El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dio la orden de investigar presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales que, según las proyecciones, le dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Aunque este tipo de indagaciones son normalmente competencia de cada estado, Barr señaló que no es una regla estricta. En rechazo a la decisión, el director de la sección de Delitos Electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger, presentó su renuncia.
Luz verde para investigar las acusaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude en los comicios en los que perdió frente al demócrata Joe Biden, según las proyecciones.
El fiscal general William Barr ordenó a los fiscales federales investigar las presuntas irregularidades en el conteo de los votos. La prensa estadounidense destaca que se trata de acusaciones sin fundamento, debido a que ni el mandatario ni su equipo han presentado pruebas de sus señalamientos.
Pero además, la orden de Barr representaría un giro a las reglas que históricamente han regido los asuntos electorales de Estados Unidos, pues en este país las leyes en materia de elecciones son determinadas por cada estado. Aún así, Barr justificó que no se trata de una regla estricta.
Pese a que reconoció que los estados son los que tienen la responsabilidad principal del manejo de los comicios, dijo que el Departamento de Justicia tiene "la obligación de garantizar que las elecciones federales se lleven a cabo de tal manera que el pueblo estadounidense pueda tener plena confianza en su proceso electoral y su Gobierno".
En un memorando, Barr indicó a los fiscales federales que podrían hacer averiguaciones "si hay alegatos claros y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, en un estado individual podrían afectar el resultado de una elección federal". Agregó que solo se deberían investigar "acusaciones sustanciales" de irregularidades y que "las afirmaciones engañosas, especulativas, fantasiosas o descabelladas" deberían ignorarse.
Renuncia el jefe de delitos electorales de EE. UU.
La orden de Barr generó rápidamente críticas internas y externas por alimentar afirmaciones consideradas infundadas de fraude electoral masivo, impulsadas por el presidente Trump y otros conservadores.
Richard Pilger, jefe de la Rama de Delitos Electorales del Departamento de Justicia, renunció a su cargo en protesta a la directriz de Barr. Pilger anunció su dimisión en un correo electrónico a sus colegas, en el que escribió: “Habiéndome familiarizado con la nueva política y sus ramificaciones (…) Lamentablemente, debo renunciar a mi cargo de Director de la Sección de Crímenes Electorales”.
Fuentes del Departamento de Justicia, citadas por The Washington Post, señalaron que Barr ya había abordado una idea similar hace algunas semanas y que miembros de la División Penal, de la que forma parte la Sección de Delitos Electorales, lo rechazaron, por lo que aseguran que quedaron sorprendidos cuando Barr presentó su memorando el lunes.
Además de quienes consideran que no hay evidencias de un fraude, la molestia de algunos trabajadores recae en que el fiscal general se haya saltado una guía de la Rama de Crímenes Electorales del Departamento de Justicia. Según la guía, los fiscales no deben, en la mayoría de los casos, tomar medidas abiertas sobre fraude electoral o investigaciones relacionadas, hasta después de que el escrutinio de las votaciones haya concluido en su totalidad y esté certificado. La guía fue diseñada para garantizar que los votantes y los funcionarios electorales estatales y locales, en lugar del Gobierno federal, decidan los resultados y que, si los fiscales quisieran desviarse de la norma, primero tendrían que consultar con los fiscales de Integridad Pública y la Rama de Delitos Electorales.
Trump continúa la pelea por Pensilvania
Entre tanto, los fiscales de estados controlados por los republicanos apoyaron el desafío del presidente Trump a los resultados de los comicios. Diez fiscales generales estatales presentaron un llamado “amicus brief” ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, para respaldar las denuncias de supuestas irregularidades en Pensilvania. Se trata del estado que otorga 20 votos electores y que fueron decisivos para que Biden fuera declarado presidente electo el pasado sábado, pues lo elevaron por encima de los 270 sufragios mínimos que se requieren para ganar la Casa Blanca.
Además, la campaña de Trump presentó una demanda el lunes en un tribunal federal de Pensilvania, con el fin de buscar una orden judicial de emergencia que impida a los funcionarios estatales certificar la victoria de Biden. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó la demanda como algo "sin mérito".
Por su parte, el equipo de Biden considera sus opciones legales para actuar en caso de que la administración Trump continúe paralizando la entrega del Ejecutivo. La posesión del nuevo mandatario debe producirse el próximo 20 de enero.
Los estados tienen plazo hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas sobre las elecciones, incluidos los recuentos e impugnaciones judiciales. Y el 14 de diciembre, los miembros del Colegio Electoral se reúnen para formalizar los resultados.
Pese a las objeciones de Trump y algunos republicanos, expertos políticos y del derecho constitucional indican que el mandatario terminará entregando el cargo a regañadientes. La prensa estadounidense señala que Trump, incluso, ya ha estado hablando de postularse de nuevo para la Casa Blanca en 2024.
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