La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante sentencia emitida el pasado 1 de marzo, desestimó la apelación realizada por el régimen de Nicolás Maduro y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que había autorizado al fiscal Khan a continuar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezueladurante los últimos años.
El régimen de Nicolás Maduro reaccionó negando que tales crímenes hubieran ocurrido, acusando a la Corte de estar parcializada y de "instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos".
Aumento significativo de las violaciones de derechos humanos
En febrero, Yván Gil, ministro de Exteriores del Gobierno de Maduro, acusó a la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de ser "el bufete particular de un grupo de golpistas y terroristas". Tras estas declaraciones, suspendió las operaciones de la oficina en Venezuela y ordenó a sus miembros abandonar el país en un plazo de 72 horas.
La medida del régimen respondió directamente a las críticas de la ACNUDH, que había expresado su "profunda preocupación" por la detención arbitraria de la activista y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Estas actuaciones del régimen chavista no son fortuitas, sino que forman parte de un patrón de conducta de resistencia, obstaculización y crítica a la acción y supervisión del sistema internacional de justicia y protección de los derechos humanos en el país. Este patrón se observa desde los inicios del chavismo, en 1999.
El objetivo de esta estrategia es intentar eximir al Estado venezolano y a sus máximas autoridades de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Lo más grave de este comportamiento es que ha venido acompañado de un aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como lo han venido documentado en sus informes los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Rechazo de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Desde su creación en el año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominada por el chavismo, cuestionó, obstaculizó y rechazó de forma sistemática las decisiones condenatorias de instancias internacionales de protección de derechos humanos.
En 2003, la Sala Constitucional se arrogó, mediante sentencia, la potestad de decidir qué tratado internacional y qué decisión de un organismo de protección de derechos humanos se aplicaba en el país. En esa misma oportunidad, estableció que las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) "no son obligatorias” ni para el Gobierno ni para los jueces venezolanos.
En 2008, la Sala Constitucional declaró que las decisiones condenatorias de la Corte IDH en contra del Estado venezolano por violación de derechos humanos eran "inejecutables" y de "imposible cumplimiento" en el país. Bajo este criterio, seis sentencias de la Corte IDH han sido desacatadas por el régimen chavista hasta la fecha, incluyendo las relacionadas con la inhabilitación de Leopoldo López (2011) y el cierre del canal de televisión "Radio Caracas Televisión" (2015).
Abandono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En 2012, el Gobierno de Hugo Chávez ordenó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que provocó la retirada de Venezuela tanto de la Comisión como de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Chávez tildó a estos organismos como instrumentos "podridos" y "degenerados" al servicio de Estados Unidos y en contra de su Gobierno.
La decisión de Chávez generó numerosas críticas por parte de prestigiosos juristas nacionales e internacionales, entre ellos el venezolano Carlos Ayala Corado, expresidente de la Comisión IDH, quien destacó su carácter violatorio de las normas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y del derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos.
A pesar de los numerosos requerimientos realizados por diversos órganos y personalidades internacionales en la última década, el régimen de Maduro ha mantenido su negativa al retorno de Venezuela al Sistema.
Obstaculización del trabajo de organismos internacionales
En reiteradas ocasiones durante los últimos 25 años, el régimen chavista se ha negado a cooperar y autorizar la visita al país de relatores y expertos de organismos internacionales de protección de derechos humanos. A partir del año 2002, Hugo Chávez se negó a autorizar las visitas de observación in situ de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual forma, Nicolás Maduro, entre 2014 y 2018, período en el que recrudeció la represión estatal contra las protestas ciudadanas, se rehusó a permitir el ingreso al país de los relatores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su informe de 2018, Zeid Ra'ad, Alto Comisionado para ese momento, se lamentó de la "imposibilidad de acceder al país, la falta de información por parte de las autoridades y los riesgos en cuanto a la protección de las fuentes consultadas".
De igual manera se han quejado los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, de la ONU, a quienes el régimen de Maduro les ha negado desde el 2019 la autorización para visitar el país.
En su más reciente informe (18.09.2023) al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión señaló que el gobierno venezolano continuó negándose a colaborar con ella, a pesar de que en las resoluciones 42/25, 45/20 y 51/29 del Consejo de Derechos Humanos se instó a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, y a proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato.
Incumplimiento de recomendaciones
En abril de 2015, después de 14 años de retraso por parte de Venezuela en la entrega de información al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pudo realizar el IV Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado venezolano.
En esa ocasión, el Comité expresó en sus conclusiones su preocupación por 14 temas de derechos humanos en el país y emitió 20 recomendaciones sobre la protección y el respeto de la labor de los periodistas y defensores, la libertad de expresión, la reunión pacífica, el uso excesivo de la fuerza, la tortura, la independencia de los jueces y fiscales y el juicio de civiles en tribunales militares.
En octubre de 2023, tras un nuevo retraso de 4 años en la entrega del informe por parte del Estado venezolano, se llevó a cabo el V Examen. En esta ocasión, el Comité amplió su preocupación a 20 temas de derechos humanos en el país, 12 de los cuales coincidían con los señalados en el examen de 2015.
Esto evidenció la agudización de las violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años en Venezuela. También quedó patente el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones que el Comité le había hecho en 2015.
El Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos desempeña un papel crucial en la salvaguarda de elecciones justas, transparentes e inclusivas. Las pretensiones del régimen de Maduro de actuar al margen del sistema coloca en una posición muy vulnerable al sector opositor, actualmente mayoritario en el país, y lo expone a graves violaciones de sus derechos fundamentales.
