, requerirán importantes inversiones de tiempo y recursos.

Biden ha prometido desmantelar las controvertidas políticas fronterizas y de asilo puestas en marcha por Trump (incluyendo el programa Permanecer en México y otros acuerdos migratorios de "un tercer país" firmados con gobiernos centroamericanos. En América Central, propone un plan de ayuda estadounidense de cuatro mil millones de dólares para abordar las causas fundamentales de la migración.

El presidente electo ha reconocido que los cambios en materia de migración podrían tardar meses en ejecutarse. Pero desde el principio, tendrá que "enfrentar decisiones difíciles en materia de migración", comentó Gedan. La devastación causada por los recientes huracanes Eta e Iota significa que el nuevo presidente de Estados Unidos "no tendrá tiempo de sobra para poner esa visión en acción", añadió, señalando que se espera que miles de centroamericanos desplazados lleguen pronto a la frontera sur de Estados Unidos.

Al apartarse de la visión de Trump de la "troika de la tiranía", Biden necesitaría aún que enfrentar a los gobiernos autoritarios de Cuba y Venezuela; sin olvidar la política interna.

Los votantes cubanoamericanos e hispanos en general desempeñaron un papel fundamental para ayudar a Trump a ganar Florida, y el estado será crucial si los demócratas esperan mantener o ampliar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022.

En cuanto a Cuba, Biden ha prometido revertir las políticas de Trump que perjudican a las familias cubanas, pero un restablecimiento completo de las políticas de compromiso introducidas bajo el mandato de Obama enfrenta nuevos obstáculos en la isla y en Estados Unidos, afirman analistas. El equipo de transición de Biden se negó a responder a las preguntas enviadas por el Herald sobre la política estadounidense hacia Cuba o Venezuela.

El senador de Nueva Jersey Robert Menéndez, director entrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue un crítico vocal del compromiso con Cuba. Su contraparte en la Cámara de Representantes apoya el regreso de las políticas de la era de Obama. Los diferentes puntos de vista demuestran el tipo de diferencias ideológicas entre las que Biden tendrá que navegar dentro de su propio partido, pese al control demócrata de ambas cámaras.

Las opciones de Biden en torno a Venezuela también son limitadas.

¿ENTABLARÁ BIDEN CONVERSACIONES CON MADURO?

La política de Trump en Venezuela se ha centrado en apoyar al líder de la oposición Juan Guaidó en su afirmación de ser el presidente interino de la nación, al tiempo que aumentaba las sanciones petroleras y financieras; un enfoque popular entre muchos votantes venezolano-estadounidenses, pero que ha dado pocos resultados.

Los expertos señalan que la próxima administración estadounidense tendrá que lidiar con una dictadura consolidada en Venezuela después de que las recientes elecciones parlamentarias en la nación sudamericana resultaran en que los aliados de Maduro tomaran el control de la última institución democrática del país.

Guaidó y la cada vez más dividida oposición boicotearon la votación, denunciándola como una farsa. Ahora él lidera un parlamento paralelo virtual, pero está considerablemente debilitado. Al expirar sus mandatos, los legisladores de la oposición también se enfrentan a nuevos retos para obtener reconocimiento en el extranjero.

"No creo que como Estados Unidos necesitemos impulsar a alguien como nuestro candidato", dijo Meeks, refiriéndose al reconocimiento de Guaidó por parte de la administración Trump. "He estado involucrado el tiempo suficiente para saber que eso tiene el efecto contrario".

Jason Marczak, director del Centro Latinoamericano del Atlantic Council, dijo que cree que el próximo gobierno de Biden debería abandonar las esperanzas de un rápido cambio de régimen en Venezuela y, más bien, centrarse en sanciones específicas y "aliviar el sufrimiento extremo del pueblo venezolano".

Hasta ahora, Biden ha señalado que adoptará un enfoque multilateral e intermedio en Venezuela. Ha hablado de mantener la presión sobre el régimen de Maduro, al tiempo que se involucra más con los socios europeos y latinoamericanos para ampliar las sanciones multilaterales y abordar la creciente crisis humanitaria del país.

