Juan Manuel Trak*
Latinoamérica21
A pocos días de la elección presidencial en Venezuela, la situación política en el país se muestra cada vez más crispada. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con las prácticas autoritarias cuya finalidad es impedir que el deseo de cambio se exprese de forma genuina en las urnas. Por otro lado, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática), Edmundo González Urrutia, continúa recorriendo el país y concentrando decenas de miles de personas en ciudades y pueblos de todo el país; esto a pesar de las trabas y restricciones impuestas por diferentes actores progubernamentales. En medio de los grupos en pugna, la sociedad venezolana muestra cada vez más su deseo de cambio político de forma pacífica y electoral.
Aunque la elección presidencial de 2024 en Venezuela se perfila como la menos competitiva en la historia reciente del país como consecuencia del ventajismo del gobierno, malas prácticas electorales, abusos y persecución hacia la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática, existe una posibilidad real de que la oposición obtenga más votos que el gobierno. La elección de 2024 está marcada por el mantenimiento de la estrategia de participación de la oposición luego de los resultados obtenidos en las elecciones regionales de 2021. En aquel momento, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática) abandonó la estrategia de boicot electoral y decidió postular candidatos para competir por alcaldías y gobernaciones (sobre todo Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática).
Esta decisión no estuvo exenta de críticas y tensiones internas.
El partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, en voz del exdiputado Juan Guaidó, “presidente gobierno interino”, llamaba a la ciudadanía a manifestarse para exigir elecciones justas: “El llamado a los venezolanos es a salir a las calles, a exigir elecciones libres y justas, salir a las calles a protestar por lo que está mal, a elegir en una elección, la que nos deben y la que originó esta crisis y a promover un acuerdo de salvación nacional”.
Desde fuera de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, argumentaba que no existían condiciones para una elección libre y justa, y etiquetó a los dirigentes que buscaban cargos de elección popular como “cohabitadores”. De hecho, criticó a la Unión Europea por el envío de observadores, ya que, desde su punto de vista “esto no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia del régimen”. En ese momento, mantenía la tesis de la amenaza creíble cuyo objetivo era presionar al gobierno externamente para que negociara su salida del poder.
Adicionalmente, la oposición que participó se presentó fragmentada. Por un lado, los partidos de la Plataforma Unitaria lograron coordinarse para la presentación de candidatos conjuntos. Por otro lado, los partidos que había participado (Avanzada Progresista, Cambiemos, etc.) en 2018 y 2020, así como las facciones judicializadas de los partidos de la antigua MUD, construyeron la llamada Alianza Democrática, ya que buscaban sustituir electoralmente a la oposición de la Plataforma Unitaria.
En todo caso, tal como demostramos en un estudio junto a Maryhen Jiménez, Stefania Vitale y Guillermo Tell Aveledo, el resultado de las elecciones regionales de 2021 mostró la importancia de las elecciones para la movilización social y política. El resultado global fue que los partidos de oposición en conjunto obtuvieron más de cuatro millones y medio de votos, un 55 %, mientras que la alianza del PSUV obtuvo el 45 % de los votos. Pero dada la fragmentación, la superioridad de votos no se tradujo en mayor cantidad de gobernaciones o alcaldías para la oposición. Sin embargo, el potencial de la oposición estaba allí y esto, desde cierto punto de vista, posiblemente marcó el cambio en la posición de Machado.
La elección del 2021 mejoró la imagen internacional del gobierno ya que este permitió la participación de la oposición (se había legalizado la tarjeta de la MUD, impedida de postular desde 2018), se levantaron inhabilitaciones a dirigentes opositores, se permitió a la oposición tener dos de cinco rectores principales en el CNE y se invitó a la Unión Europea como observador internacional.
Para estas elecciones, el gobierno de Maduro especuló con que la oposición mantendría su estrategia anterior, y si se daba de la misma manera que en 2021, su objetivo de mantenerse en el poder sin recurrir a mayor represión o un fraude abierto le permitiría exigir el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, a medida que se ha ido acercando la elección se ha ido evidenciado el error de cálculo.
Un cambio de estrategia de cara al 2024
En primer lugar, en esta campaña, a pesar de sus importantes diferencias internas, la oposición logró resolver, mediante la elección primaria, el problema de la selección de su candidato presidencial. En mayo de 2022, la Plataforma Unitaria convocó a elecciones primarias para el 2023, la cual sería organizada por personalidades independientes, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
La elección primaria representó un desafío de coordinación entre los opositores y, hacia el final de la campaña, las pugnas entre los diferentes candidatos parecían conducir al fracaso del proceso. Además, la oposición debió soportar las constantes amenazas de suspensión o intervención por parte del gobierno a través del poder judicial.
A pesar de ello, la elección primaria obtuvo una participación mayor a lo esperado y una abrumadora victoria de María Corina Machado con 92% de las preferencias de los aproximadamente dos millones de electores que participaron. Con este resultado, Machado reclamó el derecho a liderar a la oposición y personalizar la dirección de esta.
En segundo lugar, el gobierno estimó que, si bloqueaba la participación de Machado, ésta no lo toleraría y tomaría la vía del boicot electoral, de la que había sido promotora desde antes de 2015. Por un lado, no levantó su inhabilitación política fabricada por el contralor general y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y, por otro impidió, sin causa legal, la postulación de la profesora Corina Yoris como sustituta de Machado.
