El control por la composición del Tribunal Constitucional de Perú
está detrás de la última crisis política en el país sudamericano.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció este lunes la disolución del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo parlamento.
Vizcarra
tomó la decisión al considerar que el Congreso, controlado por la
oposición fujimorista, rechazó la cuestión de confianza planteada días
antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el
proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
Sin
embargo, horas después del anuncio del mandatario, el Congreso aprobó
suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por "incapacidad
temporal" y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones" del país.
La disputa por la elección de nuevos magistrados
El
Congreso tenía que elegir a seis nuevos miembros del Tribunal
Constitucional, lo que podría desbalancear las fuerzas en el órgano
judicial a favor del fujimorismo, que tiene mayoría parlamentaria.
La comisión creada a tal efecto en el Congreso propuso la semana
pasada una lista elaborada de manera exprés con once candidatos para las
seis plazas habilitadas.
El gobierno peruano planteó su cuestión
de confianza sobre la elección de magistrados del TC en el Parlamento
porque considera que este proceso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación.
Sin embargo, entre protestas de algunos legisladores de izquierda y
liberales, el pleno votó el lunes para elegir como nuevo miembro del TC
al jurista
Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
Vizcarra
acusó a la oposición de intentar utilizar el Congreso y los tribunales
para protegerse de las investigaciones criminales en curso.
"La
mayoría parlamentaria recurre a innumerables argumentos y trucos,
destinados a dañar no solo al gobierno sino a la sociedad en general",
dijo Vizcarra al país en un discurso televisado.
La elección de miembros del Tribunal Constitucional es clave
porque puede terminar resolviendo la disputa entre el Congreso y el
poder ejecutivo, y también decidir fallos importantes como la libertad o
cárcel de políticos envueltos en corrupción.
Estos son algunos de los importantes casos que tiene que resolver el alto tribunal:
Libertad de Keiko Fujimori…
El TC tiene que resolver el recurso presentado por la familia de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que cumple la líder opositora.
Fujimori
está en prisión preventiva desde octubre de 2018, mientras es
investigada por supuesto lavado de activos provenientes de sobornos de
la constructora brasileña Odebrecht.
El pasado 12 de septiembre la
Corte Suprema peruana redujo la orden inicial de 36 meses de prisión
preventiva a 18, que se cumplirán el próximo mes de abril.
Sin embargo, su defensa anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para lograr la anulación de la prisión preventiva.
Entre
los nombres sugeridos en la lista del comité del Congreso para renovar
el TC está el de Wilber Medina, quien se manifestó recientemente en
redes sociales a favor de la anulación de prisión preventiva contra
Fujimori.
Otros candidatos que también se expresaron a favor de la
excarcelación de la hija del expresidente son Ernesto Álvarez y Carlos
Hakansson.
… y de Alberto Fujimori
El TC también tiene que
resolver un recurso presentado el pasado 20 de septiembre para lograr
la libertad del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y padre de
Keiko.
El recurso fue presentado por un ciudadano sin aparentes
vínculos con el exgobernante, quien pidió la anulación de las
resoluciones judiciales que revirtieron el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Esa
gracia presidencial fue anulada por la justicia peruana al considerar
que el proceso para indultar a Fujimori fue irregular al no cumplir los
plazos ni requisitos y darse aparentemente como parte de una negociación
para liberar al expresidente a cambio de que el fujimorismo no destituyera a Kuczynski en el Congreso, quien finalmente renunció en marzo de 2018.
Fujimori volvió a prisión en enero de este año para terminar de
cumplir la condena a 25 años de prisión dictada en su contra en 2009 por
crímenes de lesa humanidad.
El caso Odebrecht
Toda esta crisis se produce a pocos días de que la Fiscalía interrogue nuevamente al exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata,
quien se espera que desvele los nombres de los congresistas cuyas
campañas fueron financiadas por la constructora brasileña de manera
irregular.
Los términos del acuerdo, que permite tener acceso a testigos y pruebas en las investigaciones, fueron criticados por la oposición fujimorista, sin embargo, en junio pasado fueron avalado por la justicia peruana.
Si se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones
del caso Odebrecht por sobornos y lavado de dinero que involucran a los
expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
También a Alan García, que se suicidó en abril antes de ser detenido, y
a la misma Keiko Fujimori.
La actual crisis política
Paradójicamente,
será en el Tribunal Constitucional, él órgano detonante de esta última
crisis política e institucional, donde tendrá que resolverse la misma.
El Tribunal Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana, tendrá que dirimir si Vizcarra actuó correctamente al disolver el Congreso.
En estos instantes, el TC cuenta con el nuevo miembro escogido durante
la tormentosa sesión parlamentaria del lunes, pero precisamente falta
por ver si esa elección también es válida.