Un interrogante persistente es si Biden entablará conversaciones con el régimen de Maduro y aliviará las sanciones a cambio de elecciones libres y justas.

Un memorándum de política publicado por la Oficina de Washington sobre América Latina pide al nuevo presidente que restablezca las negociaciones a través de la mediación de diplomáticos noruegos, que facilitaron las conversaciones entre Maduro y la oposición en 2019. Esas conversaciones fracasaron después de que los representantes de Maduro se retiraron, y Guaidó perdió un importante capital político en el proceso. Muchos venezolanos ven las conversaciones como una pérdida de tiempo o un respaldo tácito al régimen autoritario.

El senador republicano de Florida Marco Rubio, quien tuvo una influencia significativa en la configuración de la política hacia América Latina durante la administración de Trump, comentó al Herald que está profundamente preocupado por la política de Estados Unidos en el futuro.

"En mi opinión, sería especialmente perjudicial que una administración Biden-Harris apoyara las conversaciones o negociaciones con el régimen venezolano, una táctica que Maduro y sus compinches han utilizado repetidamente en su beneficio", subrayó.

Una persona familiarizada con el pensamiento de Biden, quien habló con el Herald a condición de mantener el anonimato, porque los planes de las políticas aún no se han hecho públicos, dijo que el presidente electo no tiene planes de iniciar conversaciones con el régimen de Maduro.

"Él cree que Maduro es un dictador y que el gobierno de Biden se pondrá del lado del pueblo venezolano y su llamado a la restauración de la democracia a través de elecciones libres y justas", dijo la fuente.

¿HAITÍ ESTARÁ BAJO UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS?

Los críticos acusan a la administración de Trump de ignorar la creciente ola de inseguridad y los esfuerzos del presidente haitiano Jovenel Moïse por pisotear la constitución y aumentar su poder.

Con la democracia de Haití cada vez más en peligro, algunos creen que la nueva administración de Estados Unidos se verá obligada a intervenir en el asunto tarde o temprano. Moïse destituyó a la mayor parte del Parlamento el año pasado y ha mostrado falta de voluntad para construir un consenso en torno a la reforma constitucional o las elecciones. Él habrá estado gobernando por decreto presidencial durante un año cuando Biden tome posesión del cargo el 20 de enero.

"Creo que Haití va en una dirección antidemocrática que me preocupa profundamente", dijo el representante Andy Levin, un demócrata de Michigan que está profundamente involucrado con Haití.

Moïse ha disfrutado del apoyo de la administración de Trump desde que se convirtió en presidente en 2017 y cortó los antiguos lazos de Haití con Venezuela. Se demoró en dar la bienvenida a la elección de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, una acción que no pasó inadvertida para algunos cercanos a la transición.

En las semanas que han pasado desde entonces, sus emisarios han estado tratando de acercarse a los miembros del equipo de transición de Biden, especialmente después de que Levin, Meeks y el presidente del subcomité del Hemisferio Occidental, Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, emitieran recientemente una declaración en la que apoyaban "una transición encabezada por los haitianos para volver al orden democrático" y expresaban su creciente preocupación por el "curso de acción cada vez más autoritario" de Moïse.

La declaración, que no fue bien recibida en Puerto Príncipe, se produjo después de una serie de decretos presidenciales, entre ellos la creación de una fuerza de inteligencia interna extraconstitucional por parte de Moïse. Además de la erosión de su democracia, Haití se enfrenta a un alarmante aumento de los secuestros por parte de bandas armadas y a un incremento de las violaciones de los derechos humanos.

"Sus acciones más recientes recuerdan a los abusos antidemocráticos que el pueblo haitiano ha sufrido en el pasado, incluida la etapa previa a la dictadura de los Duvalier. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Haití se sume en el caos", señalaba la declaración.

La semana pasada, la comisión electoral provisional de Moïse anunció un calendario de elecciones. Las fechas han suscitado preocupación porque se ha programado para abril una controvertida votación sobre un referéndum constitucional, y la votación parlamentaria hasta septiembre, lo que permitirá a Moïse continuar su gobierno unipersonal.