El lema “hasta el final” y declaraciones del entorno inmediato de Machado parecían indicar que sin ella en la papeleta la oposición se mantendría en la ruta electoral. Sin embargo, el lema contenía una ambigüedad que dejaba entrever la posibilidad de continuar, a pesar de los obstáculos.
Luego de una negociación entre Machado y Manuel Rosales (Gobernador del Zulia, líder de UNT), se definió que Edmundo González Urrutia (inscrito para reservar la postulación de la tarjeta de la MUD) sería el candidato presidencial. Esta decisión de mantener la participación en los comicios, aun teniendo peores condiciones de integridad electoral que las elecciones presidenciales previas, ha llevado al gobierno a aumentar la represión y persecución de dirigentes, activistas y ciudadanos que apoyan o prestan servicios a las giras de Machado y González Urrutia.
Entre octubre y junio se ha detenido a varios dirigentes regionales de Vente Venezuela, se acusó al equipo de Machado de terrorismo, algunos de ellos fueron apresados y otros tuvieron que asilarse en embajadas. Se han cerrado y multado negocios que han prestado servicio a Machado o González Urrutia y se han apresado a dueños de transportes públicos o particulares que han traslado al candidato o a Machado. Todos estos actos de intimidación y represión han marcado el período previo a la campaña y su inicio.
Adicionalmente, el CNE ha sufrido un deterioro importante en la forma de tomar decisiones, en donde reina la opacidad y discrecionalidad. En agosto de 2023 Elvis Amoroso, quien previamente fue el Contralor de la República y responsable de las inhabilitaciones políticas sin juicio de dirigentes opositores como Capriles Radonski, Leopoldo López y, María Corina Machado, entre otros, fue escogido para presidir el organismo. Así, el CNE relativamente moderado en 2021 es actualmente casi completamente leal al gobierno, por lo que difícilmente se cumplen los procedimientos mínimos de transparencia, equidad e integridad electoral.
¿Qué dicen las encuestas?
A pesar de ello, las pocas encuestas fiables conocidas dan cuenta de un descontento generalizado hacia el gobierno de Maduro. Según el Latinobarómetro 2023, el 32.6% “aprueba” la gestión del gobierno, mientras que el 67.3% “no aprueba”. Mientras que firmas como Consultores 21 y Delphos dan como ganador a González Urrutia con preferencias cercanas al 50%.
Si bien hay que tomar los datos con pinzas, los ejercicios demoscópicos muestran el rechazo al gobierno y una preferencia electoral hacia el candidato de la MUD.
Sin embargo, lo cierto es que existen condiciones externas que pueden inhibir a las personas de expresar sus preferencias reales o bien ser coaccionados por parte de agentes progubernamentales para cambiarlas en el momento de la votación.
Después de todo, la elección venezolana se da en un contexto no democrático, en el que existen mecanismos de control social por parte del gobierno sobre parte de los empleados públicos o beneficiarios de programas sociales.
La campaña oficialista
La campaña electoral del oficialismo ha sido poco eficaz en mostrar un mensaje positivo debido a la falta de logros y el desgaste lógico de un gobierno de 10 años que ha causado la emergencia humanitaria más grave de la historia del país. En este contexto, cualquier promesa es percibida como un acto de cinismo. Por otra parte, el mensaje de miedo, de “nosotros o el caos”, tampoco parece hacer mella en el electorado.
Lo que es cierto es que la victoria de Machado en las primarias y el endoso de su apoyo a González Urrutia ha logrado reagrupar a los sectores chavistas descontentos. Sin embargo, dentro de las filas del oficialismo también hay presiones y represión. Un ejemplo de ello fue la judicialización del Partido Comunista de Venezuela, histórico socio del PSUV desde 1999, el cual ha dado su apoyo al candidato Enrique Márquez de Centrados.
En todo caso, el resultado de la elección no está cerrado. Si consideramos el contexto no democrático en el que se enmarca la elección, la capacidad de manipulación electoral del gobierno sigue siendo amplia. Por ejemplo, los cambios en la forma de cómo se distribuyen los votantes en los centros de votación permiten al gobierno ejercer mayor control sobre los electores de las mesas. Otra técnica es la ya utilizada anteriormente de cambiar el reglamento de testigos de mesa de los partidos a pocos días del cierre del registro del CNE.
En resumen, la selección de María Corina Machado como candidata en las primarias opositoras y su insistencia en mantenerse por intermedio de Edmundo González Urrutia en la ruta electoral ha polarizado la elección presidencial de 2024. Actualmente, solo hay dos contendientes reales, cada uno representando visiones diametralmente opuestas de la sociedad venezolana y que no se reconocen mutuamente.
Aunque Machado parece contar con la mayoría de las preferencias, el control institucional del gobierno y la posible manipulación antes y durante la elección son factores cruciales que podrían cerrar la brecha o incluso darle una victoria ajustada a Maduro. Tampoco se puede descartar que, de ser necesario, el gobierno cambie abiertamente el resultado al final de la jornada electoral.
Las consecuencias de un posible no reconocimiento de los resultados electorales pueden abrir la puerta a una mayor ingobernabilidad, así como a una intensificación de la crisis migratoria en la región. Por ello, estos resultados no solo afectarán el futuro de los venezolanos, sino también el de los países vecinos, cuya capacidad para gestionar la crisis migratoria venezolana es limitada y causa tensiones internas.
