El artista puertorriqueño Daddy Yankee presentó una demanda federal que apunta directamente al productor Raphy Pina y a varias figuras que formaron parte de su estructura profesional durante años, entre ellas su exesposa Mireddys González, a quienes acusa de conformar un esquema de fraude, manipulación de derechos de autor y crimen organizado para apropiarse de regalías generadas por su catálogo musical.
La acción legal fue radicada bajo la Ley RICO, un estatuto federal utilizado en casos de crimen organizado, y sostiene que durante casi una década los demandados habrían mantenido un sistema de documentación alterada, registros falsos y desvío sostenido de ingresos que benefició de forma indebida a Pina.
Un esquema que habría operado durante una década
Según la demanda, desde al menos 2015, Pina y sus colaboradores habrían logrado insertar al productor como coautor de canciones en las que no participó creativamente. Esto se habría conseguido mediante split sheets manipulados, comunicaciones internas que excluían al artista y registros de derechos de autor con asignaciones falsas o no autorizadas.
Estos documentos circularon en editoras, plataformas digitales y gestores de derechos en Estados Unidos y el extranjero, generando pagos basados en información que, según el equipo del artista, no respondía a aportaciones reales.
El texto también describe un ambiente de intimidación y control alrededor de Pina, señalando que el productor habría recurrido a tácticas de presión emocional e incluso violencia para evitar cuestionamientos. “Ejerció control financiero sobre los artistas, utilizando intimidación y manipulación emocional para imponer lealtad y silenciar el disenso”, dice la demanda.
El rol de González, Prado y Coll
La querella señala a Mireddys González, expresidenta de El Cartel Records y Los Cangris, como responsable de tramitar documentos y comunicaciones internas que incluían asignaciones de regalías sin informar al artista.
El abogado Edwin Prado-Galarza habría facilitado acuerdos y firmado documentos que aparentaban contar con la autorización de Daddy Yankee, mientras que el productor Andrés Coll-Fernández habría validado información técnica enviada luego a editoras y entidades de cobro.
La demanda menciona también varias corporaciones vinculadas a Pina —entre ellas Pina Records, World Music Latino, Mafer Music Publishing y Prendi Publishing Trust— como vehículos para canalizar reclamaciones y pagos de regalías dentro del presunto andamiaje.
El hallazgo tras el divorcio
El conflicto salió a la luz luego de que, tras anunciar su divorcio en 2024, Daddy Yankee retomara control de sus corporaciones. Durante ese proceso, su equipo detectó ausencia de expedientes completos, desaparición de correos corporativos y discrepancias en los registros de autoría.
En enero de 2025, el artista contrató al exjefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases Gallardo, para auditar su estructura corporativa. Esa revisión, según la demanda, permitió identificar un patrón sistemático de alteraciones en la distribución de regalías.
Lo que solicita el artista al tribunal
Daddy Yankee pide la corrección inmediata de todos los registros de derechos de autor afectados, la restitución de regalías desviadas y la aplicación de remedios contemplados en la Ley RICO, que incluyen la posibilidad de triplicar daños. También solicita un interdicto permanente para impedir que los demandados vuelvan a presentar reclamaciones sobre las obras en disputa.
El caso, de gran impacto en la industria urbana, podría reconfigurar prácticas internas relacionadas con la documentación de colaboraciones y la gestión de regalías si las alegaciones son demostradas en el tribunal federal.