Mientras cortejaba a los votantes haitiano-estadounidenses, Biden dijo que apoya las elecciones en Haití. Sin embargo, aún no ha manifestado su postura sobre la revisión constitucional de Moïse, ni sobre la continua presión de los opositores para que el líder del país deje el cargo el 7 de febrero y sea reemplazado por un gobierno de transición.

Su candidato a secretario de Estado, Antony Blinken, comentó el martes: "Siempre apoyaremos la democracia, los derechos humanos, la seguridad y prosperidad de Haití".

Levin, miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara Baja, dijo que planea trabajar con la administración entrante para desarrollar una política que incluya responsabilizar a los funcionarios haitianos que cometan violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. También quiere cambiar el patrón de tratar "únicamente con la élite haitiana" e ignorar a la sociedad civil.

"Las elecciones celebradas bajo (el ex presidente Michel) Martelly mientras gobernaba por decreto fueron profundamente problemáticas, y que Haití tomara el mismo camino sería un grave error", indicó Levin, quien junto con otros demócratas ha acusado al gobierno de Trump de desestimar las preocupaciones generalizadas sobre el referéndum pendiente y las próximas elecciones.

Ex diplomáticos estadounidenses decepcionados por la postura poco contundente de la administración de Trump hacia Moïse comentaron que, si bien es difícil predecir lo que podría suceder, es probable que los mayores cambios se sientan desde el Departamento de Estado.

"Los adultos volverán a estar a cargo", afirmó un ex embajador que prestó servicio en Haití.

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La Fiscalía venezolana ordena el arresto del presidente de Citgo nombrado por Guaidó

 

La Fiscalía venezolana dictó orden de arresto contra Andrés Irigoyen, quien fue designado como presidente de Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, por el opositor Juan Guaidó, cuando su cargo como jefe del Parlamento -entidad a la que corresponde el nombramiento- ya había concluido, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.

"En fecha 11 de enero, se solicitó orden de aprehensión y medidas de aseguramiento (...) en contra de los ciudadanos José Ramón Pocaterra Esparza, designado ilegalmente miembro de la junta directiva de Citgo, y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado ilegalmente como presidente de la junta directiva de Citgo", aseguró Saab en una declaración.

Los dos nombramientos fueron hechos días después de que expirase el periodo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) presidida por Guaidó, que fue escogida en 2015, con clara mayoría opositora, y que ha sido reemplazada por la electa el pasado 6 de diciembre, en la que el 92 % de los diputados son chavistas.

Sin embargo, Guaidó, último presidente de la anterior AN, instaló el pasado 5 de enero, fecha del fin de su mandato parlamentario, una cámara continuista conformada por decenas de diputados no elegidos en las urnas y cuyo período expiró.

Lo hizo apelando a una "continuidad administrativa", una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.

Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar sólo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno

Saab calificó esa continuidad a través de la comisión como "órgano inconstitucional" y subrayó que "carece de cualquier legitimidad o poder de decisión", por lo que consideró "ilegal e írrita" la designación de Yrigoyen y Pocaterra como miembros de la junta directiva de Citgo.

A ambos "se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia", explicó el fiscal general.

Saab también denunció que esa comisión delegada "ha pretendido continuar con la ficción de que el Poder Legislativo, ya vencido, ostenta el control del Poder Ejecutivo".

Guaidó, desde su cargo como presidente de la AN y tras una personal lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, se proclamó en enero de 2019 como mandatario encargado de Venezuela.

Finalmente, el fiscal general denunció que "la autoproclamación de Guaidó y su apropiación, con apoyo del gobierno de los EE.UU. de los bienes de la República en el exterior, "ha sido parte de una gigantesca trama de corrupción y saqueo".

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Venezuela reabre las rutas aéreas con Panamá y República Dominicana

 

El ente regulador de la aviación civil de Venezuela autorizó este lunes la reapertura de las rutas comerciales con Panamá y República Dominicana, dos destinos que fueron autorizados a principios del noviembre pasado y cancelados nuevamente el pasado 13 de diciembre, en un intento por frenar los contagios por covid-19.

"Se abren las rutas entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Panamá y República Dominicana", informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) en un comunicado.

En el mismo documento, el INAC señala que tomó la medida "cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo" de Nicolás Maduro y "en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano".

Además, el ente ratificó las operaciones de las rutas comerciales entre Venezuela y México, Turquía y Bolivia, reabiertas el 2 de noviembre, tras estar canceladas desde marzo, a consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, permanecen cerrados los vuelos con Rusia e Irán, países con los que también se habían reabierto las conexiones en noviembre, para ser suspendidas poco más de un mes después.

El 12 de marzo del año pasado, el Gobierno venezolano suspendió todos los vuelos provenientes de Europa y Colombia, en principio por un mes, "para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional" y tratar de frenar la llegada de la covid-19 al país caribeño, una medida que se extendió unos días después al resto de conexiones.

El 13 de diciembre, cuando el INAC anunció la cancelación de permisos de operación con Irán, Rusia, Panamá y República Dominicana, el Gobierno panameño también canceló el acceso de aerolíneas venezolanas a su territorio hasta que Venezuela estableciera un trato "igualitario y justo" a las compañías del país centroamericano.

Panamá es una de las rutas más utilizadas como escala por aquellos que quieren viajar a Venezuela o salir del país petrolero.

Las diferencias entre los reguladores aéreos de Panamá y Venezuela alcanzaron tal punto que a mediados de diciembre pasado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) urgió a ambos a restablecer los vuelos, alertando la interrupción se había producido en el "peor momento".

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Israel y su polémico acuerdo con Pfizer para 'trato preferencial'

 

Tras adelantarse en la carrera por vacunar a la población contra el nuevo coronavirus, Israel alcanzó un acuerdo con Pfizer, prometiendo compartir gran cantidad de datos médicos con la multinacional farmacéutica a cambio de que mantenga el suministro de su codiciada vacuna.

Los defensores del acuerdo dicen que permitirá a Israel convertirse en el primer país en vacunar a la mayoría de su población, además de proporcionar una valiosa investigación que podría ayudar al resto del mundo.

Pero los detractores dicen que plantea graves problemas éticos, como posibles violaciones de la privacidad y un aumento de la desigualdad global que permite a los países ricos acumular vacunas mientras las poblaciones más pobres -incluidos los palestinos en los territorios de Gaza y Cisjordania, ocupados por Israel- tienen que esperar más para vacunarse.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se presenta como el impulsor de la campaña de vacunación de cara a las elecciones nacionales de marzo, dijo este mes que había cerrado el acuerdo con el director general de Pfizer para acelerar la entrega de dosis a Israel.

"Israel será un Estado modelo global”, dijo Netanyahu.

"Israel compartirá con Pfizer y con todo el mundo los datos estadísticos que ayudarán a desarrollar estrategias para derrotar el coronavirus”, agregó.

El gobierno entregará los datos para “ver cómo influye, primero, el nivel de enfermedad en Israel, la posibilidad de abrir la economía, diferentes aspectos de la vida social, y si hay cualquier efecto de la vacuna”, explicó el ministro israelí de Salud, Yuli Edelstein.

La vacuna de Pfizer, desarrollada con su socio alemán BioNTech, ha recibido autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la agencia reguladora de la Unión Europea, y se cree que ofrece una protección del 95% contra el covid-19.

Pero aún queda mucho por saber, como su protección a largo plazo y si puede evitar el contagio del virus.

Israel, que tiene 9.3 millones de habitantes, está considerado como el lugar ideal para estudiar estas cuestiones.

Cuatro organizaciones con financiamiento público prestan su sistema de salud universal y mantienen detallados historiales médicos digitalizados. Este sistema centralizado ha ayudado a Israel a administrar más de dos millones de dosis en menos de un mes. Israel también ha comprado dosis de las vacunas de Moderna y AstraZeneca.

Fines políticos

El frenesí de vacunaciones es una cuestión de orgullo nacional. También es una pieza central de la campaña de reelección de Netanyahu, que intenta desviar la atención de su juicio por corrupción, la profunda crisis económica del país y el último repunte del virus.

El Ministerio de Salud ha registrado unos 551 mil casos y más de 4 mil muertes desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades dicen aspirar a que la mayoría del país esté vacunada para finales de marzo, justo en torno a la fecha de los comicios.

Pero los detalles del acuerdo entre Israel y Pfizer no están claros, ni siquiera después de que el Ministerio israelí de Salud publicara el domingo una versión editada del contrato.

Tanto el gobierno como la farmacéutica declinaron decir cuánto ha pagado Israel por las vacunas, aunque Edelstein lo describió como una situación en la que ambos salían ganando. Según medios israelíes, el país pagó al menos un 50% más que otros países. Los datos se reportarían también a la Organización Mundial de la Salud, según los reportes, aunque el organismo no respondió a reiteradas peticiones de comentarios.

El responsable de la OMS pidió este mes a las farmacéuticas y países adinerados que “dejen de cerrar acuerdos bilaterales”, señalando que perjudica a un esfuerzo respaldado por Naciones Unidas para ampliar el acceso a las vacunas. Tedros Adhanom Ghebreyesus no identificó a ningún país o empresa concretos.

El doctor Siddhartha Datta, director del programa europeo de la OMS para inmunización y enfermedades prevenibles con vacunas, dijo que la agencia intenta reunir datos “desagregados”, basados en edad, género, región, empleo y otros factores, y reportar cualquier problema de seguridad conforme se despliegan las vacunas.

Israel ya había anunciado la adquisición de millones de vacunas antes de que se hiciera público el acuerdo con Pfizer. No está claro cómo ha cambiado la cantidad o los plazos de entrega de las dosis, ni si las vacunas se han desviado de entregas previstas para otros países.

¿Trato turbio?

El acuerdo ha llamado la atención sobre la distribución dispar de las vacunas entre países ricos y pobres. Una estimación reciente del Comité Internacional de Rescate señaló que probablemente, la iniciativa global COVAX en la que participa la OMS habrá vacunado apenas al 20% de la gente de los países de menores ingresos del mundo cuando termine 2021.

"Este es un acuerdo turbio, secreto que da preferencia a algunos países sobre otros sin ninguna transparencia”, dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud global en la Universidad de Georgetown en Washington. “Al final, los países de bajos y medio ingresos serán los que se queden atrás”.

El doctor Nadav Davidovitch, director de la facultad de salud pública de la Universidad israelí Ben Gurion y asesor del gobierno en política sobre el coronavirus, dijo que el acuerdo había planteado graves preocupaciones sobre la creciente disparidad en las campañas de vacunación.

"Para erradicar el covid-19, o al menos controlarlo de forma eficiente, tenemos que ver la imagen global”, dijo Davidovitch.

Esa desigualdad es especialmente llamativa en el caso de Israel y los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, que viven bajo distintos niveles de control israelí y aún no han recibido ninguna vacuna.

Aunque está vacunando a sus ciudadanos árabes y residentes palestinos en el este de Jerusalén, anexionada por Israel, el país dice que vacunar a los palestinos no es su responsabilidad.

Edesltein dijo que Israel consideraría ayudar una vez se haya ocupado de sus ciudadanos.

Pero los palestinos e importantes grupos de derechos humanos dicen que Israel sigue siendo una potencia ocupante y tiene la responsabilidad de proporcionarles vacunas. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, acusó hace poco a Israel de “racismo”, pero no ha pedido vacunas de forma pública.

Decenas de miles de palestinos de Cisjordania trabajan en Israel y sus asentamientos en el territorio, y los expertos señalan que Israel debería compartir las vacunas por motivos éticos y prácticos.

"De verdad creo que debemos ver cómo conseguir la vacuna para la Autoridad Palestina”, dijo Davidovitch, presidente en funciones de la asociación israelí de profesionales de salud pública.

"Estamos hablando de ello con el ministro de Salud, y de verdad espero que esto se resuelva pronto”, añadió.

Datos y privacidad

Tampoco está claro qué información exactamente se está compartiendo con Pfizer. Según el acuerdo publicado con secciones tachadas, no se compartirá “ninguna información de salud identificable”, y la investigación se publicará en una revista médica reconocida.

Según el texto, Israel dará información semanal a Pfizer sobre varios grupos demográficos y de edad.

El objetivo, señalo, es “analizar datos epidemiológicos resultantes del despliegue del producto, para determinar si se alcanza la inmunidad de rebaño tras alcanzar cierto porcentaje de la cobertura de vacunación en Israel”.

Los datos, añadía el documento, “pretenden ayudar a poner fin a la pandemia global del covid-19 para beneficio de todos los pacientes dentro y fuera de Israel”.

Privacy Israel, un grupo activista que había pedido al gobierno que publicara el acuerdo, celebró su difusión pero dijo que quedaban cuestiones por aclarar, sobre todo sobre la gestión y la seguridad de los datos personales.

También señaló que se habían ocultado algunas partes del documento, como fechas clave y el nombre de los funcionarios implicados. Aun así, señaló que hay “un poco más de certidumbre” sobre el proceso de compartir información con una corporación global.

Tehilla Shwartz Altshuler, experta en privacidad digital en el Instituto Israelí de Democracia, cuestionó la ética de un acuerdo que podría suponer cuantiosos beneficiosos para Pfizer. También dijo que compartir un gran volumen de información aún podría poner en peligro la privacidad de los particulares, aunque se supone que los datos se envían de forma anónima.

"Si, Dios no lo quiera, se hackea el paquete de datos, entonces el riesgo va a ser vuestro”, dijo en referencia a los ciudadanos israelíes.

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Falsa alarma en el Capitolio de EE.UU. por un incendio en sus proximidades

 

La alarma se desató este lunes en el Capitolio de Estados Unidos después de que se detectara un incendio en sus proximidades, aparentemente desatado en un campamento de personas sintecho localizado en las proximidades.

En un comunicado, la Policía del Capitolio informó que "en precaución por una amenaza de seguridad bajo el puente sobre la (carretera) I-295 en las calles Primera y F SE" ordenó el cierre del complejo del Capitolio.

"Actualmente no hay ningún fuego en o dentro del recinto del Capitolio. Se ha recomendado a los miembros y al personal que se protejan mientras el incidente se investiga", agregó la nota.

En un correo electrónico enviado a los legisladores, publicado por medios de comunicación estadounidenses, la Policía del Capitolio indicó que no se permitía la salida o entrada del lugar y les pidió que se mantuvieran lejos de las ventanas y puertas exteriores.

Un responsable de seguridad citado por la cadena de televisión NBC explicó que el fuego se había declarado en un campamento de sintecho cercano.

El Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia apuntó en un tuit que había extinguido un incendio en el bloque 100 de la calle H, en el sureste de la ciudad.

Miles de efectivos de la Guardia Nacional se han desplegado en el recinto del Capitolio y en otras partes del centro de Washington DC con motivo de la investidura este miércoles del presidente electo, el demócrata Joe Biden, después de que cientos de seguidores del mandatario saliente, Donald Trump, irrumpieran en la sede del Congreso el pasado día 6, en un suceso que dejó 5 muertos.

Además se ha restringido el tráfico en numerosas calles del centro de Washington DC, donde se han erigido vallas y se han colocado bloques de hormigón, ante un hipotético ataque el día de la investidura.

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Caravana migrante continúa detenida en la carretera en el este de Guatemala

 

Más de 6.000 hondureños que conforman una caravana migrante rumbo a Estados Unidos continúan varados este lunes en una carretera en el este de Guatemala, sin que las fuerzas de seguridad permitan su avance desde el sábado.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó a periodistas a las 9.20 hora local (15.20 GMT) que la caravana "permanece concentrada" en una carretera del departamento de Chiquimula, unos 200 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala y a pocos kilómetros de la frontera con Honduras.

Además, según constató Efe, se reforzó este lunes en el mismo lugar el despliegue de miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, quienes desde el sábado no permiten el avance de la multitud.

Los hondureños forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9.000 compatriotas, según cálculos oficiales, que salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes.

El grupo que se encuentra varado está compuesto por alrededor de 6.000 migrantes, mientras que los otros 3.000 hondureños que conforman la caravana han logrado avanzar en algunos casos y en otros la multitud se ha ido diluyendo o ha emprendido el viaje de vuelta a su país.

La caravana de 9.000 hondureños se coló ilegalmente entre la noche del viernes y el sábado por el puesto fronterizo El Florido, en el mismo departamento de Chiquimula y a solo unos 20 kilómetros de donde se encuentran detenidos este domingo.

Su objetivo llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia que azotan el istmo centroamericano, especialmente después de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que tocaron tierra en noviembre pasado.

El Instituto Guatemalteco de Migración precisó también que el tráfico de vehículos en el sector se encuentra "detenido" debido a la presencia de los migrantes en la carretera.

Los hondureños se rehúsan a dar marcha atrás incluso después de que en la mañana de este domingo fueron reprimidos con fuerza por el Ejército y la policía al intentar avanzar.

Los migrantes no pueden continuar su travesía si no cumplen con una prueba negativa de la covid-19, según el Instituto Guatemalteco de Migración.

De acuerdo a fuentes oficiales, casi 1.600 hondureños han sido devueltos por Guatemala a su país en los últimos cuatro días.

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Ecuador recibirá más de 2.890 millones de Estados Unidos para saldar deuda con China

 

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) ha alcanzado un acuerdo con Ecuador para concederle 3.500 millones de dólares (2.893 millones de euros) para que el país andino haga frente a su deuda con China, a cambio de que el país latinoamericano excluya a las compañías chinas de sus redes de telecomunicaciones.

La tasa de interés de la DFC será del 2,25% sobre la tasa de referencia Libor durante ocho años, una tasa "mucho menor" de lo que el mercado cobraría al país, según el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. El crédito además tiene un período de gracia de un año, durante el cual Ecuador no debe pagar nada, según recoge 'Bloomberg'.

El presidente de DFC, Adam Boehler, ha firmado el acuerdo en un evento junto al presidente ecuatoriano este jueves, calificando el acuerdo como un nuevo modelo para expulsar a China del continente latinoamericano.

Boehler ha explicado que el acuerdo significará un impacto positivo en el desarrollo de Ecuador, al tiempo que evitará que un país "autoritario" ejerza influencia en otros países.

La saliente Administración de Donald Trump espera que la iniciativa dibuje un modelo que anime a otras naciones latinoamericanas a dejar de depender de la deuda que compre China y a evitar a las empresas asiáticas accedan a sus redes de telecomunicaciones.

El organismo ha señalado a su vez que este no es un acuerdo establecido por la Administración de Trump. "Esto no es una prioridad de los demócratas ni una prioridad de los republicanos. Esto es una prioridad estadounidense", ha asegurado Boehler en declaraciones al 'Financial Times'.

Una de las principales condiciones del acuerdo con Ecuador es que su capital, Quito, firme lo que el Ejecutivo de Trump considera "una red limpia". Esto es una iniciativa de Departamento de Estado diseñada para asegurar que los países excluyen a China de los servicios y equipamiento de telecomunicaciones al tiempo que desarrollan sus redes de alta velocidad 5G.

En el marco del trato, la DFC se coordinará con instituciones financieras privadas para ayudar a crear un vehículo de oferta que compre activos de petróleo e infraestructuras en Ecuador. Las ventas de estos activos proveerá a Quito de liquidez para pagar la deuda con China antes de lo acordado e inyectar inversiones en varios proyectos de desarrollo.

La deuda de Ecuador con China se remonta al mandato del expresidente Rafael Correa, cuya deuda soberana entró en 'default' o impago en 2008, tras lo cual decidió dar la espalda a Washington y acordar una serie de préstamos con China, los cuales todavía se continúan pagando.

Lenín Moreno ha criticado los acuerdos chinos como opacos y perjudiciales para el país. Su ejecutivo ha renegociado algunos términos de deuda y el año pasado aseguró 2.000 millones de dólares (1.645,3 millones de euros) en nuevo dinero procedente de un banco chino.

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Venezuela enviará oxígeno a Brasil para tratamientos por COVID-19

 

SAO PAULO, 15 ene (Reuters) - Venezuela enviará oxígeno a Brasil, donde los hospitales del norteño estado de Amazonas se han quedado sin ese suministro básico para tratar a los pacientes con COVID-19, dijo el canciller Jorge Arreaza en un tuit a última hora del jueves.

Arreaza dijo que su anuncio siguió las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela.

"La solidaridad latinoamericana sobre todo", agregó Arreaza.

Cerca de 6.000 personas han muerto por COVID-19 en Amazonas, donde la segunda ola de la pandemia ha golpeado con fuerza.

(Reporte de Eduardo Simoes, escrito por Carolina Mandl, Editado en español por Gabriela Donoso)

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Casos de COVID-19 en China trepan a máximo de más de 10 meses

 

PEKÍN, 15 ene (Reuters) - China reportó el viernes la mayor cantidad de casos diarios de COVID-19 en más de 10 meses, según datos oficiales, debido a un brote severo en el noreste del país que ha dejado a más de 28 millones de personas en confinamiento.

El 14 de enero se informó un total de 144 nuevos casos de COVID-19, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado, frente a los 138 casos del día anterior y marcando el mayor aumento diario desde los 202 casos reportados el 1 de marzo.

El número total de casos sigue muy por debajo del punto álgido del brote en China a principios de 2020. Pero el miedo a una nueva ola en todo el país crece cuando queda un mes para el feriado del Año Nuevo Lunar; se calcula que habrá 296 millones de viajes de pasajeros por tren.

La comisión dijo que 135 de los nuevos casos fueron infecciones locales, 90 de las cuales se produjeron en la provincia de Hebei, que rodea a Pekín y que ha sido la más afectada en la última ola. Se notificaron otros 43 casos en la provincia nororiental de Heilongjiang, y las provincias de Guangxi y Shaanxi informaron cada una de un caso confirmado.

El aumento se produce cuando un equipo de investigadores dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en cuarentena en la ciudad de Wuhan, donde la enfermedad se identificó por primera vez a fines de 2019.

El equipo tiene como objetivo investigar los orígenes de la pandemia que ha provocado la muerte de casi 2 millones de personas en todo el mundo.

La delegación, retrasada a la espera de la autorización de Pekín para ingresar al país, sufrió otro revés el jueves cuando dos de sus integrantes tuvieron que quedarse atrás en Singapur tras dar positivo por anticuerpos contra el coronavirus. La OMS ha dicho que los dos individuos volverán a ser evaluados.

SE LLAMA A NO VIAJAR

Las autoridades están alentando al público a abstenerse de viajes no esenciales durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar el próximo mes, cuando cientos de millones de chinos normalmente regresan a casa o viajan.

Heilongjiang, que ya ha declarado una emergencia por COVID-19, instó a sus 37,5 millones de personas a no desplazarse durante el receso y evitar las reuniones.

"Los llamados hechos por las autoridades centrales y locales para que la gente evite los viajes entre regiones durante las vacaciones son sensatos y necesarios, porque se basan en la ciencia y la experiencia de primera mano", dijo el periódico oficial China Daily en un editorial publicado el viernes.

"No se trata sólo de protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias, sino también de evitar un peligro claro y presente para nuestras comunidades inmediatas y más amplias".

El vicegerente general de China Railway, Li Wenxin, espera alrededor de 296 millones de viajes de pasajeros por ferrocarril durante el receso del Año Nuevo Lunar, informó Xinhua el viernes, en comparación con 410 millones en 2019, la última vez que no hubo restricciones importantes de viaje durante el período de vacaciones.

El número de nuevos casos asintomáticos, que China no clasifica como casos confirmados, cayó a 66 desde 78 un día antes.

El número total de casos confirmados de COVID-19 en China continental ahora es de 87.988, mientras que el número de muertos se mantuvo sin cambios en 4.635.

El recuento diario de la comisión excluye los casos reportados en Macao y Hong Kong, que son territorios chinos pero informan sus números por separado. La comisión excluye casos en Taiwán, la isla autónoma que China reclama como propia.

(Reporte de Brenda Goh en Shanghái y Cate Cadell en Pekín; escrito por Se Young Lee; Editado en español por Janisse Huambachano)

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